Especialmente preocupado por su relación con Estados Unidos después de verse sorprendido por el acuerdo Trump-Putin para la exportación de diésel ruso y amenazado por los puntuales pero ominosos signos de castigo infligidos esta semana por la Casa Blanca en forma de amenaza de interrumpir el suministro de inteligencia o limitar las capacidades militares del sistema Starlink, el Gobierno ucraniano busca garantizar la asistencia con la que poder continuar luchando con garantías.
Como en cada ocasión en la que Ucrania precisa de más armas y más financiación -en estos momentos, se trata de ambas, ya que Kiev admite un déficit de 27.000 millones de euros que Bruselas aún no alcanza a comprender-, el primer recurso que tiende a aparecer es el de los activos rusos retenidos en la Unión Europea. El rechazo de Bélgica con el apoyo de otros países como Italia a finales de 2025 escudándose en el riesgo que la medida supondría en términos de exponerse a una litigación en la que Rusia podría salir vencedora no es argumento suficiente para que Ucrania cese en su intento de hacerse con esos casi 300.000 millones de euros rusos bajo control de Euroclear desde febrero de 2022.
El lunes, en un artículo publicado por Politico, uno de los medios más abiertamente proucranianos, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania afirmaba que “Europa ya no puede seguir de brazos cruzados ante los activos rusos. Ha llegado el momento de utilizarlos para la defensa y la recuperación de Ucrania. Esta decisión, que se debería haber tomado hace mucho tiempo, supondría un punto de inflexión que podría inclinar la balanza a favor de Ucrania, sobre todo si se acompaña de una fuerte presión sancionadora. Pero para lograrlo, tenemos que actuar con mayor rapidez y decisión que Rusia”.
En su tónica habitual de utilizar un discurso más parecido al lenguaje de un guion cinematográfico, en el que todo son puntos de inflexión y elementos que aparecen de la nada para cambiar totalmente la trama, Kiev recupera los activos rusos retenidos por la UE como su última arma milagrosa, el cambio que puede suponer la ansiada victoria y acortar la guerra en lugar de prolongarla. Para Kiev, las consecuencias de expropiar los activos públicos y privados de un país con el que no se está en guerra nunca han sido algo a tener en cuenta. El mensaje que enviaría a terceros países como China o India sobre la seguridad del sistema financiero europeo fue un factor esencial para que el entonces canciller Olaf Scholz bloqueara en todo momento cualquier aspiración ucraniana y de los países más radicalmente antirrusos de hacerse con esos fondos, pero ese rechazo se moderó con la llegada de Merz y nunca ha sido algo a tener en cuenta para Ucrania que, de la mano de algunos de sus aliados más incondicionales, sigue buscando la forma de alegar lo imposible, que no hay riesgo en arrebatar a un país sus activos retenidos sin que medie una declaración de guerra y sin exponerse a un litigio en el que todas las opciones de vencer serían de Rusia.
“Según los últimos informes, Rusia tiene previsto destinar una cifra récord de 180.000 millones de euros a su ejército en 2027, lo que supone un aumento de más del 40% con respecto a la partida de defensa de 2026. Y eso es solo una parte del panorama. El proyecto de presupuesto federal del país destina un total de 669.000 millones de euros a defensa y seguridad para el periodo 2027-2029. Estas cifras dejan claro que Rusia quiere la guerra. Moscú está aumentando la presión, intensificando su terror contra la población civil ucraniana y elevando el coste de la defensa tanto para Ucrania como para Europa. Pero, a medida que crece el coste de la guerra, debería crecer aún más rápidamente para el agresor”, escribe Sibiga para exigir a sus aliados una aportación aún mayor para las vacías arcas de Ucrania, cuya escalada de este año, unida a la capacidad rusa de sostener su economía, es uno de los factores determinantes para ese aumento del presupuesto militar ruso que denuncia Kiev. Sin capacidad económica para sostener su Estado y proveer a su ejército, Ucrania ha priorizado defensa, prestaciones sociales y salarios públicos a todo lo demás, incluida la reconstrucción, un gesto de austeridad que, en realidad, es una demostración de capacidad de obligar a su población a sacrificarse para exigir más financiación a Bruselas y otras capitales europeas.
