El caso del intento de asesinato del oligarca ucraniano Vadim Ermolaev en Mónaco, que causó gravísimas lesiones a su esposa, se sigue desarrollando según los parámetros de la Ucrania moderna. En otras circunstancias, llamaría la atención la escasa curiosidad de los medios de comunicación -tanto ucranianos como europeos- por saber cómo, por qué y en nombre de quién un agente de la inteligencia militar y un policía han sido detenidos por tratar de destruir pruebas de un caso de asesinato investigado por Interpol. Sigue sin explicarse cómo Anastasiia Berezovska, la presunta homicida, no tuvo la más mínima dificultad en cruzar media Europa para llegar a Ucrania, cruzar sin problemas la frontera ni por qué posteriormente fue asesinada por dos personas que forman o han formado parte del aparato de seguridad del Estado. Como tampoco se ha insistido lo suficiente en que el caso del intento de asesinato en Mónaco comparte dos aspectos claros con el del Nord Stream: la presencia de agentes o exagentes de los dos cuerpos de inteligencia de Ucrania y el intento de los medios de oscurecer el papel del Estado en los ataques. Evitar esas preguntas incómodas implica renunciar a ahondar en los motivos de los ataques o el cálculo de riesgos, algo especialmente importante en el atentado contra el gasoducto del mar Báltico.
Ambos casos ponen de manifiesto lo que prácticamente parece omnipresencia del GUR y el SBU en todo tipo de tramas militares y criminales. El caso que se investiga ahora implica a un agente de la inteligencia militar, que inicialmente confesó el asesinato de la acusada, pero posteriormente intentó definirse como víctima, y a un exmiembro del SBU y del Praviy Sektor cuya historia es aún más increíble. Según recogía el diario ucraniano Strana, a la pregunta de cómo un agente del GUR y un exagente del SBU se encontraban en esa situación y por qué uno de ellos había retirado su confesión de asesinato, el abogado del segundo alegó no considerar “que esto haya sido un asesinato, ya que el asesinato es la privación ilegal de la vida de una persona. En este caso, simplemente se eliminó a una persona concreta”.
Por muy sorprendente que pueda resultar el argumento, que pretende diferenciar asesinato de liquidación, los hechos son el reflejo de la forma de actuar del Estado ucraniano, que en 2014 lanzó una operación militar en lugar de utilizar el diálogo, que desde entonces siempre ha visto la guerra como herramienta con la que conseguir sus objetivos geopolíticos y también de represión interna. El programa de asesinatos selectivos del que disponen ambas agencias de inteligencia se ha normalizado en los medios, que siempre han dado la versión ucraniana de cada uno de esos casos, desde que Ucrania acabara con la vida de Arsen Pavlov, Motorola con una bomba instalada en el ascensor de su casa hasta el dron que mató al ingeniero jefe de la central nuclear de Energodar la semana pasada pasando por la bomba que estalló a la entrada de Alexander Zajarchenko en un local en Donetsk o la bomba lapa colocada en los bajos del coche de Darya Dugina y que posiblemente tuviera como objetivo a su padre. El caso de Ermolaev es la extensión de esa forma de guerra sucia en la retaguardia extendida al enemigo interno, una actuación que tampoco es estrictamente novedosa. Ucrania ya asesinó -o liquidó- a Ilya Kiva, un exmiembro de Azov y fan de Mussolini que cayó en desgracia en el nacionalismo ucraniano y que terminó como mano derecha de Viktor Medvedchuk, exiliado en Rusia.
Como en aquel caso, la participación de la inteligencia ucraniana es evidente en el intento de asesinato de Mónaco, algo que uno de los dos acusados tratan de dejar claro con sus declaraciones. “Cuando se dio cuenta (me refiero al primer Reut) de que le habían tendido una trampa”, insistió el abogado de uno de los dos acusados del intento de asesinato de Ermolaev, “aún esperaba que, tras haber prestado declaración, sus superiores —que probablemente le habían ordenado hacer algo— le respaldaran. Pero cuando se le notificaron formalmente los cargos, comprendió claramente que no quería ir a la cárcel por cumplir con las obligaciones que se le habían asignado y por defender al país”.
