El frente económico: entre el oportunismo y la necesidad

En su visita de esta semana a Kiev, el vicepresidente del Gobierno de España y ministro de Economía Carlos Cuerpo ratificaba la voluntad de los países europeos de sostener a Ucrania durante la guerra y participar en la recuperación de la economía más allá de ella. El ministro anunciaba “570 millones de euros en financiación y cobertura de riesgo para fomentar e impulsar las inversiones españolas en la reconstrucción de Ucrania”. Al igual que ahora, ninguna aportación económica es un regalo o parte de la generosidad de los diferentes proveedores. Ucrania está siendo utilizada como un proxy en la guerra común contra Moscú, reflejo militar de un conflicto económico, político y geopolítico entre dos potencias regionales, la Federación Rusa y la Unión Europea, que intentan mantener o ampliar sus esferas de influencia en un mundo cada vez más complejo. La Ucrania del futuro seguirá ejerciendo para Europa el papel que para Estados Unidos juega Israel en Oriente Medio, aunque lo haga de forma diferente, como fuente de mano de obra educada pero barata o lugar en el que externalizar cierta producción. En ese río revuelto, los diferentes países tratan de colocar a sus empresas en una buena posición para beneficiarse de las enormes necesidades de reconstrucción que habrá en un país en el que el Estado va a seguir a merced de las decisiones de sus patrocinadores extranjeros.

Cómoda en esa posición en la que promueve la privatización, desregulación masiva y un libertarianismo que intenta apartar al máximo al Estado de la economía, pero exige que los Gobiernos extranjeros inviertan grandes cantidades en el país, Ucrania busca ese tipo de sociedad que ofrece Carlos Cuerpo. El Estado financia y cubre posibles riesgos, pero son las empresas las que obtienen los beneficios. Es la aplicación a la futura guerra armada del principio actual de inversión pública y beneficio privado de la producción masiva de armas para la guerra y para regar los flujos de dinero no siempre lícito por los que luchan ahora las diferentes facciones del aparato de seguridad de Ucrania.  

La financiación de Kiev es solo una parte de la actuación económica de la Unión Europea, que no solo es la primera proveedora de Ucrania, sino la principal sancionadora de Rusia. Esta misma semana, Bruselas trabajaba en el vigesimoprimer paquete de sanciones contra Moscú desde la invasión rusa de febrero de 2022. Como hasta ahora, la división interna entre los países más dispuestos a sacrificar economías ajenas -además de las vidas de rusos y ucranianos- para saciar sus ansias de venganza presionaban en busca de medidas coercitivas más fuertes, mientras que otros se resisten a condenarse a diferentes niveles de suicidio económico en nombre de Ucrania, Lituania, Letonia o Estonia. El proyecto común en Ucrania no elimina, al menos en ocasiones, los intereses particulares de determinados países. No fue el caso de Alemania, que ha guardado silencio mientras un aliado organizaba y llevaba a cabo una operación para destruir sus infraestructuras críticas (el Nord Stream), pero sí ha sido el caso de Grecia esta semana.

Aunque probablemente Bruselas encuentre argumentos convincentes para obligar a Atenas a ceder, por el momento, el Gobierno griego busca una modificación de una medida que ya había sido aprobada previamente: la prohibición de adquisición de gas natural licuado ruso a partir de 2027, adoptada el pasado mes de octubre, en parte, a instancias de Donald Trump. Una prohibición completa sería, según el Gobierno griego, que hace unos meses no fue capaz de plantear su queja, “todo dolor, ninguna ganancia” (“all pain, no gain). Atenas busca que se garantice una excepción importante al veto completo al gas natural licuado ruso: frente a la prohibición de la compra, importación y transferencia, sea directa o indirecta, de gas natural licuado ruso o de terceros países, pero exportado por Rusia, Grecia busca que se permita a sus empresas transportar la materia prima rusa a terceros países más allá de la Unión Europea. El Gobierno griego aspira a lograr esa concesión para sus empresas, que no pueden permitirse perder esos ingresos en nombre de Ucrania.

La resistencia griega se produce ante la intolerancia de la Unión Europea, que busca acelerar la cura de la dependencia del gas barato ruso, un lastre que ha permitido a países como Alemania mejorar notablemente la productividad de su industria y que incluso ahora da buenos ingresos a las empresas griegas de transporte de gas. En ocasiones, la realidad y las necesidades económicas propias pueden sobre la obligación de unirse a la guerra económica total contra el enemigo ruso. En realidad, esto no se limita a la postura de Grecia en relación con el transporte de gas natural licuado ruso a terceros países.

Según escribe esta semana Financial Times, “Europa importó más gas natural licuado del principal proyecto de GNL de Rusia que nunca en el primer semestre de 2026, absorbiendo casi toda la producción de la planta siberiana meses antes de que entre en vigor la prohibición de la UE sobre las importaciones de gas ruso”. Al mismo tiempo que los países europeos aceleran el paso para la prohibición completa que les exigió Donlald Trump y que llevan años deseando, varios países se aprovechan cínica y oportunistamente de los últimos meses en los que no está estrictamente vetado.

“Las compras de la UE a Yamal LNG, controlada por la empresa privada rusa Novatek, alcanzaron la cifra récord de 9,89 millones de toneladas en los primeros seis meses del año, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de la empresa de análisis Kpler”, añade el medio, que, sorprendido, denuncia que “las cifras ponen de relieve el papel crucial que sigue desempeñando Europa para mantener en funcionamiento la instalación energética insignia de Rusia, mientras la guerra de Moscú contra Ucrania se prolonga ya por quinto año consecutivo”.

“Los principales compradores europeos fueron Francia, Bélgica y España, que importaron 3,6 millones, 2,9 millones y 2,7 millones de toneladas respectivamente, procedentes de Yamal durante el primer semestre de 2026”, continúa el artículo, que plantea la crítica en términos de financiar directa o indirectamente el esfuerzo militar ruso. “Europa financia la guerra de Rusia y financia la defensa de Ucrania para mantenerla en marcha. Es casi como si Europa querría que los untermenschen se maten entre sí para proteger su jardín”, comentaba, en la misma línea, pero apuntando más directamente a la hipocresía europea, el periodista estadounidense Mark Ames.

Sin embargo, en ocasiones la realidad es más prosaica que todo eso y se limita a que Rusia es un gran proveedor de energía, un país geográficamente cercano que facilita el transporte y reduce los precios. Los países europeos pueden aspirar a eliminar la dependencia del gas barato ruso en favor de opciones ideológicamente correctas, pero no siempre pueden permitirse explicar a su población que han de hacerlo a precios abusivos cuando el mercado ofrece materias primas más baratas. Quizá, en el futuro, los países europeos adquieran ingentes cantidades de gas ideológicamente correcto de democracias consolidadas como Azerbaiyán, que jamás atacarían a un vecino ni realizarían una limpieza étnica de un territorio, para, con el tiempo, horrorizarse de que, sin saberlo, han seguido consumiendo el malvado gas ruso reexportado por el régimen de Aliyev.