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Anticomunismo, lustración y derechos humanos. Un antecedente histórico

El Reichstag tras el incendio

Los paralelismos entre la Alemania nazi y la Ucrania moderna

El 21 de mayo el Parlamento de Ucrania adoptó la resolución Nº 462-VIII, que deroga una serie de obligaciones contraídas por el Gobierno de ese Estado como parte adherida al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se trata de la última de una serie de medidas orientadas a ampliar el margen de actuación de un Estado, de vocación crecientemente autoritaria, contra sus enemigos políticos.

Estas medidas reflejan el llamativo paralelismo existente entre la línea política adoptada por la Ucrania moderna y la desarrollada en los primeros años 30 del pasado siglo por las autoridades de la Alemania nazi. En un contexto macado por el enaltecimiento de movimientos ultraderechistas defensores de las tesis nacional-socialistas (social-nacionalistas en la terminología ucraniana), este paralelismo se observa en los otros tres puntos siguientes: la prohibición de las organizaciones comunistas, la introducción de medidas de separación de la función pública de una parte de la población y el establecimiento de medidas de excepción en materia de derechos humanos.

La prohibición de las organizaciones comunistas es consecuencia de la ratificación por el Presidente Poroshenko de la ley aprobada en abril de 2015 de condena del régimen comunista en Ucrania. Esta condena se extiende en lo formal al régimen de la Alemania nazi pero carece de efecto alguno en un país en el que la ideología social-nacionalista está bien enraizada en las estructuras estatales actuales.

En la práctica, la ley ratificada implica la desaparición de las organizaciones de raíz comunista en Ucrania a través de dos tipos de provisiones interrelacionadas. Por una parte, se impide el uso del nombre de Partido Comunista al quedar éste nombre asociado a los símbolos del régimen soviético cuya propaganda se prohíbe a partir de ahora. Por otra parte, se prohíben también las organizaciones sociales y medios de comunicación comunistas al introducir la ley la prohibición de la utilización de los símbolos propios de ese movimiento, incluyendo entre ellos los símbolos de la estrella roja y de la hoz y el martillo. Las organizaciones que opten por mantener su ideología o símbolos marxistas quedan condenadas a la clandestinidad o al exilio.

Aunque es probable que los consejos de los países amigos de Occidente contribuyeran a matizar la intención original de ampliar la prohibición a la propia existencia de la ideología comunista, la dimensión totalitaria de la norma lleva a extender la prohibición de la simbología a todo lo que se identifica al movimiento comunista, con independencia de que sea anterior al régimen soviético o propio de realidades sociales ajenas a la antigua Unión Soviética. Se prohíbe así, por ejemplo, la bandera de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia, aunque no exista relación alguna entre aquella República y la Ucrania soviética de 1917 a 1991. Entre las localidades que han de cambiar su nombre antes de finales de año se encuentra, por ejemplo, la localidad de Karl Marx, en la RPD. Ucrania ni siquiera controla ese territorio.

La hipocresía del actual régimen ucraniano, tan abierto por ejemplo a buscar la colaboración de China, sólo le permite convivir con los símbolos comunistas cuando se trata de los propios de un Estado del que espera recibir apoyo económico.

El régimen nazi prohibió de forma oficial al Partido Comunista el 6 de marzo de 1933, un día después de su victoria electoral. En pocos meses, Hitler acabaría con los demás partidos y disolvería el Reichstag, haciéndose con el poder absoluto.

En el contexto de la Europa democrática del siglo XXI, la Ucrania actual no puede ir tan lejos pero tampoco lo necesita. Tras una ola de extraños suicidios y ya desacreditado y desdibujado, el antiguo Partido de las Regiones apenas puede presentar alguna apariencia de oposición al bloque de partidos, de afinidad banderista, actualmente integrados en la coalición gubernamental. Sin embargo, en su voluntad de control absoluto sobre el Estado, las nuevas autoridades ucranianas siguen también el modelo de la Alemania nazi en otros aspectos decisivos, entre ellos los relativos a la depuración del Estado. Y es ahí precisamente donde se dirige el más nítido ataque contra las bases políticas del Partido de las Regiones.

La política de lustración, a través de una ley sobre Limpieza del Gobierno, se adoptó el 16 de septiembre de 2014 por la Rada ucraniana, quedando ratificada por Petro Poroshenko en octubre de ese año. En su artículo 1, la legislación establece con claridad la prohibición de participación en la función pública, o el acceso a altos cargos del Estado, de personas vinculadas a las acciones de “usurpación del poder” del Presidente Yanukovich. Aunque también se extiende a personas que hubieran tenido posiciones clave en la organización del Estado en el periodo comunista, la prohibición se extiende en lo fundamental a las estructuras del poder del Estado en Ucrania durante la mencionada presidencia, teniendo en cuenta la posición desempeñada, el tiempo del mandato o la renuncia voluntaria o no al mismo. La carga de la culpa se vincula a la propia posición desempeñada, más que a la efectiva comisión de actividades delictivas durante el periodo de ocupación del cargo. El Ministerio de Justicia, y no una Comisión judicial independiente, asume la responsabilidad sobre el proceso de verificación de las situaciones sujetas a prohibición de participación en la función pública o en la vida del Estado. La norma parece no afectar a los miembros del actual Gobierno, algunos de los cuales llegaron a liderar ministerios en tiempos de Yanukovich.

Yanukovich y otros representantes ucranianos, Poroshenko entre ellos, inauguran la nueva terminal del aeropuerto de Donetsk, ahora destruido.

