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Sin ánimo de ofender

Con el estilo habitual de no dudar de las buenas intenciones del Gobierno de Kiev, otra representante de Naciones Unidas ha vuelto a recordar a Ucrania sus responsabilidades hacia la población, también hacia la población residente en los territorios de la RPD y la RPL. En esta ocasión, y no es la primera, la representante de ACNUR recordó a Ucrania su obligación de pagar las pensiones a los pensionistas del país al margen de su lugar de residencia.

Tras cuatro años de impago de pensiones en los territorios controlados por la RPD y la RPL, la población sobrevive gracias al sistema de pensiones propio creado en 2015 en las Repúblicas Populares. Incluso a pesar de las sentencias judiciales que han dado la razón a los pensionistas de Donbass, Ucrania continúa poniendo trabas para tratar de impedir que incluso aquellos residentes que logran cruzar la línea del frente puedan tener acceso a sus pensiones. Es a ellos a quienes se refieren principalmente las declaraciones de la representante de ACNUR. Sin embargo, en ningún momento se plantea la situación de aquellas personas que, por problemas de movilidad, falta de recursos o temor al peligro de cruzar el frente, no pueden llegar a territorio ucraniano. Cuatro años después, no parecen existir para el Gobierno de Kiev y tampoco para Naciones Unidas, que hace un año calificó la guerra en Donbass como el conflicto que afecta a un mayor número de personas mayores.

No es la primera vez que Naciones Unidas exige a Ucrania el pago de pensiones a los residentes en las zonas de Donbass fuera del control del Gobierno. Kiev ha respondido denunciando las declaraciones como injerencias, negando los impagos, con evasivas o falsas promesas que no ha cumplido. Sin embargo, después de cuatro años de exigencias y ningún cambio a mejor, Naciones Unidas, sin ánimo de ofender a Ucrania, parece preocuparse más por el sistema que por la población más vulnerable de Donbass, aún en guerra.

Exigencias de Naciones Unidas

Artículo Original: Ukraina.ru

El Gobierno ucraniano debería solucionar inmediatamente los problemas de los pensionistas que residen en la zona de Donbass que no está bajo control gubernamental. A ello se refirió, el 15 de noviembre, Noel Calhoun, subdirectora de la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Ucrania, durante la conferencia internacional “Pago de pensiones a desplazados internos en Ucrania: ¿cómo implementar el derecho constitucional a una pensión?”

Calhoun insistió en que ya existen todos los mecanismos necesarios para solventar el problema del pago de pensiones. Según la representante de ACNUR, las decisiones judiciales tienen un impacto positivo en el sistema, ya que los tribunales han rechazado la verificación del lugar de residencia de los pensionistas [que el Gobierno ucraniano sigue utilizando]. Sin embargo, los tribunales no pueden solventar todos los problemas de Ucrania.

La representante de ACNUR dio a entender que Occidente subvenciona un engorroso y obsoleto sistema de pensiones que debería ser urgentemente reformado. “Cada año suministramos créditos a organizaciones que dan asistencia legal a los desplazados internos. Gastamos mucho dinero y los altos cargos preguntan: ¿por qué gastáis tanto en asistencia legal? ¿Por qué se considera una forma de ayuda humanitaria?”, afirmó Calhoun.

Según esta versión, el Gobierno ucraniano, que paga al Fondo de Pensiones, gasta mucho dinero en el departamento de protección social, que realiza el procedimiento de verificación de los pensionistas. Y además gasta mucho dinero en tribunales. De hecho, según Calhoun, se gasta mucho dinero en todo ese entramado y la población sale perdiendo. El sistema es ilógico.

En este sentido, la representante de la Naciones Unidas apeló a los activistas por los derechos humanos del Grupo de Helsinki a no saturar los tribunales a base de demandas que no tendrán ningún efecto. Porque es preciso una solución definitiva, ya sea a través de la sentencia número 6692 o con un cambio en la resolución número 365 del Consejo de Ministros.

“Los tribunales han dicho que nada prohíbe a la población recibir las pensiones: los desplazados internos ni los habitantes de los territorios no controlados por el Gobierno pueden ir a territorio bajo control del Gobierno y recibir las pensiones. El lugar de residencia no está incluido en la lista de condiciones por las cuales una persona puede perder el derecho a la pensión.

Todo  está en manos del Gobierno. Nos damos cuenta de que una parte de la población con movilidad limitada en los territorios no controlados por el Gobierno está desatendida. Pero el Gobierno habla de cumplir con las obligaciones hacia los ciudadanos y debe hacer todo lo posible ahora, sin más retrasos, para proteger los derechos de su población. Esto se puede hacer en el territorio de Ucrania a través de los bancos de ucranianos. Todo está en manos del Gobierno. Tengo la esperanza de que se haga, porque para la gente ya es incómodo”, apeló Calhoun.

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