La trama alemana

Dos días antes de cumplirse el cuarto aniversario del acto más grave de guerra híbrida que se ha producido estos años en el continente europeo, el atentado contra el Nord Stream, un tribunal croata confirmó la extradición de Volodymyr Zhuravlev, uno de los acusados por los hechos. En octubre de 2025, considerando el acto de sabotaje contra el gasoducto una acción de legítima defensa de un país agredido contra su agresor, un tribunal de Polonia, que ejerció de defensa política de Ucrania en lugar de su labor jurídica, negó a Alemania la entrega de Zhuravlev, que había sido detenido bajo la orden emitida por las autoridades alemanas. Era la segunda vez que Zhuravlev, a quien se acusa de ser uno de los buceadores que colocaron los explosivos para hacer estallar las tuberías del gasoducto, esquivaba la detención. Meses antes, cuando residía en Polonia, huyó a Ucrania, se cree que en un vehículo de la embajada, para evitar ser arrestado.

La suerte del exsoldado ucraniano acabó el pasado mes de agosto, cuando acudió a Croacia, donde se rodaba un film basado en lo ocurrido en el mar Báltico el 26 de septiembre de 2022. A petición de Alemania -que parece haber actuado de la misma manera que con Sergey Kuznetsov, esperando a que el sospechoso pisara un país de la UE del que se esperaba una respuesta afirmativa a la extradición-, Zhuravlev fue nuevamente detenido y se aprobó su entrega a Alemania cumpliendo la euroorden emitida desde Berlín. Cinco días después de que el tribunal croata negara la petición de rechazo de la extradición, Volodymyr Zhuravlev solicitó asilo político en Croacia alegando que no recibirá “un juicio justo” en Alemania.

En paralelo, Alemania se prepara para iniciar hoy el juicio menos deseado, ese en el que puede quedar claro que no había que buscar al culpable del atentado en Moscú sino en Kiev, que no fue un enemigo sino un aliado -y proxy- el que hizo estallar el gasoducto. Los hechos han quedado tan claros que un libro publicado por Bojan Pancevski, periodista de The Wall Street Journal detalla toda la trama, desde su planteamiento hasta su ejecución e incluso la fuga, omitiendo únicamente los nombres de los acusados y de las autoridades militares ucranianas a las que respondían. Cerradas todas las investigaciones realizadas por los países de la zona, especialmente los Países Bajos, cuya inteligencia detectó la trama en su fase de preparación, cuando alertó a la CIA, que supuestamente acudió a Kiev para ordenar que se detuviera, solo las pesquisas alemanas han derivado en un juicio.

En virtud de la independencia judicial, el proceso continúa adelante a pesar de lo incómodo que ha resultado para las autoridades políticas alemanas que vaya a juzgarse a uno -o quizá en el futuro a dos- de los soldados del ejército que actualmente financia en una guerra contra el enemigo común ruso, copropietario de las infraestructuras atacadas. Todo tiene sus límites y las declaraciones del fiscal apuntan a que se producirá un intento de limitar la acusación a la forma en la que el acusado o acusados hicieron estallar las tuberías y no buscará determinar responsabilidades políticas ni acusar directamente a Ucrania de haber cometido un acto de terrorismo internacional. Como la prensa durante estos cuatro años, uno de los principales objetivos es salvar la imagen de Volodymyr Zelensky y, quizá, la de Valery Zaluzhny, cuya participación parece evidente y cuyo conocimiento de la trama es una obviedad. Como afirmó el abogado italiano del primer detenido, Sergey Kuznetsov, un soldado en activo no ejecutaría un plan como el que hizo estallar el Nord Stream sin haber recibido órdenes de sus superiores, un argumento que posiblemente suene familiar en Alemania, pero que no debería resultar aceptable para calificar los hechos como un acto de guerra contra el Estado agresor, teniendo en cuenta que se trataba también de un ataque contra un aliado que se ha convertido en el principal proveedor de su ejército.

Según publicó la semana pasada el periodista Bojan Pancewski, que ha conocido y entrevistado a todas y cada una de las personas principales de esta trama y que, por lo tanto, es la persona mejor informada de los hechos, exculpar al Estado ucraniano y a su presidente no es el único objetivo político del juicio que está a punto de empezar. “El tribunal que juzgará a un oficial ucraniano por la supuesta voladura de los gasoductos ha decidido no admitir a Gazprom, la empresa rusa propietaria, como codemandante. La resolución es favorable para el acusado ucraniano y, potencialmente, para los intereses de Ucrania, ya que el tribunal distingue entre las pérdidas causadas directamente por las explosiones de los gasoductos y las pérdidas más amplias provocadas por las reacciones políticas a la invasión rusa de Ucrania. Asimismo, se niega explícitamente a convertir el juicio penal en un foro para establecer los fundamentos fácticos o jurídicos de posibles reclamaciones de indemnización de Rusia contra Ucrania”, escribe Pancevski.

“En virtud de la disposición legal pertinente, una persona perjudicada por un acto ilícito puede constituirse en parte civil junto con la Fiscalía cuando, por razones particulares, especialmente debido a las graves consecuencias del delito, ello resulte necesario para salvaguardar los intereses de dicha persona (artículo 395, apartado 3, del Código de Procedimiento Penal alemán). El Tribunal ha considerado que en este caso no existen tales «razones particulares»”, afirma el comunicado de la Fiscalía, que niega a la parte más directamente afectada por los hechos presuntamente cometidos por los acusados la posibilidad de presentarse como codemandante. En resumen, la Fiscalía alemana aspira a que se juzguen unos hechos en los que no hay ningún perjudicado ni, por lo tanto, nadie a quien indemnizar.

“En la medida en que los demandantes alegaron que la destrucción de los gasoductos les había causado un «perjuicio existencial», el Senado no pudo aceptar dicha alegación. Es cierto que se estimó que el coste de la restauración de cada gasoducto ascendía a varios cientos de millones de euros. Sin embargo, había que tener en cuenta que los costes de inversión iniciales para la construcción de los gasoductos ascendían a 7.400 millones y 9.500 millones de euros, respectivamente. Por lo tanto, los costes de restauración representaban, en cada caso, una proporción que, según los criterios habituales, no justificaría calificar el perjuicio como una pérdida económica total. Además, las pérdidas económicas más amplias de los demandantes, en la medida en que no fueron causadas por las propias explosiones, sino por la reacción de los responsables políticos ante la intervención militar de Rusia en Ucrania, debían dejarse de lado a estos efectos”, continúa el comunicado, que no considera suficientemente importantes los daños y que achaca las pérdidas, no a la explosión en sí, sino a la reacción a la invasión de Ucrania, una retorcida interpretación política en la que se busca proteger a Kiev de cualquier intento ruso de exigir reparaciones.

Al margen del resultado del juicio, en el que la Fiscalía cuenta con todo tipo de evidencias que vinculan al acusado o acusados a los hechos, la sentencia ya está dictada: Alemania ha decidido ceñirse a la idea de que la dependencia de la energía barata rusa era un lastre del que era preciso deshacerse, aunque fuera en favor de opciones políticamente correctas, aunque más costosas. Es decir, en favor del gas de Estados Unidos, que vuelve a ser el principal beneficiado de la fractura continental.