Andrey Sokolov, en libertad tras seis meses desaparecido

Andrey Sokolov en Donetsk tras ser puesto en libertad la semana pasada

Casi dos años después de su detención en Ucrania, el ciudadano ruso Andrey Sokolov fue puesto en libertad en la línea de separación entre el territorio ucraniano y el territorio controlado por la RPD, desde donde logró llegar primero a Donetsk y posteriormente a territorio ruso. Tras meses en los que su familia y sus compañeros han luchado por conocer su paradero, fue el propio Sokolov, ya en territorio ruso, el que contactó con su familia y con los periodistas que han seguido su caso, para informar de su liberación.

El comunista Andrey Sokolov llegó a Donbass el 4 de diciembre de 2014 con la intención de aportar su experiencia en la industria en beneficio de la economía local. Apenas dos semanas después de su llegada, Sokolov condujo, por error, hasta un puesto de control ucraniano en la ruta entre Donetsk y Gorlovka. Sokolov fue detenido el 16 de diciembre, detención que no se hizo oficial hasta el día 29 de ese mes. Fue acusado según el Artículo 258-a del Código Penal de Ucrania (colaboración con organización terrorista). Tras meses en los que acusó a Ucrania de irregularidades en el proceso, traslados injustificados y retrasos para alargar al máximo el caso, Sokolov fue condenado por “colaboración con organización terrorista” por su colaboración con la RPD en abril de 2016.

Durante todos esos meses de prisión preventiva, Andrey Sokolov y su abogado trataron, sin éxito, de que fuera incluido en las listas de prisioneros de guerra, vía más sencilla para recuperar la libertad. En ese tiempo, y con comunicaciones esporádicas, Sokolov ha denunciado las malas condiciones de las prisiones ucranianas y el maltrato a los prisioneros acusados de separatismo.

Pese que su abogado ha declarado desde entonces que no existía prueba alguna para una sentencia condenatoria –entre otras cosas porque esas pruebas habrían estado en un territorio fuera de control del Gobierno ucraniano y fuera del acceso de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales ucranianas–, Sokolov aceptó en abril declararse culpable de colaboración con la RPD.

A cambio de su declaración de culpabilidad, Sokolov recibió una pena leve: dos años y siete meses de prisión. Según la denominada “ley Savchenko” –que la voluntaria del batallón Aidar y diputada por el partido de Yulia Timoschenko patrocinó desde una prisión rusa–, que da un valor doble a cada día en prisión antes de la condena, Sokolov ya había cumplido su pena íntegramente. Con su sentencia cumplida, el tribunal firmó la puesta en libertad del detenido ese mismo día 15 de abril.

Ese 15 de abril, minutos después de hacerse oficial su puesta en libertad cuatro encapuchados introdujeron a Sokolov en un Volkswagen negro y fue conducido a una localización desconocida. Pese a que su abogado fue testigo de los hechos, ni su defensa ni su familia, ni el consulado ruso lograron dar con el paradero de Sokolov en los seis meses posteriores al secuestro.

En su primera entrevista tras su llegada a Rusia, Sokolov confirmó la versión que desde aquel momento parecía más probable: secuestrado por agentes del SBU, fue conducido a una de las prisiones secretas e ilegales de los Servicios de Seguridad de Ucrania. La práctica–denunciada desde el inicio de la guerra desde Donbass y confirmada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch– de encarcelar a disidentes en dichas prisiones para ser intercambiados por prisioneros de guerra ucranianos capturados en las Repúblicas Populares hizo pensar al entorno de Sokolov que habría sido trasladado a una de esas prisiones, probablemente en Járkov. Su familia se trasladó hasta esa ciudad del este de Ucrania, donde no consiguió información alguna.

Por circunstancias que Ucrania no ha aclarado –y es previsible que jamás mencione–, Sokolov no fue intercambiado, al menos según su versión, por ningún prisionero de guerra ucraniano. Como él mismo ha declarado, fue llevado a un puesto de control de la línea de separación, frontera de facto entre Ucrania y la RPD. Allí, en un taxi contratado por los agentes ucranianos, fue enviado a Donetsk, ciudad que abandonó en un autobús camino a Moscú.

Al margen de lo extraño de la puesta en libertad de Sokolov, los seis meses que el ciudadano ruso ha pasado, como él mismo ha relatado, en una prisión de Mariupol, confirma la existencia de lugares de detención al margen de la ley no solo en Járkov sino también en otros lugares de Ucrania.

El caso confirma también las deficiencias del sistema de justicia de Ucrania y la negligencia de las organizaciones por los derechos humanos nacionales e internacionales. Pese a ser puesto en libertad en abril tras una detención y condena de dudosa legalidad, el caso de Sokolov jamás ha sido denunciado por organizaciones cuya labor es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Tampoco su desaparición, una vez cumplida su pena, fue denunciada más que por su entorno y algunos partidos comunistas de Rusia y de Ucrania. Pese a esas denuncias, ninguna de las habituales organizaciones de defensa de los derechos humanos se ha hecho eco del caso en los seis meses que ha durado su desaparición.

La facilidad con la que Ucrania es capaz de esconder estos casos de detención flagrantemente ilegal vuelve a poner de manifiesto la necesidad de denunciar dichos casos. Al margen de los ya confirmados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch (casos que, según confirma la detención de Sokolov, no son aislados), el artículo de Novaya Gazeta recuerda también el caso de otro ciudadano ruso, Alexey Bezobrazov, detenido en Odessa y en paradero desconocido desde febrero de 2016.