Yanukovich y otros representantes ucranianos, Poroshenko entre ellos, inauguran la nueva terminal del aeropuerto de Donetsk, ahora destruido.

Una norma similar, la Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional (Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums) fue aprobada por el régimen nazi el 7 de abril de 1933. La ley, firmada por Hitler, establecía por una parte el retiro forzoso de la población de origen no aria, salvo en algunos casos especiales. En la dimensión política, la más relevante para la comparación con el caso ucraniano, la norma establecía además la posibilidad de expulsar del servicio a aquellos funcionarios que no ofrecieran, por su actividad política anterior, la garantía de un compromiso sin reservas con el nuevo gobierno nacional. Aunque con una extensión más amplia, la aproximación no difiere en exceso del modelo ucraniano, salvo en que el papel atribuido al Ministerio de Justicia correspondió en la Alemania de Hitler al de Interior. La teórica posibilidad de un recurso legal quedaba igualmente abierta en la legislación nazi.

Más allá de lo señalado, también existen paralelismos, y esto es probablemente lo más grave, entre la Alemania nazi y la moderna Ucrania en la forma de abordar, con medidas excepcionales, la represión contra los enemigos políticos del Régimen.

En la Resolución 462-VIII, de 21 de mayo de 2015, la derogación por Ucrania de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos implica la suspensión de los siguientes derechos en el caso de la población del Donbass o de la afectada por la política antiterrorista de Ucrania:

  1. El derecho a la libertad y la seguridad.
  2. El derecho a la libre circulación dentro del territorio.
  3. El derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada y familiar.
  4. El derecho a no ser sometido a prisión o detención arbitrarias.
  5. El derecho a la presunción de inocencia y a una serie de garantías judiciales mínimas, con un proceso judicial equitativo.
  6. El derecho a un recurso judicial efectivo ante la violación de los derechos o libertades reconocidos.

La supuesta amenaza que, para la vida de la Nación ucraniana, supone la actual situación en Crimea y en el Donbass justifica, en opinión de la Rada, la derogación de estos derechos. Las autoridades ucranianas buscan tres grandes objetivos:

  1. Legalizar el establecimiento de agencias estatales especiales, de carácter jurisdiccional tanto civil como militar, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Estas agencias podrán a partir de ahora adoptar medidas especiales en materias relativas a la libre circulación de las personas y el control de personas físicas e inspección de propiedades, vehículos, equipajes y cargas, tanto en el espacio público como oficinas y viviendas, obviando las restricciones generales establecidas por la Constitución de Ucrania,
  2. Ampliar hasta 30 días la detención preventiva de personas sospechosas de actuaciones definidas como terroristas en el área de actuación ATO del Estado de Ucrania,
  3. Establecer un procedimiento judicial especial, ampliando el papel de los fiscales en los procedimientos de investigación previos a juicio. Se reduce con ello el papel general de los jueces en términos de garantías judiciales.

La estrategia de derogación de derechos en el Donbass va aún más allá, afectando a la libertad general de circulación y al acceso a derechos sociales básicos. El Estado ucraniano se niega de hecho a garantizar el acceso a pensiones y otros derechos sociales básicos de la población de las regiones de Donetsk y Lugansk, vulnerando con ello los compromisos adquiridos en Minsk. Amenaza además con la posibilidad de derogar la aplicación de otros derechos y libertades acordados en los Pactos internacionales.

El 28 de febrero de 1933, el entonces Presidente del Reich, von Hindenburg, y su nuevo Canciller, Adolf Hitler, aprobaron el conocido como Decreto del Incendio del Reichstag, llamado en realidad de Protección del Pueblo y del Estado (Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat). El Decreto pretendía hacer uso de las facultades especiales atribuidas en la normas de rango constitucional, en aquel caso para defender a Alemania “de los sediciosos actos de violencia comunistas”.

La legislación suspendía también la aplicación de algunos artículos de la Constitución de Weimar relativos a ciertos derechos y libertades. Entre los derechos afectados los relativos a la libertad personal y a la interferencia en las comunicaciones, con mayor libertad de actuación para el Estado en la práctica de registros e incautaciones así como en restricciones a la propiedad. Temas, por tanto, similares a los hoy planteados por el Estado de Ucrania en su lucha contra los “terroristas” del Donbass.

Por suerte, el contexto europeo actual no es el que permitió la deriva de la Alemania nazi en los años 30. Pero la rehabilitación en Ucrania de las organizaciones que colaboraron con aquella Alemania, o con la España de Franco, así como la ideología social-nacionalista que profesan muchos de los altos cargos actuales del Gobierno de Ucrania, muestran que los paralelismos detectados en ningún caso pueden ser atribuidos al azar.

El recurso a la violencia extrema contra los enemigos es solo uno de los muchos puntos en común.

Odessa, 2 de mayo de 2014.

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Comentarios

7 comentarios en “Anticomunismo, lustración y derechos humanos. Un antecedente histórico

  1. ¿De dónde habéis sacado la palabra “Lustración”? No existe en el idioma castellano, por favor corrediglo y aplicar otra

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    Publicado por tenacarlos | 09/06/2015, 09:24
  2. Lo que quieran, pero no dejan de ser exclavos de los usureros (tal como Hitler y a pesar de las apariencias).
    Si estaban empezando a ser una nación ahora solo son un apéndice de la bestia.

    Me gusta

    Publicado por Alonso | 10/06/2015, 04:32

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