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La reforma de las pensiones

tarify-na-gaz-dlja-naselenija-snova-vyrastut_rect_cfb05c02ee6511e4f789c79fd891c139La reforma de las pensiones -según los términos habituales de recortes, limitaciones y aumento de la edad de jubilación- es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional a cambio de la línea de créditos de la que depende la economía ucraniana. Pese a que la exigencia es habitual -y también suele serlo la resistencia de los gobiernos a aplicar ese tipo de medidas-, no lo es tanto la clara disposición del Gobierno ucraniano a aplicar estas medidas contra uno de los sectores más vulnerables de la población.

Hace unas semanas, el propio primer ministro Volodymyr Groisman admitía que ocho de los doce millones de pensionistas ucranianos cobran una pensión que apenas supera las 1300 grivnas (unos 44 euros según el cambio actual de la grivna, que desde la victoria de Maidan ha sufrido una fuerte devaluación en relación tanto al dólar como al euro). Sin embargo, pocos días después, el diario ucraniano Strana publicaba la disposición ucraniana a rebajar las pensiones en un porcentaje que había alarmado incluso al FMI. Según el diario, la rebaja propuesta por Kiev podría alcanzar el 30-40%. Ante el secretismo de Kiev ante una reforma que evidentemente va a suponer una rebaja para unas pensiones ya de por sí extremadamente bajas, otros medios apuntan ahora a cómo podría realizarse el nuevo cálculo de las pensiones, que por su definición implica un fuerte recorte generalizado.

Al margen de esta próxima reforma, hay que recordar también que Ucrania ha utilizado el tema de las pensiones como elemento de presión contra las Repúblicas Populares y como una forma de castigo colectivo para la población más vulnerable de Donbass. A finales de 2014, un decreto del presidente ucraniano hacía oficial una medida que ya se estaba aplicando. Ese verano, el Gobierno ucraniano había interrumpido el pago de pensiones a los pensionistas residentes en los territorios bajo control de las milicias. Los pensionistas de Donbass vieron entonces cómo su pensión quedaba reducida a cero. Pese a los acuerdos de Minsk, que exigen expresamente la reanudación del pago de pensiones a todos los pensionistas de la zona, Kiev sigue negándose a negociar el tema. Ahora pretende también reducir todo lo posible el gasto en pensiones en los territorios que sí están bajo su control.

Artículo Original: Timer-Odessa

El Consejo de Ministros de Ucrania no ha presentado ante el público todos los aspectos de la reforma de pensiones: el Gobierno ha preferido esconder algunos matices del proyecto para no causar un escándalo. Timer ha obtenido información por sus propias fuentes.

Hay que recordar que, el 17 de mayo, el Consejo de Ministros presentó un nuevo proyecto de ley para la reforma de las pensiones que incluía, por ejemplo, la diversificación de la edad de jubilación. Quienes han cumplido ya 60 años solo se podrán jubilar si han cotizado 35 años; quienes hayan cotizado entre 25 y 35 años, a los 63, etc.

Sin embargo, pese a la presentación publicada, el Consejo de Ministros no se ha apresurado a hacer público el texto de la ley. Kiev solo ha mostrado el texto a los oficiales del FMI que llegaron a Kiev para asegurarse de que el proyecto cumple con todas las exigencias del FMI y el Gobierno. Pero no se ha mostrado la ley a los ciudadanos de Ucrania. Según nuestras fuentes, eso sacaría a la luz ciertas innovaciones que el Consejo de Ministros prefiere ocultar. Concretamente, una de ellas supone la automática reducción del factor de antigüedad incluido en la fórmula para calcular las pensiones.

Actualmente, la cantidad a cobrar por las pensiones ucranianas se calcula según una fórmula basada en el salario medio de Ucrania en los tres años anteriores a la jubilación del ciudadano. Esta figura se multiplica por dos coeficientes [en base a otros dos criterios]. Uno de ellos es el llamado coeficiente del salario, definido como la proporción del salario medio mensual del pensionista antes de la jubilación en relación al salario medio de Ucrania en general. Este índice es necesario para que quienes obtenían mayores salarios (y a consecuencia de ello contribuían más al Fondo de Pensiones) puedan contar con una pensión más alta. El segundo factor es el llamado coeficiente de experiencia, calculado como el producto del número de año trabajados por 0,0135. Este dato es necesario para que los pensionistas que han trabajado durante más tiempo puedan también contar con una pensión más alta.

Esa constante por la que se multiplican los dos factores para el cálculo de las pensiones es la que se plantea cambiar: en lugar de 0,0135, se propone que sea 0,01. Este cambio supondría una automática reducción de todas las pensiones aproximadamente en un 26%. Según nuestras fuentes, se pretende introducir esta novedad tan pronto como 2018.

Otra idea que el Gobierno prefiere esconder es que todas las pensiones sin excepción, sin importar su cantidad, estén sujetas a impuestos. En estos momentos tan solo pagan impuestos las pensiones que superan la cantidad de diez salarios mínimos -es decir, las pensiones superiores a 17.000 grivnas-, mientras que el resto de pensiones no pagan impuestos.

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