El documento más radical

Artículo Original: Andrey Manchuk

El presidente Volodymyr Zelensky ha cesado con efecto retroactivo a los jueces inaceptables del Tribunal Supremo de Ucrania nombrados durante los tiempos de Viktor Yanukovich. Estos actos arbitrarios han sorprendido a los expertos legales, especialmente unidos a las sanciones contra ciudadanos ucranianos impuestas en las reuniones del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Con ello, el gobierno ucraniano demuestra a la sociedad su nihilismo militante y sus iniciativas contradicen abiertamente la Constitución de Ucrania, con lo que en el país se amenaza una nueva ola de inestabilidad.

La situación no ha sorprendido a la mayor parte de la ciudadanía, ya que los principales artículos de la Constitución prácticamente nunca se han tenido en cuenta en la práctica y se han convertido en un conjunto de frases vacías. Todo ello a pesar del aparente progresismo de la Constitución, que fue adoptada con la participación de defensores de la democracia entre los que se puede mencionar el nombre de Vladimir Chemeris.

Hace tiempo que los ucranianos saben que la Constitución no se aplica. Sus artículos han quedado en papel mojado y su eufórica formulación no se corresponde con la dura prosa de la realidad. Sin embargo, la situación ha cambiado a peor. Pese a que la Constitución es el documento legal de mayor importancia jerárquica, sus principales tesis contradicen fundamentalmente las políticas de las autoridades ucranianas y dejan clara la anarquía del Estado.

Todos los buenos deseos plasmados en la Constitución del país suenan a broma en la actual situación de privación y pobreza de la ciudadanía. Al fin y al cabo, el documento se desarrolló en función de las necesidades de una élite social recién creada, para legalizar la toma en masa, por la vía de la privatización, de las propiedades públicas, con las que se había hecho una alianza de antiguos funcionarios del partido y una serie de empresarios criminales.

Incluso el primer artículo de la Constitución –“Ucrania es una Estado soberano e independiente, democrático, social y de derecho”- nunca ha pasado la prueba del algodón. Las patéticas palabras “la persona, su vida y su salud, honor y dignidad son inviolables y su seguridad es la mayor prioridad social en Ucrania” han sido percibidas por la sociedad como una ironía poco camuflada. Y la máxima de que garantizar los derechos humanos y las libertades es la principal responsabilidad del Estado ucraniano parece, a ojos de la población, una cínica broma.

El Artículo 15 de la Constitución afirma: “La vida pública en Ucrania está basada en los principios de la diversidad política, económica e ideológica. Ninguna ideología puede ser adoptada por el Estado como obligatoria. La censura está prohibida. El Estado garantiza la libertad de actividad política que no esté prohibida por la Constitución y las leyes de Ucrania”. Estas palabras ahora suenan como una acusación directa al actual gobierno ucraniano, que persigue a la oposición, prohíbe medios de comunicación y busca la unificación de la sociedad sobre la línea del nacionalismo.

El Artículo 24 nos garantiza a los ciudadanos igualdad de derechos y libertades constitucionales y ser iguales ante la ley. “No puede haber privilegios o restricciones basadas en la raza, el color de piel, creencias políticas o religiosas, género, origen étnico o social, estatus de propiedad, lugar de residencia, lengua ni otras características”, promete la Constitución. Pero todos saben que vivimos en un país de completa desigualdad social y política, que afecta a millones de personas del sudeste del país, refugiados de Donbass, activistas de los partidos de izquierdas prohibidos, población romaní y personas de apariencia de no pertenecer a la apariencia “titular”, sistemáticamente atacados por los racistas.

“Se garantiza a todos el derecho a la libertad de pensamiento, libertad de expresión de sus puntos de vista y sus creencias. Todos tienen el derecho a recoger, guardar, utilizar y distribuir información de forma oral, escrita y cualquier otra forma a su elección”, dice el Artículo 34. Pero en el país hay presos políticos que sufren precisamente por sus creencias, por escribir artículos en la prensa de la oposición o incluso por posts “sediciosos” en las prohibidas VKontakte y Odnoklassniki.

La Carta magna garantiza libertad para el uso de la lengua y protección a la lengua rusa y otras lenguas de las minorías nacionales de Ucrania. Sin embargo, en la práctica, nos encontramos con discriminación contra las lenguas que no son la lengua oficial del Estado, que han sido cuidadosamente excluidas del sistema educativo, la vida pública y el campo de la información.

