Trama ucraniana en Mónaco

El lunes pasado, en la aparentemente pacífica ciudad de Mónaco, que a pesar de ser un centro de atracción de las élites evasoras de impuestos se jacta de no tener criminalidad, un paquete bomba hirió a tres personas, dos de ellas de gravedad. El objetivo era el aspirante a oligarca ucraniano Vadim Yermolaev, situado en el top 30 de los hombres más ricos de ese país. Aunque con base empresarial en Dnipro, sede del clan político y económico más importante del país y donde el empresario se había hecho conocido por sus negocios de la construcción, Yermolaev renunció en 2019 a la nacionalidad ucraniana supuestamente por motivos económicos e impositivos. El oligarca optó por la nacionalidad de Chipre, país que se jacta de contar con el impuesto de sociedades más bajo del mundo. En 2023, tras alegaciones de haber mantenido sus negocios del vino en Crimea más allá de la adhesión de la península a Rusia, Yermolaev fue sancionado por Volodymyr Zelensky. En aquel momento, se le acusó también de enviar fondos a Rusia a través de un banco estonio del que era copropietario y que fue el centro de una causa penal mucho más grave.

Desde el primer momento, la especulación sobre los motivos del intento de asesinato de Yermolaev -atentado en el que resultó herida de especial gravedad su esposa, a quien la explosión le amputó las dos piernas y la dejó en estado crítico- ha transcurrido en dos direcciones: la participación de un actor estatal o de sus servicios secretos y el ajuste de cuentas de la economía del crimen, de la que, de forma directa o indirecta, apartemente se beneficiaba. En los últimos años, han proliferado en Ucrania, especialmente alrededor de la ciudad de Dnipro, los centros de llamadas fraudulentas, una fuente de financiación para la oligarquía, el crimen organizado, los grupos y batallones de extrema derecha e incluso los servicios secretos. A lo largo de los últimos cuatro años, en los que según quienes los han investigado se han convertido en una de las pocas industrias lucrativas de Ucrania, hay constancia de la participación de todos esos grupos, incluido el SBU, que nunca ha dudado de aprovecharse de los flujos de la economía sumergida.

En ese mundo entre lo lícito y lo ilícito se movían también Vadim Yermolaev y su hijo, protagonista de una detención, extradición, juicio y condena. Artur Yermolaev, a quien se acusaba de estafa como jefe de más de un centenar de centros de llamadas fraudulentas, fue detenido en Chipre y extraditado a Estonia, donde fue declarado culpable de extorsionar más de 100 millones de euros a personas residentes en la Unión Europea, cinco millones de ellos a ciudadanía de Estonia. Yermolaev, fue condenado a una multa de 8 millones de euros y a una pena de prisión suspendida, algo llamativo teniendo en cuenta la magnitud del crimen. Entre esas cifras de extorsión que mencionaban los medios que daban cuenta de la condena de Yermolaev no aparecían las cantidades estafadas a personas residentes en Rusia, principal blanco de estos centros que han aprovechado la coyuntura de la guerra para ejercer su vendetta contra el país enemigo y posiblemente para financiar ciertos batallones de extrema derecha e incluso al propio Estado. Aunque Artur Yermolaev era la cara visible de la trama, se da por hecho que el principal beneficiario de los centros de llamadas fraudulentas era su padre, dueño además del banco a través del que ambos hacían negocios.

Lo oscuro del tipo de negocio, la propensión de la economía sumergida a los ajustes de cuentas y los agravantes de la guerra y de la presencia constante de estructuras estatales o paraestatales -la inteligencia civil, que ha participado en el negocio a ambos lados, tanto lucrándose como realizando redadas para mantener el control, y grupos armados que, como Kraken, forman parte de las tropas de la inteligencia militar- hacía que los centros de llamadas fraudulentas fueran un elemento central en la especulación sobre los motivos del intento de asesinato de Yermolaev.

El hecho de que Vadim Yermolaev fuera sancionado por Zelensky en 2023 fue suficiente para que la diáspora disidente apuntara al Gobierno de Kiev como principal sospechoso del asesinato de corte aparentemente mafioso. Sin embargo, el rumor de que Yermolaev iba a testificar en el Parlamento Europeo para destapar la corrupción del Gobierno de Zelensky o las persistentes acusaciones de vínculos económicos con Rusia nunca han parecido motivo suficiente para provocar un asesinato de tan alto perfil en uno de los refugios del gran capital ucraniano. De ahí que la pista del crimen se haya visto como la hipótesis más realista, aunque esta posibilidad ni mucho menos descartaba la posibilidad de participación del Estado o de sus servicios secretos. Es más, quienes se han centrado en la cuestión del crimen organizado han mirado a otro servicio secreto, el ruso, precisamente por los daños que el tipo de negocio del que se ha beneficiado Yermolaev han causado en la Federación Rusa.

El jueves por la noche, las autoridades anunciaban que se había identificado a la persona sospechosa, que no resultaba ser un hombre tal y como se había afirmado inicialmente, sino una mujer disfrazada de hombre. El viernes por la mañana, se filtraba su nombre: Anastasiia Berezovska, de 39 años, ciudadanía ucraniana y residente en Alemania. Según la prensa francesa, la principal hipótesis de la investigación apuntaba a los servicios secretos de Ucrania, concretamente al SBU, la inteligencia civil de la que se conocen vínculos con centros de llamadas fraudulentas y extorsión como los que gestionaba Artur Yermolaev y de los que se cree que se beneficiaba la víctima del intento de asesinato.

