Palo y zanahoria

Preocupado por el precio de la gasolina, que marca la dirección del voto de la población estadounidense, y del diésel, que por su peso en el comercio incide en la inflación, Donald Trump ha recuperado el interés por resolver la guerra de Ucrania, en la que ya ha obtenido todo lo que esperaba, ha evitado la derrota de su proxy ucraniano y, por lo tanto, ninguna retirada puede verse como una derrota. Al contrario que en Oriente Medio, donde un cese de la guerra en las condiciones actuales se vería como una derrota, ese peligro no existe en Ucrania, por lo que Estados Unidos puede permitirse el lujo de cambios de estrategia, paciencia o aceleración de tiempos. Y pese a los comentarios de la prensa occidental, que insiste en que Donald Trump siempre ha tratado con suavidad a Rusia, la realidad muestra un claro retorno a la estrategia de incentivos y amenazas con la que la Casa Blanca inició las negociaciones con Rusia y Ucrania hace un año y medio. Así puede constatarse tanto en el plano militar como en el políticoeconómico.

Sin saber muy bien qué hacer para resolver la situación militar, el trumpismo parece continuar estancado en el lugar donde cesaron los contactos hace ya muchos meses. En aquel momento, la propuesta estadounidense parecía aceptar la exigencia rusa de retirada ucraniana de Donbass y, a cambio de ese sacrificio, ofrecía a Ucrania las garantías de seguridad que Joe Biden le negó en 2022 y que hicieron absolutamente inviable el principio de acuerdo de Estambul. Esa solución de territorios a cambio de seguridad es inviable hoy en día por varios motivos. Por una parte, el contraataque ucraniano en Liman, que comienza a ser preocupante para Rusia, indica que Moscú no será capaz de capturar por la vía militar el territorio de Donbass a corto ni medio plazo, objetivo ruso para poder llegar a la negociación en posición de fuerza. Rusia rechaza también la solución de seguridad que ofrece Estados Unidos. Mientras tanto, Ucrania se aferra a su capacidad de seguir luchando y rechaza cualquier cesión de territorios y aceptación de la pérdida de aquellos que sabe que no va a recuperar, incluso a cambio de una presencia de facto de la OTAN en el territorio, un sueño que parecía imposible hace tan solo unos años.

Las escasas propuestas que Estados Unidos puede aportar en el marco militar hace que tanto los incentivos como las amenazas que plantea ahora se sitúen en el plano económico. Es evidente que el trumpismo aspira a llegar a un acuerdo con Rusia en el que, como ya se ha garantizado en Ucrania, salga económicamente beneficiado. Los intereses económicos de Estados Unidos y de las propias familias que rodean al gabinete de Trump es un factor ineludible en cada una de las negociaciones en las que participan los empresarios Jared Kushner y Steve Witkoff. El propio Trump anunció públicamente la intención de Estados Unidos de recuperar las relaciones económicas con Rusia, reducidas prácticamente a cero desde 2022. Lo hizo en la comparecencia conjunta que realizaron en agosto de 2025 en Anchorage, Alaska, los dos presidentes. Sin embargo, un visiblemente contrariado Trump, que no había obtenido el acuerdo con Rusia que esperaba al recibir a Vladimir Putin en suelo estadounidense, supeditó esos lucrativos negocios a la finalización de la guerra.

Más de un año después y con una situación mucho más comprometida para los dos países, en los que se acumulan las pérdidas y la guerra se aproxima a una fase aún más peligrosa, este planteamiento parece haber cambiado ligeramente. Sin ninguna idea mejor, la Casa Blanca estaría considerando utilizar la reapertura de las relaciones económicas como el principal incentivo para conseguir un cambio de postura en Rusia. “Según dos personas cercanas a las negociaciones, la Casa Blanca está barajando la posibilidad de firmar acuerdos comerciales con Rusia antes de que deje de combatir en Ucrania. El oficial estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para poder expresarse con franqueza sobre las negociaciones, afirmó que los acuerdos con Rusia antes del fin de la guerra eran posibles porque demostrarían que Estados Unidos se toma en serio el reinicio de las relaciones con Rusia”, afirma un artículo publicado esta semana por The New York Times.

