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Ucrania contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia

ukraine-conflictEl 16 de enero de 2017, el Gobierno de Ucrania presentó en el Registro de la Corte Internacional de Justicia (ICJ) una solicitud de procedimiento contra la Federación de Rusia en relación con presuntas violaciones del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (ICSFT) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

En lo relativo al ICSFT, la pretensión de Ucrania es que la ICJ declare que la Federación Rusa ha violado sus obligaciones en el marco de ese convenio, alegando su colaboración financiera, incluida la facilitación de material militar y de formación, “a grupos armados ilegales que participan en actos de terrorismo en Ucrania, entre ellos la RPD, la RPL, los partisanos de Kharkiv y los grupos e individuos asociados”. Una particularidad de la demanda es que la acusación ucraniana se extiende a cuatro personas concretas del establishment político ruso.

Ucrania solicita además que, “en relación con los actos de terrorismo cometidos por sus representantes en Ucrania” la Corte declare la responsabilidad internacional de la Federación Rusa por “su patrocinio del terrorismo y fracaso en prevenir la financiación del terrorismo”. En su demanda, señala una serie de acciones entre las que se incluyen el derribo del MH17 de Malaysian Airlines, el bombardeo de civiles en Volnovaja, Mariupol y Kramatorsk y los ataques con bombas a civiles en Járkov (en referencia al ataque con bomba contra una manifestación a favor de la unidad nacional ucraniana en febrero de 2015).

En lo relativo al CERD, Ucrania menciona ciertas actuaciones, en especial de lo que define como “las autoridades de facto administrando la ilegal ocupación rusa de Crimea”, y requiere que la ICJ declare como violaciones del convenio algunas de ellas, resumidas de forma sintética en los siguientes puntos:

  1. La existencia de una sistemática discriminación y maltrato contra “los tártaros de Crimea y las comunidades étnicas ucranianas” en ese territorio, en asociación con “una política estatal de supresión cultural de grupos desfavorecidos percibidos como opuestos al régimen de ocupación”.
  2. La celebración de un referéndum ilegal en una atmósfera de violencia e intimidación contra los grupos étnicos no rusos.
  3. La supresión de “la identidad política y cultural de la identidad de los tártaros de Crimea”, con referencia específica a “la prohibición de los Mejlis” del pueblo tártaro que Ucrania presenta como “la institución central de autogobierno de la vida tártara en Crimea” (un punto que niega la Federación Rusa al señalar que “no es el único cuerpo representativo de los Tártaros de Crimea”).
  4. La prevención de celebración de importantes actos culturales de los tártaros de Crimea y de los ucranianos étnicos (con referencia expresa al Sürgün tártaro), la aplicación de un régimen arbitrario de registros y detenciones contra ellos y el silenciamiento de la prensa tártara
  5. La perpetración, y tolerancia, de una campaña de desapariciones y asesinatos de tártaros de Crimea, citando de forma expresa los casos de Reshat Ametov, Timur Shaimardanov y Ervin Ibragimov.
  6. La supresión de la educación en lengua tártara de Crimea y de las instituciones educativas de esa comunidad, así como de la educación de la lengua ucraniana confiada a ucranianos étnicos.

En relación con los aspectos señalados, Ucrania exige la inmediata restauración de los derechos presuntamente desprotegidos.

En su demanda, y a la espera del fallo definitivo de la ICJ, Ucrania pide la adopción de una serie de medidas provisionales. En lo relativo al ICSFT, estas medidas se vinculan no sólo a solicitar el final de la transferencia de fondos sino también de “armas, vehículos, equipo, entrenamiento o personal” a entidades como la RPD o la RPL. En lo relativo al CERD, incluye entre otras actuaciones “la suspensión del decreto de prohibición de los Mejlis de Crimea” así como “la suspensión de restricciones a la educación en lenguaje ucraniano” (olvidándose en este último punto de la cuestión educativa relativa a los tártaros).

Una victoria pírrica

Apenas tres meses después de la presentación del caso por Ucrania, el pasado 19 de abril, la Corte Internacional de Justicia emite una Orden sobre las medidas provisionales solicitadas por Ucrania.

La lectura del documento evidencia que algunos aspectos de la pretensión ucraniana han sido considerados por la ICJ, incluida la admisión por la Corte de que hay bases jurídicas para proseguir los procedimientos. Acepta con ello la competencia para abordar la función de arbitraje que los convenios le encomiendan. Las demandas de Ucrania deberán ser por tanto objeto de decisión definitiva tras su análisis jurídico (y político de facto, dada la naturaleza de esta Corte como se vio en el caso de la Opinión sobre Kosovo).

La principal victoria para Ucrania, sin embargo, es la posición de la ICJ en la que se establece que “la prohibición de los Mejlis y las presuntas restricciones a los derechos culturales y educativos de los tártaros de Crimea y de los ucranianos étnicos, parecen ser capaces de entrar en el ámbito de aplicación del CERD ratione materiae”, esto es, que pueden reflejar actos de discriminación racial en virtud de esa convención internacional. Es en estos dos puntos en los que la ICJ percibe que se cumple la condición de plausibilidad de incumplimiento de derechos, entendiendo que “los tártaros de Crimea y los ucranianos étnicos de Crimea parecen seguir siendo vulnerables”.

