Artículo Original: Andrey Manchuk
Joe Biden aún no se ha asegurado oficialmente el estatus de presidente de Estados Unidos, pero ya está formando su equipo de transición. Entre otros, incluye al propagandista Richard Stengel, que colaboró en los medios Radio Liberty y Voice of America y que orgullosamente se autodefinió como “principal propagandista” del Departamento de Estado. Según los observadores, podría convertirse en una de las figuras clave que determine la política informativa del futuro gabinete.
“No estoy en contra de la propaganda. Todos los países participan en ella y debe hacerse hacia la propia población. No creo que sea nada terrible”, afirmó abiertamente este representante del establishment liberal, que a la vez critica la primera enmienda de la Constitución, que garantiza a los ciudadanos el derecho a expresar libremente sus creencias. Según Stengel, debería ser revisada con el propósito de luchar contra la desinformación. Está claro que la prensa mundial va a seguir luchando contra la disidencia, marginando cualquier visión alternativa. Como ya hacen las plataformas digitales.
Ucrania sigue obedientemente el camino de su Estado protector y también aprieta las tuercas de la censura, limitando a la prensa con banderas rojas de prohibición. El Comité de Política Humanitaria del Parlamento, presidido por el odiado diputado Poturaev, ha aprobado una propuesta de ley que plantea prohibir “el flujo de expresiones que nieguen el hecho de la agresión militar de la Federación Rusa en Ucrania, la ocupación de la Federación Rusa del territorio ucraniano y la guerra híbrida de la Federación Rusa contra Ucrania”.
¿Qué quiere decir esto en la práctica? Cualquiera que viole esta prohibición (por ejemplo, mencionando que Ucrania jamás ha declarado la guerra a Rusia y que mantiene unas relaciones comerciales por valor de millones de dólares), algo que no es tan extraño en la televisión ucraniana, puede suponer para el canal una multa del 25% de su licencia o la revocación de esta. El tema ha sido llevado al Consejo Nacional de Radiodifusión, controlado hace tiempo por las autoridades y convertido en un organismo punitivo para la censura de los periodistas. Y la definición de “negación de la agresión rusa” está escrita de la forma más ambigua posible, para que casi cualquier frase pronunciada por descuido pueda caer bajo la prohibición.
Pero eso solo es el principio. Al mismo tiempo, el Parlamento ha empezado a considerar una propuesta de ley sobre las nuevas funciones del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que realizará oficialmente funciones de censura política en el espacio informativo. Esta ley, propuesta por oficiales de alto cargo del entorno del presidente Zelensky -el líder de la facción de Servidor del Pueblo David Arakamya, el confidente de Zelensky en el Tribunal Constitucional, Fyodor Venislavsky, y la excandidata a la alcaldía de Kiev Irina Vereschuk-, autoriza la “monitorización del terrorismo y el separatismo” en el contenido de la prensa.
Los conceptos de terrorismo y separatismo también están definidos según los términos más ambiguos. Y eso significa que el SBU podrá utilizar casi cualquier afirmación crítica con las autoridades alegando que hacen el juego a los enemigos de Ucrania. Los periodistas de la prensa opositora tendrán que probar que sus publicaciones o sus textos no son un ataque terrorista contra la conciencia patriótica de los ucranianos. Después podrán ser castigados a decisión del Consejo de Radiodifusión con multas o cierre de canales de televisión o sitios web.
Todo esto no es más que la punta del iceberg de la censura. Los diputados ucranianos no están luchando activamente contra la catástrofe del coronavirus, sino que están preparando toda una serie de leyes dirigidas a la lucha contra la libertad de expresión. Hace unos meses, el Parlamento recibió una propuesta de ley especial dirigida a limpiar ideológicamente la prensa online. Entre otras cosas, debía prohibir cualquier referencia positiva a miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética -desde secretarios de distrito-, así como a los empleados de las agencias de la ley de la Unión Soviética, incluyendo cualquier investigador policial. Y los periodistas no podrán publicar ningún material que justifique el régimen comunista o muestre símbolos comunistas ilegalizados como la estrella roja o la hoz y el martillo.
La ley propone también prohibir cualquier referencia que “muestre desprecio hacia la lengua del Estado”, es decir, cualquier crítica a la ucranización forzada. También prohíbe “la popularización o propaganda de órganos del Estado agresor, sus oficiales, personas y organizaciones controladas por el agresor y acciones individuales que justifiquen o legitimen la agresión armada, anexión y ocupación del territorio de Ucrania”.
Un párrafo especial de este extraordinario documento criminaliza cualquier afirmación favorable a lo que ocurre en la Federación Rusa o en la parte de Donbass no controlada por Kiev, haciendo que la cobertura objetiva de lo que ocurra en Rusia sea considerada propaganda criminal del Kremlin. Aunque sea hablar de la construcción de nuevas estaciones de metro en Moscú, el desarrollo de nuevas vacunas o de la mediación rusa para parar la guerra en Nagorno Karabaj.
Sin embargo, eso no es lo más importante. El Consejo Nacional de Radiodifusión de Ucrania no planea limitarse al espacio informativo del país en su lucha contra las webs opositoras. Los oficiales ucranianos pretenden dirigirse a buscadores y redes sociales extranjeras para exigir bloquear y borrar la información prohibida por Ucrania. Así que la censura ucraniana aspira a llegar a las plataformas informativas líderes en el mundo y a las principales redes sociales. No hay duda de que esta iniciativa recibirá el completo apoyo del equipo de transición que ahora forma, al otro lado del Atlántico, el futuro presidente.
Ucrania espera el tiempo de la censura completa. Aumentará constantemente a medida que empeore la situación socioeconómica y mientras siga cayendo la popularidad de los “servidores del pueblo”. Sin embargo, lo absurdo de estas prohibiciones es evidente incluso para los más apolíticos y la política prohibitiva de Bankova puede tener un efecto contrario, con el aumento del interés por la información de los medios opositores que sobrevivan. Porque la tecnología moderna nos permite superar cualquier barrera de la censura, privando de sentido a las propuestas inquisitoriales de Poturaev.
Comentarios
Aún no hay comentarios.