Esta argumentación, que alega que los acusados simplemente realizaban su trabajo, es la misma defensa que está utilizando Serhii Kuznetsov en el juicio por el Nord Stream. El acusado, detenido en Italia y extraditado a Alemania, afirma que no puede acusársele de un delito, ya que era simplemente un militar que cumplía las órdenes y, por lo tanto, no es él quien debe responder por los actos. En ambos casos, el de Mónaco y el Nord Stream, queda en el aire la pregunta de quién ordenó el atentado. Sin ninguna posibilidad de culpar a Rusia, habitual modus operandi de Ucrania, el objetivo es evitar que el Estado se vea salpicado.
“La Fiscalía ucraniana ha intentado presentar el caso como las acciones de un agente de inteligencia deshonesto, alegando que Reut ocultó sus contactos con Berezovska y actuó sin el conocimiento ni la autorización de los responsables de la agencia”, afirmaba un artículo publicado por The Guardian, uno de los pocos medios occidentales que ponen sobre la mesa la posibilidad de implicación del Estado en un intento de asesinato, versión que defiende Vadim Ermolaev. “Según las pruebas de las que se dispone actualmente, la conspiración se extendió más allá de los autores directos y los organizadores, llegando a incluir a agentes en activo del GUR vinculados a ellos, entre los que se encuentran personas cercanas a los actuales y antiguos dirigentes de la agencia”, afirma el comunicado emitido por Ermolaev.
No hace falta leer entre líneas para comprender que Ermolaev no está apuntando solo contra el GUR, sino concretamente contra Kirilo Budanov, el hombre que ha dirigido la inteligencia militar durante años hasta que finalmente fue ascendido al puesto de jefe de la Oficina del Presidente. Desde entonces, se ha acrecentado aún más la rivalidad entre el GUR y el SBU, dirigido estos meses por personas abiertamente enfrentadas a Budanov. De ahí que haya que considerar relevante que, mientras el GUR intenta controlar los daños, el SBU haya aportado a Interpol los datos sobre los acusados y que estos días haya publicado el vídeo en el que se puede observar el momento del ataque.
Contrariamente a lo que se especuló en un primer momento, Ermolaev no considera que el ataque fuera una advertencia, un mensaje a una determinada persona o clan. La explosión, insiste Ermolaev, causó a su esposa “heridas irreversibles” y “fue tan potente que destrozó las barandillas de acero y destruyó los escalones de piedra que hay frente a nuestra casa. No fue una advertencia. Fue un intento de matarnos, no solo a mí, sino también a mi familia”.
“El motivo del intento de asesinato sigue sin estar claro”, afirma The Guardian, que en primer lugar presenta la opción menos probable, la de las sanciones impuestas por Zelensky contra Ermolaev en 2023. “Kiev le acusó de seguir comercializando alcohol en la Crimea ocupada por Rusia y de pagar millones de dólares en impuestos al fisco ruso”, añade el artículo. Como recordaba Peter Korotaev, si Ucrania quisiera castigar a todos los empresarios que han mantenido relaciones económicas con Crimea, la labor del GUR sería ingente y tendría que comenzar por el propio presidente. El artículo apunta también a la especulación sobre el crimen organizado, concretamente los centros de llamadas fraudulentas, aunque olvida mencionar el papel del Estado y del SBU en el establecimiento y lucro de ese sector en alza de la economía sumergida.
The Guardian menciona también los asesinatos selectivos que Ucrania ha utilizado estos años, aunque lo hace, como es habitual, desde un punto de vista que pretende restar importancia a lo que implican. “Ucrania ha llevado a cabo numerosas operaciones letales con artefactos explosivos contra altos mandos militares rusos y funcionarios ucranianos respaldados por el Kremlin en territorio ruso, pero no hay precedentes de un ataque de este tipo en territorio europeo. Ermolaev no era conocido por defender opiniones prorrusas ni por alinearse públicamente con el Kremlin”, escribe el medio británico, que simplifica la cuestión limitándola a actuaciones anti-Kremlin y olvida, por ejemplo, los tres casos de ataque que se han producido en España y en los que es probable que haya participado la inteligencia ucraniana: los intentos fallidos de asesinar a Anatolii Sharii y los asesinatos de Andriy Portov y del piloto de helicóptero ruso que desertó a Ucrania. En ninguno de los casos se va a producir la menor tentativa de llegar hasta el fondo de quiénes fueron, no solo las manos ejecutoras, sino los autores intelectuales o sus motivos. Es previsible que también esto vuelva a repetirse en el caso de Ermolaev.
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