La ICJ decide por ello aplicar, a la espera de la decisión final, medidas provisionales que prevengan un perjuicio irreparable a los derechos que son objeto del procedimiento judicial. Su objetivo es salvaguardar “la capacidad de la comunidad tártara de Crimea de conservar sus instituciones representativas y … garantizar la disponibilidad de la enseñanza de la lengua ucraniana en las escuelas de Crimea” (lenguas que, por otra parte, la Constitución de Crimea establece como oficiales en ese territorio).

Respecto a los Mejlis, la ICJ asume el principio de que ninguna de las ONG tártaras registradas actualmente en Crimea tienen el mismo grado de representatividad y legitimidad que los Mejlis, elegidos por la asamblea de los tártaros de Crimea. Determina en consecuencia que “la Federación de Rusia debe abstenerse de mantener o imponer limitaciones a la capacidad de la comunidad tártara de Crimea para conservar sus instituciones representativas, incluyendo los Mejlis”.

Respecto al idioma ucraniano, la ICJ establece que “la Federación de Rusia debe garantizar la disposición de la enseñanza en lengua ucraniana”.


 

Y significativos fracasos

Pendiente de la decisión final de la ICJ, Ucrania se enfrenta sin embargo a varios fracasos en sus pretensiones. Uno de los más significativos es que ninguna de las medidas preliminares planteadas en relación con el ICSFT haya sido aceptada por la Corte, incluida la relativa al caso MH17. Aunque la Corte señala que “al menos algunas de las alegaciones formuladas por Ucrania … parecen ser capaces de caer en el ámbito de aplicación del ICSFT ratione materiae”, no las menciona en su Orden. Además, la ICJ señala que, en la actual fase del procedimiento, Ucrania no ha presentado pruebas suficientes que permitan concluir un movimiento de fondos por parte de la Federación Rusa que se haya utilizado, o que se hubiera pensado en utilizar, algunos de los tipos de actos terroristas previstos en el ICSFT.

De esta forma, “la Corte concluye que las condiciones requeridas para la indicación de medidas provisionales respecto de los derechos alegados por Ucrania sobre la base del ICSFT no se cumplen”. Se trata, de partida, de un fracaso importante en la pretensión del régimen de Kiev de vincular a Rusia y las Repúblicas del Donbass con la acción terrorista.

La ICJ se posiciona claramente además a favor de una resolución del conflicto en el este de Ucrania basada en el proceso de Minsk. La Corte espera en este punto que las partes trabajen en la plena aplicación de los acuerdos alcanzados en la capital bielorrusa.

Ni siquiera las aparentes victorias de Ucrania en el tema de los Mejlis y en las cuestiones educativas ofrecen resultados inequívocos. En lo relativo a la dimensión educativa, la decisión del ICJ afirma el derecho a una educación en ucraniano, pero no a su gestión autónoma por ucranianos étnicos. Una decisión que, por otra parte, constituye una base evidente para una reclamación similar de Rusia para exigir el derecho a la enseñanza del ruso en las escuelas ucranianas.

El mayor fracaso de Ucrania, sin embargo, no tiene nada que ver con los puntos señalados. Tiene una relación mucho más directa con la cuestión de la soberanía, en particular en lo relativo a su posición en Crimea. En su demanda ante el ICJ, el régimen de Kiev renuncia a plantear esta cuestión. Ni siquiera lo que define como “referéndum ilegal” en Crimea es una denuncia en sí misma puesto que se limita a una cuestión paralela, asociada a las alegaciones de discriminación en la participación contra tártaros y ucranianos étnicos.

En una parte de su documento, el ICJ toma nota -entre líneas- de esta paradoja cuando señala:

el asunto ante el Tribunal de Justicia tiene un alcance limitado. En lo que respecta a los hechos ocurridos en la parte oriental de su territorio, Ucrania ha iniciado procedimientos únicamente en virtud del ICSFT. Con respecto a los hechos en Crimea, la reclamación de Ucrania se basa únicamente en el CERD y la Corte no está requerida, como reconoció expresamente Ucrania, a pronunciarse sobre cualquier cuestión que no sea una denuncia de discriminación racial”.

No podía, en realidad, ser de otro modo tras la Opinión del ICJ sobre la independencia de Kosovo. Una Opinión que deja escrita de antemano la esperable respuesta a cualquier puesta en duda de la legalidad de la declaración de independencia de Crimea: la misma que quedó fijada en la posición del tribunal internacional sobre ese territorio de Serbia. Son las consecuencias del oportunismo jurídico aplicado a casos que, llegada la hora de la verdad, ya no podrán considerarse como sui géneris.


 

Aspectos generales

Desde un punto de vista general, en cualquier caso, hay dos aspectos de la decisión de la Corte que deben ser recogidos de forma positiva. Por una parte, la afirmación del derecho a la enseñanza de las lenguas minoritarias. Pero, por otra, un cierto reconocimiento a la autonomía cultural, basada en la defensa de un derecho de los pueblos presentes en el territorio a elegir instituciones representativas, diferenciadas de aquellas que representan al conjunto de la ciudadanía.

Ninguno de esos dos planteamientos representa amenaza alguna para estados democráticos. En Ucrania, servirán además para justificar la posición de la población de etnia o lengua rusa, no sólo respecto al derecho a la enseñanza en el idioma propio sino al derecho a elegir instituciones representativas del pueblo ruso en Ucrania.

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