Todo es simple para el Gobierno ucraniano, que insiste en que “cuanto más alto sea el precio que tenga que pagar Moscú, antes se restablecerá la paz”. La evidencia del último año, en el que ha aumentado la presión ucraniana, niega ese planteamiento y garantiza que, a mayor inversión ucraniana, la guerra empeorará cada vez más en lugar de detenerse. Sin embargo, más armas y más financiación son la solución para todos los problemas tanto en Kiev como en Bruselas, que puede negar préstamos para sostener al sector agrícola ucraniano, pero no para garantizar que la guerra pueda continuar como hasta ahora, en su deriva de empeoramiento y aumento del riesgo.
“A finales de agosto, Suecia, los Países Bajos, España y Polonia se dirigieron a la Comisión Europea para instarla a reanudar el debate sobre el pleno aprovechamiento de los activos rusos inmovilizados. Les estamos muy agradecidos. Pero ahora es el momento de convertir este debate en un proceso jurídico: poner en marcha una plataforma permanente, contar con la participación de expertos y elaborar la decisión”, continúa Sibiga, que trata de convencer a la audiencia de que la UE ya ha hecho lo más difícil, retener esos activos y solo queda por decidir “el paso que importa: utilizar los activos”.
“La opinión predominante es que la decisión de utilizar estos activos no debe exponer a ningún país en particular a un riesgo desproporcionado, sobre todo a Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de los activos en Euroclear. Estamos de acuerdo. Con ese fin, el Ministerio de Hacienda de Ucrania propuso un plan claro a la Comisión Europea: poner los activos bajo el control colectivo de la UE, de modo que la decisión de utilizarlos —y la responsabilidad derivada de ello— sea europea, no belga”, explica Sibiga, cuya propuesta es que no sea un país sino el conjunto del bloque el que envíe al resto del mundo el mensaje de que, por el bien de la guerra de Ucrania, su sistema financiero deja de ser fiable para pasar a ser un mecanismo en el que, por necesidades del guion, pueden retorcerse las normas a voluntad.
“Según los Artículos sobre la responsabilidad del Estado de 2001 de la Comisión de Derecho Internacional, un Estado que comete un acto ilícito internacional está obligado a pagar una reparación íntegra, y los Estados perjudicados pueden adoptar contramedidas para inducir el cumplimiento. Además, en noviembre de 2022, la Asamblea General de la ONU reconoció que Rusia debe asumir las consecuencias jurídicas de su agresión, incluidas las reparaciones”, añade Sibiga, que parece determinar que la Unión Europea puede, por su cuenta y riesgo, decidir cuáles han de ser las reparaciones que Rusia ha de pagar. Kiev olvida también que uno de los primeros puntos que la UE luchó por eliminar de la propuesta estadounidense de diciembre de 2025 fue precisamente el uso de una tercera parte de esos activos para la reconstrucción de Ucrania, una admisión implícita de culpa y un claro pago de reparaciones. Como Bruselas, Ucrania confunde reparaciones de guerra, cuyo destino es la reparación de daños, con la financiación de la guerra.
“Esos mismos artículos también exigen que las contramedidas sean reversibles, y la postura de Ucrania respeta este principio: la titularidad jurídica recae en un vehículo gestionado por la UE, Ucrania recibe financiación en lugar de la propiedad, y el acuerdo se rescinde el día en que Rusia pague lo que debe”, sentencia Sibiga con el argumento más extravagante. Porque, al fin y al cabo, esto es exactamente lo que hizo la Unión Europea cuando aprobó la concesión del crédito de 90.000 millones de euros, garantizados por los activos rusos y que Kiev solo tendrá que devolver una vez que Rusia pague reparaciones de guerra. Sutilmente, el Gobierno ucraniano exige que se active un mecanismo similar, solo que, en esta ocasión, no se conforma con 90.000 millones, sino que aspira a la cantidad total de activos rusos retenidos por la UE.
“Instamos a los líderes de la UE a que tomen esta decisión fundamental sin demora. Y esperamos con interés que Europa demuestre su valentía al dar este paso decisivo”, termina Sibiga, que no solo exige 300.000 millones de euros para la guerra, sino que espera que se concedan a la mayor rapidez. Antes de que los países miembros comprendan el riego asociado.
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