Un castigo pensado para unos pocos

Desolación en la carretera de Yasinovataya, una de las zona más bombardeadas de la guerra y las posteriores «treguas»

Con el objetivo de tener un argumento legal para negar la amnistía que prevén los acuerdos de Minsk y de seguir criminalizando a la población de Donbass, que tomó las armas para defenderse de la agresión ucraniana en 2014, el Parlamento de Ucrania ha aprobado una serie de enmiendas al Código Penal que determinan las responsabilidades penales de criminales de guerra y define esos delitos. Pensado evidentemente contra la RPD, RPL y Rusia, esos mismos artículos pueden aplicarse también a las tropas y autoridades ucranianas. Sin embargo, para que eso ocurra hará falta la voluntad de abogados, fiscales y jueces y grandes dosis de valentía en un país en el que la extrema derecha acostumbra a imponer su voluntad por medio de la amenaza tanto a las autoridades judiciales como a las políticas. Hasta entonces, las medidas serán solo una forma de seguir castigando, por la vía judicial, a la misma población a la que se ha intentado castigar por la vía militar.

Artículo Original: Alexey Zotiev

Pese a todos los tratados y pactos adoptados tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha raramente se libra siguiendo las normas. Habitualmente, en el marasmo de la guerra, los civiles sufren, las ciudades son destruidas y las infraestructuras son derruidas. Se da el hecho de que la población civil es atacada intencionalmente. Se hace con el único objetivo de destrozar cualquier resistencia en los territorios que se ocupan. Esos hechos son considerados crímenes de guerra y algunos de los que los han cometido han sufrido un merecido castigo.

En el contexto de la guerra en Ucrania, desde el inicio, incluso antes de la formación de las repúblicas no reconocidas, me ha interesado siempre una cuestión. ¿Llegará un tiempo en el que quienes derramaron sangre en las ciudades pacíficas de Donbass respondan por sus crímenes? Con el tiempo, los criminales seguían siendo considerados héroes y solo los milicianos, personas que se vieron obligadas a defender sus ciudades, han sido sometidos a la condena pública de la comunidad internacional. Aunque se hayan dado algunos intentos de condenar los “crímenes contra la humanidad” cometidos por las tropas ucranianas y los voluntarios y se hayan registrado numerosos informes de observadores internacionales. Pero los intentos han sido tan tímidos que no han llegado a nada. Puede que los héroes de ATO no hayan viajado a la Unión Europea, donde el derecho internacional parece aplicarse y hayan preferido quedarse en su Ucrania natal, territorio en el que sus pequeñas jugarretas no han sido consideradas nada fuera de lo normal.

Pero el otro día ocurrió algo inesperado. El Parlamento adoptó una ley sobre el castigo a los crímenes de guerra, la ley Número 2689, con la que los diputados legislaron sobre la responsabilidad criminal por los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Según el texto, se han añadido al Código Penal nuevos tipo de crímenes y toda una serie de artículos. Concretamente, los diputados han introducido toda una nueva categoría de crímenes de guerra: el uso de métodos de guerra prohibidos.

A primera vista, la introducción de este tipo de normas está dirigido contra la milicia, los defensores de las repúblicas no reconocidas de Donbass. Pero, en realidad, los nuevos artículos revelan las ilimitadas perspectivas de los militares ucranianos y los batallones voluntarios. Por ejemplo, según las nuevas normas, los ataques deliberados contra objetivos desprotegidos y no militares como localidades o edificios, bombardeos, ataques contra civiles o causar daños a objetos civiles ha de ser castigado con penas de entre siete y quince años de prisión.

Se prevén penas similares para ataques contra iglesias, edificios educativos, artísticos, científicos o de caridad, monumentos históricos, hospitales o lugares donde se acomoda a enfermos o heridos y otros objetos civiles si no son objetivos militares. La misma pena se prevé para ataques sobre la población civil o civiles individuales que no estén involucrados en las hostilidades así como para acciones dirigidas a crear hambre entre la población civil como método de guerra privando a la población de bienes necesarios para la supervivencia, incluyendo la creación de obstáculos para el suministro de asistencia según la Convención de Ginebra para la Protección de Víctimas de Guerra.

Estas no son todas las faltas que ahora se podrán juzgar en el territorio de Ucrania. Es evidente que prácticamente cada soldado de las Fuerzas Armadas de Ucrania que ha participado en la llamada operación antiterrorista [y las autoridades que implantaron un bloqueo comercial, bancario y de transporte para tratar de acabar con la economía de Donbass-Ed], por no hablar de los miembros de las unidades voluntarias, pueden ser acusados de bombardear ciudades pacíficas y asesinar civiles. Pero lo más terrible, la bomba de relojería que esconde este documento, es que, según las nuevas normas, los comandantes deben ser responsabilizados por los crímenes contra la humanidad cometidos por sus subordinados.

La nueva ley puede ser aplicada a los comandantes militares ucranianos. Así lo confirmó en su discurso desde la tribuna parlamentaria el copresidente de la facción del partido de Poroshenko “Solidaridad Europea” Artur Gerasimov. No sé qué les ha pasado a los diputados ucranianos, pero en su impulso legislativo han aprobado unas duras enmiendas al Código Penal que implican castigar por los crímenes cometidos antes de la entrada en vigor de estas normas y no permiten la posibilidad de amnistía.

Puede que los diputados del Parlamento no comprendan del todo qué han introducido en el Código Penal del país y crean que solo es una forma de legalizar llevar a los separatistas ante la justicia. O puede que estén preparando un modo de eliminar a indeseados, molestos y odiosos comandantes y veteranos de ATO, que ahora pueden caer en desgracia y ser enviados tranquilamente a prisión. En cualquier caso, es una situación interesante porque, en un país golpeado por una guerra civil, ha aparecido un mecanismo legal que permite juzgar a criminales de guerra, de los que hay una gran cantidad en Ucrania. Esperemos que antes o después, este mecanismo empiece a funcionar.