La prioridad de castigar a la población civil

En línea con las propuestas que pretende aprobar en el marco del Formato Normandía, que incumplen abiertamente algunos de los puntos más importantes de los únicos acuerdos de paz existentes hasta el momento, Kiev continúa con su ardua labor de bloquear a toda costa el trabajo del Grupo de Contacto de Minsk, único foro en el que ha de enfrentarse, muy a su pesar, a la incómoda presencia de la otra parte de la guerra: las Repúblicas Populares. En la sesión de esta semana, y para nuevo enfado del enviado ruso y de los representantes de Donetsk y Lugansk, Ucrania volvió a bloquear el trabajo, una estrategia que el equipo de Zelensky ha heredado del equipo de Poroshenko y que sigue perpetuando y perfeccionando.

El objetivo sigue siendo el mismo: bloquear y dilatar toda negociación para alegar la inoperancia del formato, la imposibilidad de cumplimiento de los acuerdos y justificar así un nuevo acuerdo más acorde con su demanda de conseguir por la vía diplomática lo que no consiguieron por la vía militar -la rendición de las Repúblicas Populares- y en un formato de negociación en el que puedan alegar una victoria, no sobre Donetsk y Lugansk, sino sobre Moscú.

Esta técnica, inalterada desde la firma de los acuerdos en el año 2015, ha causado la perpetuación de un estado de ni guerra ni paz en el que las Repúblicas Populares no pueden reconstruir sus infraestructuras, que siguen siendo atacadas, ni su economía, bajo la agresión de un bloqueo que Ucrania implantó después incluso de que, con su firma, se comprometiera a reanudar las relaciones económicas entre ambos lados del frente. Esa línea de separación, que se ha convertido en una frontera de facto, no solo supone un bloqueo comercial ucraniano, paliado únicamente por el acceso a la frontera rusa, sin el que la situación humanitaria habría sido catastrófica durante estos años, sino que es una barrera infranqueable para la parte más vulnerable de la población.

El bloqueo comercial y de transporte vino precedido por un bloqueo del sistema bancario implantado ya en 2014, por lo que el acceso de la población de Donbass a sus cuentas bancarias implica trasladarse a la frontera ucraniana o a la frontera rusa, algo imposible para, por ejemplo, la población más anciana. La guerra en Donbass es, según Naciones Unidas, el conflicto bélico que proporcionalmente más afecta a este grupo de población, residente en muchos casos en zonas alejadas de las ciudades y aún bajo los bombardeos ucranianos.

Abandonada ya la idea de exigir a Kiev el restablecimiento del sistema bancario -a pesar de que explícitamente se especifica en los acuerdos de Minsk-, las Repúblicas Populares y Rusia han buscado, durante años, una forma para que los pensionistas pudieran recuperar sus pensiones ucranianas, pagos interrumpidos en Donbass oficialmente en el otoño de 2014, pero que, en la práctica, se habían interrumpido ya durante aquel verano. Un mecanismo de Cruz Roja ha sido la vía que más posibilidades ha tenido de salir adelante, pero, en cada ocasión, Kiev ha terminado por rechazar la opción.

Pese a que Zelensky llegó al poder con la promesa fundamental de buscar la paz a cualquier precio y en su rueda de prensa de ayer, en la que conmemoraba los dos años en el cargo, volvió a insistir en que Donbass es su principal preocupación, el intento de imponer su visión de la resolución del conflicto y sus exigencias a Moscú, Donetsk y Lugansk puede sobre todas las cosas. Aunque suponga un castigo colectivo para la población más vulnerable de Donbass, ciudadanos que Kiev sigue considerando como propios, pero a los que les niega sus ya miserables pensiones.

En ese contexto, no puede sorprender que, una vez más, Ucrania haya rechazado reanudar los pagos de pensiones en Donbass en la última sesión del Grupo de Contacto de Minsk. “Hemos discutido la cuestión de reanudar el pago de pensiones ucranianas en los territorios de las Repúblicas de Donbass, fundamentalmente a personas con movilidad limitada”, explicó María Kovshar, secretaria de prensa de la delegación de la RPL. “Sin embargo, la parte ucraniana mostró una postura categórica: los pagos solo son posibles en un caso. Todos los pensionistas con movilidad limitada deben acudir a territorio controlado por Kiev para recibir sus pensiones, algo que es técnicamente imposible, su movilidad es limitada y son 120.000 personas”.

En su firme voluntad de no ceder derecho alguno a Donbass y de mantener toda la presión posible -económica, política y militar-, Kiev castiga así a la población más anciana, más enferma y más vulnerable, que en estos siete años de guerra lleva sobreviviendo gracias a las pequeñas pensiones de las Repúblicas Populares y a la ayuda humanitaria. Ambas, tanto los productos que reparten los voluntarios como las limitadas e insuficientes pensiones, proceden de Rusia, unos rublos que han conseguido hacer desaparecer a la grivna ucraniana y que son, en realidad, una base de la integración de la zona en la economía rusa.