Aunque los acuerdos de Minsk siguen sin cumplirse y no hay garantía alguna de que la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del “formato Normandía” vaya a dar una salida al conflicto en Donbass, Ucrania continúa preparando el día después de la recuperación del control de los territorios ahora bajo control de la RPD y la RPL. Sin interés por negociar con los actuales representantes de Donbass y sin mayor preocupación por la población -de tenerla, Ucrania habría reanudado el pago de pensiones a los residentes en las Repúblicas Populares y habría levantado el bloqueo económico, comercial y bancario hace mucho tiempo-, Kiev sigue la misma línea marcada por la anterior administración, algo que ya ha quedado claro con las declaraciones de numerosos representantes.
En esta ocasión, un comentario sobre la justicia y el castigo a quienes hayan cometido crímenes en la guerra deja claro el interés de Kiev por uno de los puntos importantes de los acuerdos de Minsk: la amnistía. Como la administración Poroshenko, la administración Zelensky tiene las ideas claras y sigue intentando no garantizar esa amnistía y busca vías para juzgar y condenar a quienes hayan luchado contra Ucrania.
Así recogía esta semana los comentarios de la Fiscalía Antifashist:
La Fiscalía General de Ucrania se ha manifestado sobre la práctica del concepto de “justicia de transición” en relación a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. La idea se enmarca en la hoja de ruta de reintegración de Donbass. Así lo afirmó el comunicado de la Fiscalía General de Ucrania.
La Fiscalía informa de que, en la reunión del grupo de trabajo sobre la reintegración de los “territorios ocupados” se había discutido y propuesto un paquete legislativo de “justicia de transición”. Por el momento, se han preparado dos iniciativas: un borrador de los principios de la política estatal en referencia a la protección de los derechos humanos (en un contexto de superación de las consecuencias del conflicto) y una ley sobre la protección de prisioneros, que debería ser entregada al presidente Volodymyr Zelensky.
“De hecho, la hoja de ruta que se está usando para la resolución del conflicto es superar las consecuencias, conseguir la paz, investigación de los crímenes cometidos durante el conflicto armado y protección de los derechos humanos”, afirmó el Fiscal General Ruslan Riaboshapka. Al mismo tiempo, según el Fiscal Adjunto, Giunduz Mamadov, la “justica de transición» incluye que respondan de sus actos quienes hayan cometidos serios crímenes internacionales. Se trata de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, añadió.
Los últimos años demuestran que Ucrania jamás ha tenido intención alguna de castigar los crímenes cometidos por el Ejército Ucraniano, la Guardia Nacional o los batallones nacionalistas que han luchado en su bando y que han cometido todo tipo de crímenes comenzando por el bombardeo de civiles y pueblos y ciudades en la que ni siquiera había posiciones militares. El bombardeo de la administración regional de Lugansk, en pleno centro de la ciudad y a la luz del día, el 2 de junio de 2014 es solo un ejemplo. Así que queda claro que estas iniciativas son aplicables únicamente a quienes hayan defendido Donbass de los ataques ucranianos. A apenas unos días de la cumbre de París, en la que Ucrania pretende lograr un compromiso de Moscú para la recuperación del territorio de Donbass, Kiev sigue dejando claro que pretende imponer su visión del conflicto y su justicia sobre únicamente una de las partes beligerantes. Ucrania pretende aplicar la justicia del vencedor pese a que ni siquiera ha sido capaz de ganar la guerra.
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