Garantías de seguridad

Preparando la cumbre de la OTAN, que se celebra la próxima semana en Vilna y en la que se ha dado ya a Ucrania una respuesta negativa a su exigencia de acceso preferente y rápido a la Alianza, Kiev sigue preparando el terreno para justificar ante sus socios no haber cumplido las expectativas que el propio Gobierno ucraniano exageró en busca de armamento. El objetivo ahora es garantizar que la asistencia militar continúe en niveles que permitan a Ucrania realizar futuras ofensivas para lograr lo que Kiev prometió lograr con la actual sin perder el apoyo financiero y político que permite la supervivencia del país. En este sentido, Ucrania cuenta con el valor de haber logrado imponer la causa ucraniana como uno de los principales temas de las relaciones internacionales. Solo el estallido de una guerra por Taiwán, algo que no ha de esperarse a corto ni medio plazo -y quizá tampoco a largo-, podría hacer que esa centralidad de la guerra de Ucrania decayera lo suficiente como para que el interés de algunos de los principales países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, redujeran de forma drástica su implicación en la guerra.

Sin embargo, posiblemente debido a ejemplos como Afganistán, donde los aliados de Estados Unidos quedaron atrás una vez tomada la decisión de abandonar el país, Ucrania precisa de un seguro que vaya más allá de unas garantías de seguridad que para Kiev recuerdan en exceso al Memorándum de Budapest con el que las grandes potencias se comprometieron, a cambio de la desnuclearización, a garantizar la integridad de las fronteras del Estado. En los últimos meses, los aliados de Ucrania han pensado siempre en buscar una forma de garantizar la seguridad de Ucrania una vez terminada la guerra.

Las garantías de seguridad fueron también una de las bases de la negociación política entre Moscú y Kiev que llegaron a su abrupto final en abril de 2022, cuando estallaron por los aires las conversaciones de paz que habían comenzado apenas unos días después de la invasión rusa. Rusia ofrecía entonces unas garantías de seguridad que dependieran de grandes potencias mundiales y otras regionales, pero que no se extenderían a Donbass ni a Crimea, territorios que, en la práctica, Moscú exigía a Kiev abandonar. La propuesta no fue aceptable para Kiev -que solo podría renunciar a una parte del territorio que considera propio estando militarmente derrotada- ni para sus socios, que siempre han mostrado su rechazo a cualquier acuerdo que implicara concesiones a Rusia. Esta postura ha sido especialmente clara en los casos de Estados Unidos y el Reino Unido, que siempre se desmarcaron incluso de los acuerdos de Minsk, que aunque implicaban la paz y la recuperación del territorio para Ucrania, siempre fueron presentados como una imposición rusa.

En realidad, los acuerdos de Minsk eran una concesión rusa en un momento en el que el ejército ucraniano corría el riesgo de colapsar en caso de continuar la campaña militar y el acuerdo que Medinsky creyó haber alcanzado con Arajamia en Estambul habría recuperado gran parte del territorio perdido por Ucrania desde el 24 de febrero -incluidos los territorios en los que ahora mueren soldados ucranianos en Zaporozhie- habría evitado gran parte de la muerte y destrucción que continúa produciéndose actualmente. Pero ambos acuerdos implicaban concesiones a Rusia o a la población que había rechazado el cambio de Gobierno en Kiev y ninguna era una vía directa a la OTAN, objetivo real de Ucrania desde 2014 y para el que ha utilizado primero la guerra en Donbass y después la guerra con Rusia.

Aunque el preacuerdo de Estambul implicaba unas garantías de seguridad muy superiores a las de cualquier país neutral, e incluso podían ser consideradas equiparables a las del Artículo V de la OTAN, el acuerdo era inaceptable para Kiev precisamente porque implicaba la renuncia a la Alianza, parte más importante del camino euroatlántico que Poroshenko introdujo en la Constitución de Ucrania. Con la guerra como principal argumento y única salida al conflicto, Ucrania ha mantenido su presión diplomática para lograr ese objetivo. Sin embargo, todo indica que su exigencia de obtener un acceso directo y rápido sin siquiera valorar si el país cumple las condiciones para ello no se verá cumplida en la cumbre de la OTAN que se celebra la semana que viene en Vilna, Lituania. Aun así, desde que se la ruptura de las negociaciones entre Moscú y Kiev se consumó y Ucrania y sus aliados optaron por la guerra total, la cuestión de las garantías de seguridad ha sido una constante. En este tiempo, Kiev ha continuado exigiendo la entrada preferente en la Alianza, mientras que los países miembros han buscado opciones creativas para lograr de Ucrania lo que necesitan sin necesidad de comprometerse a la inclusión del país en su preciado grupo. Numerosas han sido las propuestas, que han oscilado desde acuerdos bilaterales que de nunca manera superan lo ofrecido por Rusia en Estambul hasta lagunas menos realistas como la adhesión de una parte de Ucrania, aquella bajo control de Kiev, a la OTAN según el ejemplo de la Alemania Federal en la Guerra Fría.