Según la Constitución, ni las Fuerzas Armadas de Ucrania ni otras formaciones militares pueden ser utilizadas para restringir los derechos y libertades de la ciudadanía. Pero los miembros de los batallones nacionalistas se ríen de las normas constitucionales que prohíben la creación y funcionamiento de grupos paramilitares que ahora inundan el país.

En teoría, cada ucraniano tiene derecho a que se respete su dignidad y nadie puede ser sometido someter a tortura, crueldad o tratamiento inhumano o degradante. El Artículo 29 afirma: “Todos tienen el derecho a la libertad y seguridad personal. Nadie puede ser detenido o custodiado salvo por orden de un tribunal y solo de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley”.

Sin embargo, todas esto contradice terriblemente las informaciones de organizaciones internacionales, que escrupulosamente han registrado las torturas, acoso, detenciones ilegales de ucranianos cometidos por los oficiales de los cuerpos de seguridad del Estado y miembros de las numerosas bandas paramilitares que sienten absoluta impunidad y se ríen de las normas y las leyes.

La Constitución garantiza el secreto de la correspondencia, las conversaciones telefónicas y otras comunicaciones y prohíbe recopilar, guardar, utilizar y diseminar la información confidencial de los ciudadanos y no permite el acceso a la morada si no hay una orden judicial para ello. En la práctica, los registros ilegales de viviendas están ampliamente extendidos en el país. En ellas, siempre se puede colocar un lazo de san Jorge, un par de granadas y un certificado de apreciación del Kremlin. Y la web Mirotvorets ilegalmente introduce los datos de cientos de miles de compatriotas en la web, aunque las organizaciones internacionales de diferentes países han protestado contra ello durante años.

En teoría, ningún ciudadano de Ucrania puede ser expulsado del país o extraditado a otro Estado. En realidad, el Estado intercambia a sus ciudadanos sin siquiera pedir su consentimiento.

Según los autores de la Constitución, los ucranianos tienen derecho a libertad ideológica y religiosa. La Iglesia y otras organizaciones religiosas tienen que estar separadas del Estado y la educación está legalmente protegida contra la influencia de la Iglesia. Pero vemos cómo las autoridades bruscamente interfieren en los asuntos de la Iglesia y la usan en su beneficio político. Y la clericalización de la educación y de la propaganda nacionalista en el entorno escolar hace tiempo que es la norma y que tiene apoyo del Estado.

Otros artículos de la Constitución también suenan como una acusación directa a las políticas antisociales del Estado. De hecho, los ucranianos se ven privados del derecho al trabajo, protección social, sanidad y educación gratuita y cualquier intento de cumplir esos derechos es automáticamente calificado de maquinaciones del enemigo externo e interno.

La situación de las mujeres no ha hecho más que empeorar a consecuencia de la pobreza y de la guerra y el trabajo infantil, prohibido por la Constitución, se practica abiertamente en todas las regiones de Ucrania. E incluso el derecho a la vida, garantizado en la carta magna y que hasta ahora había parecido una bonita, aunque innecesaria frase, ahora se incumple cada día en el este del país, donde sigue habiendo muertos.

Paradójicamente, la Constitución parece hoy el documento más radical y subversivo que se podría imaginar en el país, una enumeración de postulados formales que una vez fueron escritos por los juristas del Gobierno y que ahora parece un manifiesto a la resistencia y una llamada a las protestas. Las autoridades claramente ven esta contradicción e intentan corregir la situación a base de nuevas leyes reaccionarias que entran en vigor para sus intereses. Todas estas leyes, incluida la ley Vyatrovich de descomunización, son absolutamente inconstitucionales. Al fin y al cabo, los derechos y libertades constitucionales no pueden abolirse y cuando se adoptan nuevas leyes o se modifican las existentes, no se puede minar los derechos y libertades existentes.

Para cambiar el statu quo, es suficiente devolver al país al cumplimiento de la Constitución, que contiene todas las normas democráticas que han sido de facto abolidas tras la victoria de Euromaidan. Pero hay que prepararse para que la defensa de la Constitución sea considerada un crimen contra el Estado, que hace tiempo se ha convertido en el fundamental infractor de la carta magna.