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Novorossiya, Opinión, Ucrania

Primeras Impresiones del Acuerdo del Alto al Fuego en Donbass


Por Nahia Sanzo.

La publicación del documento firmado en Minsk por los gobiernos ruso, ucraniano, la OSCE y los representantes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk esta semana ha causado ya las primeras reacciones. Ya que se trata tan solo de un protocolo, una hoja de ruta cuyos puntos han de ser desarrollados, es preciso no precipitarse y lanzarse

a las conclusiones. Pero a pesar de la ambigüedad de algunos de esos doce puntos que contiene el documento, y que podrían dar lugar a diferentes situaciones dependiendo del contenido de la ley en la que ha de definirse cuál es ese estatus especial para algunas zonas de Donbass que la Rada promete aprobar, este protocolo da una primera muestra de hacia dónde puede ir el proceso político, o al menos cuáles son los planes de los dos gobiernos firmantes, el ruso y el ucraniano, que aparentemente han negociado y pactado el documento en las últimas semanas.

El acuerdo trata puntos importantes y menos polémicos, como el del alto el fuego, la entrega de ayuda humanitaria, necesaria para evitar no solo una catástrofe humanitaria sino también epidemias, o la reparación de la infraestructura dañada por la guerra. Por el momento no se trata más que de una serie de puntos sin desarrollar, por lo que no se detallan ni responsabilidades ni los modos en los que estos puntos han de ser llevados a la práctica. Llama la atención que el documento vincule al Grupo de Contacto Trilateral, con lo que los representantes de las repúblicas populares,
aunque presentes y firmantes, no reciben ningún tipo de reconocimiento o mención. El propio protocolo de acuerdo, si bien de facto reconoce la existencia de la parte vinculada a estas instituciones de Donbass, no las nombra en ningún momento. Sus representantes no aparecen en esos términos de representación, con lo que tampoco queda claro cuál
ha sido su participación real, más allá de estampar su firma, en este acuerdo.

En realidad, el documento que debería servir como base del proceso político que ahora se inicia, no parece ir más allá del plan de paz que el presidente Poroshenko planteó en mayo, antes incluso de su investidura como presidente, y que nunca ha detallado ni negociado con las partes. En aquel momento, tanto las repúblicas populares como Rusia rechazaron el plan ya que partía de la base de la entrega de armas y retirada de las milicias, algo que el Ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergey Lavrov ha calificado en repetidas ocasiones a lo largo de los mese como una exigencia de capitulación de la milicia. Sorprende entonces que se haya aprobado este plan con la firma tanto de Rusia como de los representantes de las repúblicas populares, ya que en el documento publicado se menciona la obligación de “Eliminar formaciones militares ilegales, equipo militar, así como militantes y mercenarios del territorio de Ucrania”. Salvo que esta afirmación se refiera también al ejército ucraniano, y de lo que no hay evidencia alguna en el documento, se trata una vez más, de la rendición y deposición de las armas de tan solo una de las partes implicadas en la guerra, lo que en la práctica exige a la milicia una rendición, dejando vía libre a las instituciones ucranianas y a su ejército, para tomar el control de la situación.

La parte más importante del protocolo, pese a lo ambiguo de unos términos que pueden englobar un gran número de diferentes modelos, es que revela que no hay plan alguno de ajustar el marco jurídico a las exigencias del sudeste ucraniano. El protocolo firmado refleja la realidad de la internacionalización del conflicto político ucraniano, caracterizado por la presencia entre los ratificantes del pacto de Rusia y de la OSCE, institución que defiende los intereses tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Y pese a que aún es pronto para adivinar cuál será la ley de descentralización que plantee el parlamento ucraniano, la definición del autogobierno como local y la mención a algunas zonas de los territorios de Donetsk y Lugansk hace pensar en que el modelo a seguir es el llamado Plan Ahtisaari, que otorgaba cierta autonomía local a los municipios serbios de Kosovo.

