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Sobre la reforma de la educación

69_mainA principios de septiembre, el Parlamento de Ucrania aprobó la reforma de la educación, una ley que, pese a las protestas de varios países vecinos, algunos de ellos de la Unión Europea, recibió también el apoyo y la firma del presidente Petro Poroshenko. Además de una reorganización del currículum, con la que se busca asimilar el sistema educativo ucraniano a los de los países occidentales a los que Ucrania aspira a acercarse, la reforma contiene un fuerte cambio en términos lingüísticos. Bajo el argumento de proteger y potenciar la lengua ucraniana, el proyecto busca que la lengua rusa, principal lengua de comunicación en una parte importante del país, desaparezca progresivamente de los colegios.

“La ley admite pequeñas excepciones solo para los miembros de “pueblos autóctonos” (a los que se les permitirá tener clases separadas) y también para el inglés y otras lenguas de la Unión Europea, lenguas en las que los colegios podrán enseñar “una o varias materias” (probablemente se trate de una pequeña concesión a los húngaros y rumanos). Pero la educación en lengua rusa desaparecerá completamente”, explicaba el medio ucraniano Strana. Sin embargo, Ucrania defiende la medida negando cualquier perjuicio a las lenguas minoritarias en el país.

La justificación de Poroshenko

Artículo Original: Antifashist

El presidente de Ucrania Petro Poroshenko afirmó que la ley sobre educación [que el Parlamento aprobó hace unas semanas y que ha dado lugar a quejas de Rusia, Hungría, Bulgaria y Rumanía por entender que infringe los derechos lingüísticos de las minorías del país-Ed] no restringe las lenguas de las minorías del país, sino que únicamente protege la lengua ucraniana. Así lo afirmó en su encuentro con los finalistas del “Global Teacher Prize Ukraine”. “Es muy importante que en la ley de educación no solo se defiende la lengua ucraniana, sino que no se restringen las lenguas de las minorías nacionales, ni el húngaro, ni el eslovaco ni el rumano”, afirmó Poroshenko olvidado deliberadamente mencionar la lengua rusa.

El presidente de Ucrania añadió también que la nueva ley permite a los niños aprender y comprender la lengua ucraniana. Hay que precisar que, mientras las autoridades ucranianas califican de intocables los colegios rumanos y húngaros, los colegios rusos están siendo cerrados en masa, especialmente en las zonas del sureste bajo control de Ucrania.

La hipocresía de Poroshenko es excepcional y no lo es solo por el hecho de que Rumanía, Hungría, Moldavia, Polonia y otros países que pueden calificarse de amigos se hayan opuesto firmemente a la nueva ley de educación, que han calificado de dictatorial y a la que acusan de infringir los derechos de las minorías. El 5 de octubre, el Consejo Municipal de Kiev literalmente prohibió a todos los comerciantes comunicarse con sus clientes en una lengua que no sea la lengua oficial del Gobierno.

Los autores del proyecto son dos conocidos profesionales del odio a todo lo ruso: Larissa Nitseoy y el concejal de Svoboda Yuriy Sirotyuk. Hay que recordar que el texto de la orden afirma que el servicio en todos los sectores debe realizarse en lengua ucraniana. Puede utilizarse una lengua extranjera solo si el vendedor la conoce y únicamente tras la petición del cliente.

Los juristas ya han subrayado lo absurdo e ilegal del proyecto:

“La decisión del Consejo Municipal es una clara violación del Artículo 10 de la Constitución. La primera parte de ese artículo estipula que el Estado prevé un completo desarrollo y uso de la lengua ucraniana en todas las esferas de la vida pública en Ucrania. Sin embargo, la tercera parte afirma que Ucrania garantiza el libre desarrollo, uso y protección de la lengua rusa y otras lenguas de las minorías nacionales. Leer la primera parte y obviar la tercera es erróneo. Esto es aplicable no solo a la lengua rusa, sino a todas”, comentó el jurista Yuriy Ivaschenko.

Además, hay que recordar que este proyecto no puede ser legal, ya que la única institución capaz de tomar tal decisión es el Parlamento, según el Párrafo 4 del Artículo 92 de la Constitución.

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