Presentar el país como una gran oportunidad económica es una de las bazas de Rusia, que es consciente de que sus materias primas son un objetivo deseable para las empresas estadounidenses, uno de los sectores a los que el trumpismo quiere contentar. Esta ha sido desde el principio la estrategia de Kiril Dmitriev, presidente del Fondo Ruso de Inversiones Directas y uno de los principales interlocutores de Steve Witkoff que, en el pasado ha tenido amplias relaciones de negocios en la Federación Rusa. Sin embargo, el planteamiento de Dmitriev, para quien el aspecto económico parece ser el principal en detrimento de las cuestiones más complicadas de la guerra, contrasta con el del Ministerio de Asuntos Exteriores, especialmente el de Sergey Lavrov, que insiste en la necesidad de resolver la cuestión territorial y la de seguridad como prioridades absolutas. El hecho de que la zanahoria de los negocios con Estados Unidos no haya causado en Vladimir Putin ningún cambio en la postura rusa a lo largo de este último año, incluso a pesar de los daños que ha sufrido Rusia en su industria petrolífera, con sus consiguientes pérdidas -compensadas, eso sí, por el aumento del precio del crudo- indica que este incentivo no va a ser suficiente para que Rusia acepte un planteamiento que considera inaceptable.

Con un incentivo insuficiente, Donald Trump vuelve nuevamente a las amenazas. Desde hace varios meses, el poder legislativo estadounidense preparaba una legislación con la que imponer severas sanciones a Rusia y a los compradores de su sector energético. La situación en Oriente Medio y la muerte de Lindsey Graham, uno de los principales impulsores del proyecto, dieron vida a esta iniciativa, que obtuvo la luz verde de Donald Trump. Como homenaje al fallecido senador, el presidente de Estados Unidos propuso que la ley no se limitara únicamente a Rusia y se incluyera también a Irán, otro de los enemigos que Graham siempre soñó con destruir.

Después de muchos meses de incertidumbres, retrasos y dudas sobre si Donald Trump finalmente apoyaría la ley, la medida ha quedado finalmente aprobada. “«Este proyecto de ley paralizará la maquinaria bélica de Rusia y, por fin, llevará a Putin a la mesa de negociaciones», declaró el miércoles el diputado Michael McCaul, republicano por Texas y uno de los principales impulsores del proyecto de ley de sanciones, después de que una mayoría bipartidista aprobara la legislación por 262 votos a favor y 159 en contra”, escribía The New York Times. El viernes por la noche, Donald Trump ratificó esta ley que le permite sancionar a Rusia e Irán y también a los principales compradores de su petróleo, entre ellos India o China, a cuyo presidente recibirá para una cumbre bilateral la próxima semana.

“La ley de Lindsey Graham, junto con otros pasos fuertes de sanciones por parte de nuestros socios contra la fuente de esta guerra –contra Rusia– es una herramienta extremadamente poderosa que puede detener esta guerra terrorista y llevar a Rusia al punto en que tenga que hacer la paz. Las sanciones deben ser fuertes para que todos los esfuerzos por la paz –incluidos nuestros esfuerzos diplomáticos conjuntos con Estados Unidos, Europa y nuestros otros amigos– puedan tener éxito”, escribió Zelensky para celebrar el logro de la aprobación de un marco que deja en manos de Donald Trump qué sanciones imponer a Rusia, China, India y otros países. En realidad, la principal conclusión de la ley es que el Congreso ha dejado en manos de Donald Trump la capacidad de imponer sanciones y aranceles a su antojo, algo que quizá no se utilice en exceso para castigar a Rusia, con la que el comercio está absolutamente limitado en estos momentos, pero sí a otros países. En otras palabras, Donald Trump ha conseguido que, en nombre de la defensa de Ucrania, el poder legislativo le otorgue la capacidad de decidir qué aranceles imponer a determinados países, algo que, hasta ahora, el poder judicial había considerado abusivo.