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Una ley de amnistía a su medida

528888El Parlamento ucraniano aprobó ayer, con 247 votos a favor (21 más de los 226 necesarios), la ley número 4255 de amnistía a participantes en la operación antiterrorista condenados por delitos menores o de gravedad media. La ley extiende esa amnistía a otra serie de colectivos sociales desfavorecidos como mujeres, menores, hombres con hijos menores o dependientes, personas discapacitadas o pacientes de tuberculosis o cáncer. Según apunta Interfax Ucrania, no se beneficiarán de la medida las personas que hubieran cometido crímenes graves, abuso de poder o corrupción.

La ley ha sido aprobada escasos días después de que diputados nacionalistas y miembros de varios batallones voluntarios presionaran para defender al comandante del batallón Aidar Valentin Lijolyt, acusado de robo, extorsión y detención ilegal. Como otros muchos batallones nacionalistas, el batallón Aidar y varios de sus miembros han sido acusados por organizaciones internacionales de crímenes graves, incluso de crímenes de guerra, contra la población de las regiones de Donetsk y de Lugansk.

La presión de los nacionalistas –que habían bloqueado el edificio desde dentro y amenazaban con sitiar también el exterior– y especialmente la rápida intervención del Fiscal General de Ucrania, Yuriy Lutsenko, impidió que se cumpliera la orden inicial de que Lijolyt ingresara en prisión preventiva. Recibido como un héroe por sus seguidores apenas horas después de ser emitida esa orden, Lijolyt vio por videoconferencia, rodeado de diputados y militantes nacionalistas, y sentado junto al Fiscal General de Ucrania, cómo los jueces del tribunal de apelación, que se habían reunido de urgencia, rectificaban la decisión y era puesto en libertad.

El caso dio al Fiscal General Lutsenko, a quien se considera uno de los aliados más cercanos del presidente Poroshenko, el escenario ideal para defender una ley de amnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los batallones que les acompañan por los crímenes cometidos en el frente, principalmente contra la población civil de Donbass.

El pasado viernes, Lutsenko llamó a los diputados a aprobar una ley que exime de responsabilidad a los soldados que han cometido delitos en la zona de combate. Después de defender que la prisión preventiva para Lijolyt era una medida excesiva, Lutsenko escribió en su perfil de Facebook que los diputados debían dar el siguiente paso importante aprobando la ley de amnistía.

Horas después de la aprobación de la ley de amnistía para las tropas ucranianas en el frente, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, agradecía el importante esfuerzo ucraniano por implementar los acuerdos de Minsk. Kerry destacaba, según afirma la prensa ucraniana, que Ucrania ha iniciado el proceso para garantizar estatus especial a Donbass, la descentralización y la amnistía.

La realidad es que, casi 17 meses después de la firma del acuerdo de Minsk, Kiev se ha negado a cumplir con sus obligaciones, tanto en lo que se refiere al estatus especial para Donbass, que no ha ratificado y no ha negociado con los representantes de Donbass como exigía el acuerdo, como a la aprobación del resto de medidas legislativas a las que se comprometió.

El quinto punto del acuerdo de Minsk, que Ucrania firmó el 12 de febrero de 2015 tras una maratoniana noche de negociaciones con los presidentes Hollande, Putin y Merkel, exige “garantizar la amnistía aplicando la ley que prohíbe la acusación y castigo de personas que hayan participado en los eventos que han tenido lugar en ciertas áreas de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk”. Pese a las palabras de Kerry, la ley de amnistía aprobada ayer por el Parlamento ucraniano está dirigida únicamente a los soldados ucranianos. En los meses transcurridos desde la firma del acuerdo, Kiev ha mostrado abiertamente su negativa a aprobar ninguna medida que favoreciera a la otra parte, lo que ha llegado a dificultar hasta los intercambios de prisioneros entre Ucrania y las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

En clara referencia a quienes han luchado o luchan del lado de la RPD/RPL, la ley especifica que no son objeto de amnistía quienes hayan sido condenados por crímenes contra la seguridad nacional ucraniana, lo que ha provocado las críticas de quienes han defendido la necesidad de implementar realmente los acuerdos de Minsk. “El Parlamento, al apoyar la amnistía a los combatientes de ATO, ha demostrado que sigue interesada en la escalada del conflicto”, escribió Viktor Medvedchuk, que en los últimos meses ha gestionado, en nombre de Ucrania, los intercambios de prisioneros entre su país y Rusia. “Al mismo tiempo, casi un año y medio después, los diputados no han encontrado los recursos políticos, la voluntad y el coraje para votar las leyes  que Ucrania se comprometió a aprobar en el marco de la implementación de los acuerdos de Minsk”.

Fiel a su idea de tratar de reescribir los acuerdos en su beneficio, e ignorando abiertamente sus compromisos, Kiev ha aprobado una ley de amnistía a su medida, pensada para soldados y comandantes acusados de crímenes contra la población y sin ninguna intención de proteger a los civiles.

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