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Economía, FMI, Gas, Ucrania

Contra los intereses de la población

Articulo Original: Andriy Babitsky

Ante los ojos de la población ucraniana se presenta una vez más el espectro de la pobreza, esta vez la pobreza extrema, rozando la supervivencia. O quizá sobrepasándola. Si la ley que Servidor del Pueblo pretende aprobar en el Parlamento es adoptada, un número significativo de ciudadanos de bajos ingresos (que son la mayoría) tendrá que abandonar sus viviendas y sus propiedades y acabará en el calle. Esta es una posibilidad absolutamente real.

La propuesta de ley, redactada según los preceptos de una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, con el que Ucrania ha asumido obligaciones coloniales en busca de un préstamo de 1.200 millones de euros, introduce un nuevo procedimiento para recaudar los pagos de las facturas de servicios básicos e imposición de multas por los retrasos. La propuesta de ley lleva el nombre de “sobre las enmiendas a ciertas leyes de Ucrania sobre la mejora del procedimiento de pago de las deudas de los consumidores en los servicios comunales”.

A fecha de 1 de mayo de este año, la deuda por los servicios básicos en Ucrania alcanzó la enorme cifra de 63 millones de grivnas. El aumento de los impagos comenzó durante el periodo de las reformas que se iniciaron inmediatamente después de la revolución de la dignidad. La actividad reformadora de Yatseniuk se limitó a un explosivo aumento de los precios por los servicios básicos sin ningún cambio cualitativo en ellos. Los impagos se convirtieron en un problema vertical, que causó el colapso de todos los estratos del sistema.

Los consumidores individuales dejaron de transferir fondos a la compañía regional de gas, que por ello no podía pagar a Naftogaz, que por su parte no podía pagar sus deudas a sus proveedores. De la deuda de los hogares por impagos de facturas, el 80% se debe al gas.

Desde 1996, el Parlamento había impuesto una prohibición de aplicar interés acumulativo en las deudas a causa del retraso en el pago de salarios y pensiones. En 2010-2011, Yanukovich, con la insistencia del FMI, recuperó las multas. Se aprobó una legislación especial, pero no entró en vigor: las autoridades temieron causar descontento entre la población. En 2018, la población cedió y las multas volvieron a aparecer en la nueva ley. Y desde mayo de 2019, todos los proveedores han renegociado los contratos con los consumidores según las nuevas normas, aunque los intereses acumulados han estado suspendidos hasta julio.

A principios de agosto, la Unión Europea otorgó a Ucrania el crédito que se había discutido desde principios de año, a la espera de que Kiev firmara el acuerdo con el FMI. En otras palabras, son líneas paralelas que dependen la una de la otra. El Fondo usó como condición “una disciplina de pago más estricta”. La ley que promueven ahora los “servidores del pueblo” asume que la deuda de los hogares será reestructurada en diferentes periodos y la cantidad dependerá de lo adeudado. Ya no se trata de consentimiento del consumidor, están obligados a reestructurar la deuda en un plazo de un mes, bajo amenaza de medidas punitivas draconianas, mientras simultáneamente se acepta otro contrato con el proveedor.

La ley contiene medidas absolutamente sorprendentes para influir sobre los deudores. El límite de multa es el 100%. En otras palabras, la deuda se duplicará con el tiempo. Se da a los proveedores el derecho a denunciar los impagos ante los tribunales de forma gratuita, mientras que las compañías que suministran los servicios sí tienen que pagar costes legales.

Para muchos consumidores, esos costes serán excesivos, por lo que no podrán apelar contra las decisiones tomadas.

El estatus de los deudores se equiparará a quienes incumplen los pagos de pensiones de alimentos. Con ello podrán exigir el pago de la deuda sin que esta prescriba; embargar hasta el 50% del sueldo; incautarse de las propiedades del deudor, incluyendo su vivienda principal.

Es más, será posible embargar tanto los salarios como las propiedades al mismo tiempo. Además, el proveedor podrá restringir el derecho del deudor a: viajar al extranjero, adquirir un vehículo, usar armas de caza, neumáticas o traumáticas; cazar.

Los actuales impagos no se deben a la negligencia de los ciudadanos. Los actuales precios son tan altos que en ocasiones igualan el salario o la pensión, especialmente en zonas rurales, donde las viviendas son más grandes que los pisos de las ciudades. Y si antes la acumulación de deudas no amenazaba especialmente a los ciudadanos de bajos ingresos, tras la adopción de la ley, todas sus propiedades se verán inmediatamente amenazadas.

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