La educación en guerra

Marcado por las prioridades militares, el discurso de los años posteriores a la victoria de Euromaidan ha estado muy condicionado por la idea de las reformas planteadas por los gobiernos ucranianos, sus socios y patrones occidentales, el complejo de organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales que las han financiado. En esa tarea, Ucrania se ha visto beneficiada por el apoyo explícito que desde los primeros momentos le brindó toda la maquinaria mediática internacional, que le ayudó a presentar los cambios como necesarias reformas proeuropeas en busca de la consolidación de la democracia, abandono del legado soviético y, ante todo, separación de la Rusia autoritaria e iliberal, mostrada casi como una caricatura, la antítesis de lo que sería, si no lo era ya, la nueva Ucrania.

La guerra supuso para Ucrania un argumento más en esta dirección. Aunque lo precario de la situación de las primeras milicias en la primavera y verano de 2014 dejaba claro que no estaba repitiéndose el escenario de Crimea de evidente intervención de soldados rusos al mando de los acontecimientos, la idea de guerra contra Rusia estuvo presente desde los primeros momentos. Ese argumento fue útil a la hora de justificar acciones que pudieran haber sido polémicas, pero también para imponer toda una serie de recortes realizados entre exigencias de unidad ante el peligro exterior. Con el uso del adjetivo prorruso como el comodín más utilizado a la hora de demonizar cualquier mínima protesta política o económica contra los planes neoliberales del Gobierno o las exigencias de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, Ucrania ha logrado, prácticamente sin oposición, imponer toda una serie de cambios que han minado los derechos sociales, económicos y laborales de las masas trabajadoras del país. Esas reformas le han garantizado la concesión de más líneas de crédito con las que profundizar en el desmantelamiento de los escasos restos del Estado social que Ucrania heredó de la República Socialista Soviética.

Aunque generalmente ignorados por la prensa occidental, apoyo indispensable en el objetivo de crear una economía puramente de mercado que dejara en manos privadas los aspectos más básicos de la vida, ni siquiera alocadas propuestas como la de eliminar completamente las pensiones para que fueran las familias las que cargaran con la responsabilidad del cuidado y manutención de las personas mayores han creado excesiva polémica. Ucrania, por supuesto, obtuvo apoyo internacional activo en los pasos dados para eliminar los subsidios que hacían factibles los pagos de servicios públicos como el gas para la empobrecida población, especialmente para la población anciana. El aumento de los precios, unido al estancamiento de las pensiones, hizo inaccesible el pago de esos servicios básicos para una parte de la población mucho antes de que la intervención militar rusa empeorara aún más las condiciones económicas de las poblaciones vulnerables.

 También fue explícito el apoyo internacional a la reforma sanitaria de la doctora Suprun, ciudadana estadounidense cuya familia política está directamente vinculada a la diáspora banderista norteamericana. La base de aquella reforma no fue la privatización -el país era demasiado pobre para aspirar a ello-, pero sentaba las bases en esa dirección. El objetivo era mantener una precaria red mínima eliminando aspectos considerados superfluos. De esta forma se eliminaron centenares de servicios, dispensarios especializados en tuberculosis y centros rurales, cuyo gasto fue considerado excesivo y con lo que esa población se vería obligada a trasladarse a centros urbanos en busca de atención médica básica. Esa pérdida de servicios, especialmente en las zonas no urbanas, ha pasado factura a medida que la situación humanitaria se ha agravado en el país.

Las dificultades de la guerra han empeorado aún más una situación que precedía al 24 de febrero de 2022. Sin embargo, es en el contexto de la guerra con Rusia que algunos medios han comenzado a mencionar la necesidad de defender el sistema sanitario ucraniano. Eso sí, esa defensa se refiere únicamente a la protección frente a los bombardeos rusos (no a los ucranianos al otro lado del frente, como se ha podido comprobar con los bombardeos al hospital Kalinin de Donetsk) y no al abandono explícito y a la dejación de funciones del Estado. La guerra con Rusia ha servicio también para ocultar que servicios básicos que la sanidad del país debería cubrir hayan quedado en manos de Cruz Roja Internacional y sus voluntarios. Derechos garantizados por el Estado se convierten así en caridad cubierta por la solidaridad internacional, que finalizará en el momento en el que Ucrania deje de ser una herramienta útil en la guerra común contra Rusia.