Esa propuesta, que no provenía de ninguno de los estados miembros sino de un columnista, ignoraba la diferencia más importante entre la actual Ucrania y la RFA: solo la primera se encuentra en guerra, un estado que se perpetuaría en caso de adhesión a la OTAN, un conflicto bélico que, según las normas de la Alianza, obligaría a los socios occidentales de Kiev a interceder en su defensa, un compromiso al que Estados Unidos y sus aliados han demostrado no estar dispuestos. Es más, en el momento en el que Moscú y Kiev negociaban las garantías de seguridad en el ahora ya lejano marzo de 2022, Estados Unidos filtró a CNN lo inviable de esa propuesta. Washington, al igual que Londres y otras capitales, están dispuestas a aceptar la propuesta de Reznikov de convertir al país en un laboratorio para probar su equipamiento contra el armamento ruso, pero no a comprometerse a defender a Ucrania de las tropas rusas en una guerra de una intensidad que supera cualquiera de los conflictos en los que las tropas de la OTAN han participado en las últimas décadas.

Curiosamente, ninguna de las muchas variantes de tratados y acuerdos de seguridad se ha fijado en el estatus de la población que, por la vía política o con las armas en la mano, ha rechazado el cambio de Gobierno que se produjo en Kiev en 2014 y ha preferido mirar a Rusia en busca de apoyo. Es más, ni siquiera aquellos escasos artículos que, de forma crítica reflejan las posibles tendencias autoritarias que pudieran subyacer tras la guerra de la excesiva popularidad de Zelensky se plantean siquiera la existencia de una parte de la población que activamente ha rechazado y rechaza tanto al Gobierno de Zelensky. El discurso de la unidad de Ucrania, aunque falso si por Ucrania se entiende el territorio del Estado según sus fronteras de 1991, ha calado a nivel político y social y la prensa refleja de forma acrítica esa ficción. Aunque la población de Crimea -y, por extensión, también de Donbass- ha recibido de Kiev únicamente la promesa de prohibición de sus medios de comunicación y cultura, su seguridad y sus derechos básicos ni siquiera son un factor a la hora de determinar el futuro del Estado ucraniano. Esa población cuyo territorio Ucrania quiere reconquistar parece no existir para quienes plantifican el día después a la guerra, ni tampoco el peligro que Kiev supone para ella. La única clave relevante es la seguridad de Kiev, no de la población sobre la que pretende gobernar cuando recupere, como promete, sus fronteras de 1991. Para ello, parece que todos en Kiev son conscientes de que no será suficiente con la actual ofensiva. Esta semana, el exasesor de la Oficina del Presidente Oleksiy Arestovich -apartado por su incómodo hábito de decir, de vez en cuando, alguna verdad- afirmaba que serán precisas dos o tres ofensivas ucranianas más, es decir, una guerra que se prolongaría durante, al menos, dos años más. En ese tiempo, Occidente deberá continuar suministrando a su proxy de Kiev financiación, armamento e instrucción.

La última propuesta planteada, filtrada a The Washington Post, cumpliría con esas exigencias, aunque evitando comprometerse con Ucrania por medio de la adhesión del país a la OTAN. El medio, que afirma que la propuesta no debe considerarse “un premio de consolación”. Se trataría de un estatus similar al de Israel en el que Ucrania contaría con una amplia financiación y entrega de armamento más allá de la guerra, con la capacidad de crear un ejército potente con el que disuadir futuros ataques rusos. Un planteamiento de este tipo implicaría ciertas garantías para Ucrania, aunque no un compromiso obligatorio de defensa por parte de sus socios, algo a lo que nunca han querido comprometerse y daría a Estados Unidos una flexibilidad a la hora de actuar que difícilmente puede satisfacer a Kiev, que tras nueve años de insistencia, no va a conformarse con nada que no implique la imagen de su presidente como nuevo y flamante miembro de la OTAN.

No puede pasarse por alto tampoco que está utilizándose el ejemplo de Israel, un país al que Zelensky ha mencionado varias veces precisamente como ejemplo. Con un constante flujo económico y armamentístico de Estados Unidos, hipermilitarirzado y con capacidad para realizar operaciones antiterroristas contra la población residente en el territorio bajo su control militar, no es de extrañar que Tel Aviv sea un ejemplo para Ucrania. Tampoco puede sorprender que quienes han permitido y posibilitado décadas de ocupación de Gaza y Cirjordania no tengan la más mínima preocupación por los derechos -incluido el derecho a la vida- de la población de Crimea o de Donbass, a la que Kiev posiblemente aspira a tratar de la misma forma que Israel trata al pueblo palestino. La población de Donbass y Crimea, al igual que la palestina, no merece garantías de seguridad, reservadas solo para socios para actores considerados como herramientas útiles en las relaciones internacionales como Israel o Ucrania.