Nada es eterno

Artículo Original: Andriy Portnov

En el mundo civilizado, los jueces en ocasiones tardan años en dictar una sentencia a imponer un castigo a un criminal, estudian escrupulosamente toneladas de documentos, gigabytes de registros de audio y vídeo, pruebas físicas, testimonios de las víctimas, de los testigos, escuchan a los abogados y a los fiscales.

Pero eso no es todo. Para reducir el riesgo de error, estos procedimientos están sujetos a recurso y control de casación. El mundo ha llegado a esta idea para que nadie sea castigado si no es culpable, para que los culpables no eludan sus responsabilidades y para que la sociedad pueda conocer la lógica del castigo por medio de un juicio abierto y con garantías. Es así incluso en África, continente menos desarrollado. Que me perdonen el ejemplo, ya que nos han superado en índices de desarrollo.

Nosotros somos un caso ligeramente diferente. Desde hace meses, el presidente de Ucrania determina los castigos por decreto y sin juicio, aprobándolos por medio de un Consejo de Defensa y Seguridad Nacional creado con su propia gente. Sin procedimiento debido, sin análisis de pruebas, sin derecho a defenderse y sin presunción de inocencia.

Para arrebatar estas decisiones del control judicial, el presidente ha paralizado el trabajo del Tribunal Constitucional y ha aumentado la presión sobre los tribunales de justicia ordinaria, ha introducido una ley para eliminar la Corte de Distrito Administrativo de Kiev, lo que demuestra que su voluntad de tomar decisiones ilegales no tiene límite, y en el sistema judicial, ha aumentado también la presión sobre el Tribunal Supremo.

De esta forma, en unos pocos meses, se ha formado en el país una judicatura vertical paralela: un sistema que supera e ignora al poder judicial, que se ha asignado poderes judiciales, que concentra las funciones judiciales en las manos de los oficiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que pertenecen al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, directamente subordinados al sistema de castigos del presidente del país, y han creado unos códigos especiales y extraordinarios que no se preocupan por el procedimiento ni la arbitrariedad judicial.

De esta forma, intentan hacer parecer que cualquiera que critique las sanciones del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional está protegiendo a ladrones, miembros del crimen organizado, traidores a la patria o contrabandistas. Pero, antes o después, todo este efecto de propaganda será sustituido por sentencias de los tribunales europeos de justicia, el presupuesto tendrá que hacer frente a pagos y compensaciones, mientras que los nombres de oficiales y jueces que han arriesgado sus modestas firmas para oficializar esta fiesta pasarán a la historia legal y científica.

Es evidente que las autoridades están jugando dos juegos a la vez: controlar al mundo de los negocios y mejorar sus indicadores sociológicos, convirtiendo la exigencia de justicia de la población en una solución fácil y sin dolor. Pero también está claro que ha llegado al país una dictadura apoyada por la doble vara de medir de los países occidentales y la selectiva preocupación de las embajadas, por lo que algunos políticos y empresarios tendrán que reagrupar sus fuerzas, aguantar y sobrevivir por sus propios medios.

Por mucho que se alargue la primavera, nada es eterno. Y esto también pasará.