Curioso también es el discurso vinculado a la educación. Un extenso reportaje publicado este mes en openDemocracy se refiere a la difícil situación de profesoras y profesores de Ucrania en el marco de la guerra y las dificultades económicas que implica. La educación ha sido un elemento clave en la estrategia ucraniana de reescritura de la memoria histórica y la reformulación del presente desde la victoria de Euromaidan. Con la reforma de la ley sobre el uso de la lengua, con el explícito objetivo de eliminar la lengua rusa del espacio público, como primer acto parlamentario, la Ucrania post-Maidan dejó claras sus intenciones. El intento fracasó al existir aún una oposición mínimamente organizada contra ese tipo de medidas maximalistas que no se detuvieron, sino que se han ido aplicando de forma gradual y que han afectado directamente a la educación. Esa reforma educativa que menciona, sin crítica alguna, el artículo de openDemocracy no buscaba crear una escuela de calidad para la población ucraniana, sino que tenía un doble objetivo: reducir el gasto y ponerla al servicio de los nuevos objetivos del Estado. De ahí que la reforma educativa haya estado directa y explícitamente vinculada a las reformas legislativas que buscaban apartar a la lengua rusa del ámbito público, especialmente de las escuelas. La prohibición gradual de la enseñanza en lengua rusa ha sido la base fundamental de una reforma educativa que para los medios y organizaciones occidentales solo ha sido polémica en dos aspectos: la discriminación a las lenguas oficiales en la Unión Europea -la marginación de la lengua húngara sí fue criticada, aunque no así la de la lengua rusa, vehicular en gran parte del país- y por no profundizar lo suficiente en la destrucción de los restos heredados de la educación soviética.

Como todos los demás aspectos de la vida, la educación se ha visto profundamente afectada por la guerra. Como menciona openDemocracy, una de las prioridades es ahora la seguridad, que implica la preparación de refugios en caso de bombardeos, una práctica a la que la infancia de Donbass tuvo que acostumbrarse hace ya nueve años, sin que el peligro de acudir al colegio fuera considerado por medios occidentales ni por las autoridades de Kiev como un problema a resolver. Un artículo publicado por The Washington Post insiste en la misma idea: las escuelas ucranianas están luchando contra los efectos de la guerra, que está marcando a una generación de estudiantes en Ucrania. Los efectos de la guerra parecen sentirse, a juzgar por el análisis de la prensa occidental, solo desde el 24 de febrero de 2022 y únicamente a un lado de la línea del frente.

Pese a disponer de los generosos créditos y subsidios de los países occidentales, openDemocracy denuncia la grave situación de profesoras y profesores, con un salario inicial de 190 dólares al mes y obligados a tomarse vacaciones sin sueldo para hacer cuadrar las cuentas municipales. Sin embargo, esos subsidios occidentales están manteniendo al menos una parte de los salarios públicos, algo que no ocurrió en 2014, cuando Ucrania detuvo unilateralmente los pagos de pensiones y salarios a empleados públicos como los docentes. La única reacción nacional e internacional fue el silencio y, desde entonces, los profesionales de la educación han sido uno de los blancos de las amenazas de Ucrania, que en cada formulación de su ley “contra el colaboracionismo” ha reservado espacio para prometer sanciones contra sus profesionales. La reacción occidental, tanto de la política como de las organizaciones de derechos humanos ha sido también el silencio.

Los escasos medios que mencionan la precariedad de profesiones como la enseñanza o la medicina prefieren olvidar que esas situaciones, aunque se hayan visto agravadas por la inflación que ha supuesto la extensión de la guerra a todo el país, no solo son anteriores a la invasión rusa, sino que son el resultado esperado de las reformas que han apoyado. “Es difícil sobrevivir ahora con el salario de docente”, afirma uno de los entrevistados. Lo era también antes de la intervención rusa. La reconversión y eliminación de escuelas superfluas, las escuelas rurales, que como los centros médicos han sido uno de los objetivos, era solo una parte de la precarización o incluso eliminación de unos servicios públicos que en la Ucrania post-Maidan nunca han sido una prioridad. Esos pasos dados antes de la guerra con Rusia y consolidados ahora justificando los recortes en las prioridades militares, no son más que el reflejo del objetivo explícito de creación de una economía puramente de mercado en la que los derechos y servicios a la población han de ser cubiertos de forma individual, al margen de la protección del Estado. Quienes se sorprenden ahora de los resultados han sido una de las bases que los han hecho posible y que van a seguir haciéndolo posible una vez acabada la guerra.