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Imposición de la agenda nacionalista

Cartel que llama a no hablar la lengua rusa, que califica como “lengua del imperio” con la estatua del escritor ucraniano Taras Shevchenko

Entre el caos de las primeras horas tras el golpe de Estado de febrero de 2014, el nuevo régimen ucraniano -con Turchinov en la presidencia interina y Arseniy Yatseniuk al frente del Gobierno tal y como había propuesto Victoria Nuland- anunció la derogación de la legislación que protegía el estatus de las lenguas regionales o de las minorías nacionales en las regiones donde fueran mayoritarias. En una república formada a partir de la unión de varias provincias de habla ucraniana y otras de habla y cultura rusa (a las que más adelante se sumaría una zona de habla húngara y zonas en las que, como en Besarabia convive una gran cantidad de lenguas), esa medida afectaba especialmente a la lengua rusa, lengua vehicular en todo el sudeste del país.

La propuesta fue retirada poco después ante las advertencias rusas y, posiblemente, también de los países occidentales, cuando ya se habían producido las primeras protestas en lugares como Járkov, Odessa, Donetsk o Crimea. Desde esas primeras propuestas, la población contraria al cambio de régimen pudo ver una reedición de la agenda nacionalista de la Revolución Naranja. Aunque esas propuestas no se concretaran en un primer momento, eran ya un indicio del camino que iba a seguir el Gobierno nacido de Maidan.

Tres años después de su victoria en 2014, consolidado ya tras las elecciones locales, legislativas y presidenciales, el Gobierno ucraniano presentó, a finales de 2017, una ley de reforma de la educación que ha sido criticada por la Comisión de Venecia por incumplir la protección a las lenguas regionales o de minorías nacionales. Bajo pretexto de potenciar -en realidad, de imponer- la lengua ucraniana como única lengua vehicular del país, el objetivo de la ley es apartar progresivamente la lengua rusa de la educación y limitar el uso de lenguas minoritarias de la Unión Europea (una pequeña concesión a la población húngara de Transcarpatia).

En ese contexto, el reciente fallo del Tribunal Constitucional no hace sino favorecer la agenda nacionalista de un país cuyo presidente no se ha cansado de repetir la idea de que en Ucrania no hay más que una lengua de Estado. El reciente fallo -oportunista y político-, que deroga la ley que protegía el uso de las lenguas regionales y de minorías nacionales confirma que la población del sudeste de Ucrania, especialmente de Donbass, no se equivocaba al denunciar la agenda nacionalista del nuevo régimen.

Una sentencia política y útil para Kiev

Artículo Original: Varjag007

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley “Sobre los principios de la política lingüística del Estado” (la ley de Kivalov-Kolesnichenko”, según explicó el líder de Svoboda Oleh Tyahnibok.

“Se ha celebrado la última sesión del Tribunal Constitucional sobre la iniciativa y la idea de los diputados de Svoboda de declarar inconstitucional la polémica ley de Kivalov-Kolesnichenko. 100% basado en evidencias. Esta ley anti-ucraniana ha sido declarada inconstitucional y ha quedado derogada”, afirmó Tyahnibok según citó el servicio de prensa de su partido.

Hay que recordar que, en octubre de 2014, el Tribunal Constitucional inició el procedimiento para determinar si la ley “Sobre los principios de la política lingüística del Estado”, más conocida como “ley Kivalov-Kolesnichenko de la lengua” era constitucional.

El juez encargado del caso fue Igor Slidenko. Lo que ese tribunal ha decidido exactamente no se ha especificado. En un comunicado de prensa, el Tribunal afirmó que el texto de la decisión ser haría público en el futuro, ya que actualmente son necesarias modificaciones técnicas.

Los jueces del Tribunal Constitucional no han aclarado cómo es posible que esta decisión sea compatible con el Artículo 10 de la Constitución, que afirma que “en Ucrania, se garantiza el libre desarrollo, uso y protección de la lengua rusa y otras lenguas de las minorías nacionales de Ucrania”, o el Artículo 24, según el cual no puede haber privilegios o restricciones por motivos lingüísticos.

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