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Consecuencias para la población civil

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En Donbass, la población lucha por reconstruir sus viviendas, dañadas por la guerra. En Ucrania, los bancos buscan recuperar los créditos

Ayer, el Parlamento de Ucrania rechazó la propuesta de derogar la “ley de reintegración de Donbass” y, con algunas aclaraciones que se conocerán en los próximos días, la ley quedó finalmente lista para ser enviada al presidente Petro Poroshenko, que debe firmarla para que entre en vigor. Por una parte, la ley define los territorios de la RPD y la RPL como territorios temporalmente ocupados y califica de “país ocupante” a Rusia. Esa definición supone, según la ley afirma de forma expresa, que es Rusia quien debe cargar con los costes de la “ocupación”. Ucrania busca así una base legal para protegerse de posibles demandas por los más de tres años de impagos de pensiones y prestaciones sociales en Donbass.

La ley pretende también dar base legal al uso del ejército en Donbass. Si en 2014 la fórmula elegida fue calificar la guerra como una “operación antiterrorista”, la ley hace desaparecer ese concepto para sustituirlo con la idea de la “ocupación temporal” de los territorios fuera del control del Gobierno. Al margen de las consecuencias militares de estos cambios, podrían acarrear consecuencias para la población civil procedente de Donbass y residente en Ucrania. 

Presiones de los bancos

Artículo Original: Novorosinform

Los bancos ucranianos y las organizaciones de recaudación de deuda han comenzado a contactar con los inmigrantes de Donbass que actualmente residen en el territorio de Ucrania. Se les exige devolver los créditos para la compra de viviendas en el actual territorio de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Según Radio Svoboda, tras la entrada en vigor de la llamada “ley de reintegración de Donbass”, miles de desplazados internos con créditos pendientes se encontrarán con presiones de los bancos.

Según cita esa información, la diputada Veselova afirmó que la nueva ley no contiene una moratoria sobre el pago de créditos bancarios por la adquisición de vivienda en los territorios no controlados por las autoridades de Kiev. “Ahora se va a levantar la moratoria. Porque al eliminar el término operación antiterrorista, eso ya no es compatible con la legislación”, explicó. Veselova añadió que los bancos ya han comenzado una “caza” de inmigrantes con créditos pendientes. “Hay varias informaciones de antiguos residentes en los territorios ocupados que han empezado a recibir presiones de los bancos. Yo no soy una excepción, también me ha llamado el banco. Me recordaron la hipoteca, les ofrecí mi apartamento en Donetsk y lo rechazaron”, explicó la diputada.

Hay que recordar que en enero del año pasado se informó de los planes de Ucrania de adquirir viviendas para los desplazados internos procedentes de Donbass. Los inmigrantes entregarían al Estado sus derechos de propiedad de las viviendas situadas en los “territorios temporalmente ocupados” [en la RPD y la RPL], con lo que podrían adquirir viviendas en otras zonas de Ucrania. En febrero de 2017, el Parlamento canceló los certificados de registro para los desplazados.

Más adelante se informó de que, a 24 de julio de 2017, Ucrania consideraba desplazados internos a 1.580.646 personas o 1.270.372 familias de Donbass o Crimea. El dato procede de la información proporcionada por las subdivisiones de las administraciones locales.

En otoño de 2016, la Organización Internacional para las Migraciones publicó una serie de datos que afirmaban que la gran mayoría de familias desplazadas en Ucrania vive con una media de 1.400 grivnas [alrededor de 40€ al cambio actual] por persona al mes. Solo un 43% de los desplazados internos dispone de un salario regular, mientras que otro 18% dispone de empleos a tiempo parcial. Muchos desplazados dependen de prestaciones sociales en un contexto en el que los precios de los alquileres son altos.

También hay que recordar que según la experta Natalia Korotkova, el próximo “proyecto” denominado “Estrategia de integración de los desplazados internos e implementación de soluciones a largo plazo para los desplazados internos hasta 2020” no es más que un engaño a los ciudadanos.

 

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