Esta cuestión resulta clave en la medida en que refleja la oposición radical de algunos países, Francia a la cabeza, a introducir cualquier precedente internacional que pudiera servir de aval al derecho a la autonomía interna de algunas partes del territorio de un Estado. Debe destacarse en este sentido que el derecho internacional actual no establece tal derecho a la autonomía, algo que en todo caso corresponde al desarrollo del marco interno a los diferentes Estados. Este planteamiento tiene poco que ver con la idea de federalización que Rusia ha defendido desde el inicio del conflicto, y que sí hubiese cubierto las demandas de autonomía económica y garantía del uso de la lengua rusa que iniciaron esta rebelión armada, o con la idea de amplio autogobierno que Yatseniuk estaba dispuesto a ofrecer según
anunció John Kerry tras la cumbre del 17 de abril en Ginebra. El marco del protocolo supone un claro triunfo para las tesis ucranianas y occidentales en la medida en que previene no solo el desarrollo de un modelo federativo sino incluso de un modelo autonómico tan común en Europa.

Mientras que la estructura militar ya ha probado su valía, es ahora la estructura política la que, en coordinación con las Fuerzas Armadas, debe estar a la altura si se pretende llegar más allá de una autonomía local que quizá habría sido suficiente en abril, antes de que la infraestructura quedara destrozada y se produjera el número de muertes que ya se ha producido. Pese a lo complicado de la situación, el fracaso del plan Ahtisaari sí ofrece una lección importante para Novorossiya. Además de por la negativa de algunos países occidentales a reconocer la independencia de Kosovo, el plan Ahtissari fracasó, y finalmente tuvo que garantizar una autonomía mayor de la inicialmente prevista a la comunidad serbia, por la política de las municipalidades del norte de Kosovo, radicalmente opuestas a permitir la presencia de las instituciones albanesas en el territorio, en especial en la dimensión judicial y policial.

Con los intereses ucranianos protegidos por la Unión Europea y Estados Unidos, la búsqueda de una solución satisfactoria para los intereses de Donbass pasa por una acción similar, en particular en lo relativo a la prevención de la presencia del Estado ucraniano en el territorio, lo que incluye no solo al ejército sino también a la policía, como base de presión para garantizar que tenga que existir una negociación y para que el Gobierno ucraniano no logre por la vía política lo que no ha podido conseguir por la vía militar. Es imprescindible para ello la acción coordinada de las Fuerzas Armadas de Novorossiya con las fuerzas políticas.

Es precisamente ese aparato político el que ha de hacerse fuerte para exigir que el Estado ucraniano reconozca el derecho a la autodeterminación interna del pueblo de Donbass, cuya expresión natural sería la federalización o, al menos, la autonomía política más allá de las municipalidades. La apuesta ucraniana por la solución militar hace sin embargo difícil que todos los grupos con presencia en Donbass puedan sentirse cómodos con esta autonomía política que antes del inicio de las hostilidades probablemente habría satisfecho las exigencias de la mayoría en términos de uso de la lengua y autonomía económica.

El proceso no ha hecho más que comenzar, así que es prematuro valorar la valía del protocolo o el porqué de la firma de los representantes de las repúblicas populares en un documento que, a priori, se presenta contrario a sus intereses y a sus exigencias en un momento en que, militarmente, estaba resistiendo con firmeza ante el ejército ucraniano. La ambigüedad de gran parte de los términos, hace que sea necesario esperar para ver cuál es el estatus especial que se otorga a Donbass, ya que bajo este término caben modelos como el de Kosovo, el del País Vasco o incluso una independencia de facto como es el caso de Abkhazia. La idea de depender de una Rada formada tan solo por representantes partidarios de Maidan, posiblemente sin representantes del Partido Comunista o del Partido de las Regiones, no invita al optimismo.

Los seis meses desde estos primeros anuncios de descentralización sin que se haya concretado absolutamente nada y los nulos gestos de buena voluntad del Gobierno de Kiev con respecto a los derechos culturales de la población rusa de hacen pensar que Ucrania apuesta por el modelo de Kosovo, si es que no pretenden utilizar este tiempo de alto el fuego para reagrupar a sus tropas y lanzar una ofensiva final. Pero si no es el caso, y si los representantes de Donetsk y Lugansk conocen detalles que no han salido a la luz (ya sea el contenido de esa ley que debe garantizar el estatus especial para esas regiones o la presión de Rusia, si finalmente ha cedido a las presiones de Occidente), el pueblo de Novorossiya, con su sacrificio, es el primero que merece una explicación. Después de ellos, también los Bezler, Mozgovoi, Motorola o el apartado Strelkov, que han arriesgado sus vidas y las de sus hombres, merecen saber por qué han luchado, y siguen luchando, durante todos estos meses.

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