Ayer, la prensa ucraniana recuperó el caso para anunciar que las autoridades ucranianas habían encontrado el cuerpo sin vida de Berezovska enterrado cerca de Kiev. Ukrainska Pravda admitía que se trata de la persona que las autoridades monegascas y la Interpol buscaban en relación con el intento de asesinato en Mónaco y añadía que Ucrania había abierto una investigación el 1 de julio. Las redes rápidamente se llenaron de textos que recogían la noticia, siempre desde un punto de vista perfectamente aséptico para no dar a entender que se ha producido la participación del Estado ucraniano en el intento fallido de asesinato.  “Según las autoridades, Berezovska llegó a Ucrania el 1 de julio. “Las medidas de investigación y operativas permitieron determinar el círculo de personas con las que había estado en contacto y rastrear sus movimientos”, añade el medio, que aspira a presentar una actuación profesional por parte de Ucrania, que aparentemente detectó y permitió la entrada de la acusada y ni la detuvo ni impidió que fuera asesinada.

“La Fiscalía General de Ucrania informó el martes de que las fuerzas del orden habían hallado el cadáver de Anastasia Berezovska, de 39 años, alrededor de las 21:00 horas, hora de Kiev, del lunes. Su cadáver presentaba heridas de bala en la cabeza y se encontraron casquillos de pistola cerca del lugar. Las autoridades ucranianas detuvieron a dos personas en relación con su muerte: un agente en activo de la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania (HUR) y un antiguo agente de las fuerzas del orden”, escribía ayer Financial Times, uno de los medios que se han destacado por contar con buenas fuentes en el Estado ucraniano. Ukrainska Pravda había confirmado horas antes que la sospechosa se había puesto en contacto con su familia y con dos hombres que le habían realizado varias transferencias tanto a sus cuentas bancarias como a su cartera de criptomonedas. “Ambos sospechosos fueron detenidos como presuntos autores de un asesinato premeditado cometido por un grupo de personas”, afirmaba ayer el SBU. “Durante las actuaciones de investigación urgentes, el agente en activo del GUR admitió haber asesinado a Berezovska junto con el otro sospechoso. Afirmó que no había informado a sus superiores sobre sus contactos con Berezovska, las transferencias de dinero ni ninguna de sus otras acciones, y que había actuado por iniciativa propia”, añadía Ukrainska Pravda, que no entraba a valorar los motivos por los que un expolicía y un miembro activo de la inteligencia militar de Ucrania habrían participado presuntamente en el intento de asesinato de Yermolaev y su familia en Mónaco, habrían enviado dinero a la persona identificada como la posible mano ejecutora y hayan admitido ahora haberla asesinado. Para los medios es suficiente la afirmación del SBU de que el miembro del GUR que ha admitido haber asesinado a Berezovska “declaró que no había informado a sus superiores sobre sus contactos con Berezovska, las transferencias de dinero a su nombre ni ninguna de sus otras acciones, y que había actuado por iniciativa propia”.

Por si los detalles no eran lo suficientemente truculentos, el comunicado del SBU indica que se ha encontrado lo que se califica de “cámara de torturas” en el sótano de uno de los detenidos, un detalle que los medios occidentales han tratado de forma tan aséptica como habitualmente se refieren a la más que probable participación del Estado ucraniano en la destrucción del Nord Stream. “El fiscal general de Ucrania afirmó que «no había pruebas» de que la habitación estuviera relacionada con el caso de Berezovska y que «simplemente refleja el perfil de uno de los sospechosos». Su oficina difundió un vídeo de la habitación, en el que se veía una esterilla salpicada de lo que parecían pequeñas manchas de sangre. También se ven dos hachas, un pico, una lona extendida en el suelo y una bolsa grande”, escribía ayer la BBC, que prefiere no preguntarse por qué había una cámara de torturas en el sótano de un expolicía o un miembro en activo de la inteligencia militar ucraniana, dirigida hasta hace apenas unos meses por quien ahora es la mano derecha de Volodymyr Zelensky.

Los medios no se preguntan tampoco cuál es el papel de los dos servicios de inteligencia de Ucrania, abiertamente enfrentados entre sí y que, en el pasado, han llegado incluso a las armas. En 2022, un tiroteo entre el SBU y el GUR le costó la vida a Denis Kireev, que había participado como negociador en las primeras conversaciones realzadas tras la invasión rusa de Ucrania en Minsk. Kireev fue calificado de traidor por el SBU, mientras que el HUR insistió en que había muerto como un héroe, un patriota ucraniano. Las incógnitas por desvelar siguen siendo muchas. Para empezar, queda por resolver cómo es posible que, si uno de los detenidos es miembro del GUR, su director va a participar como fuente imparcial en la investigación. Resta además ver si los dos servicios de inteligencia de Ucrania vuelven a encontrarse en lados opuestos: el SBU aportó a Interpol la información para identificar y localizar a la presunta asesina, mientras que uno de los sospechosos de haber financiado el intento de asesinato es miembro en activo de la inteligencia militar. En cualquier caso, la implicación del SBU en los centros de llamadas fraudulentas y de al menos un miembro del GUR en el asesinato de la sospechosa son suficientes motivos para preguntar cuál es la implicación del Estado ucraniano en todas las tramas asociadas a este intento de asesinato.