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El enigma del Nord Stream

La cuestión del gas y la siempre persistente alegación europea de las intenciones rusas de interrumpir el suministro a la Unión Europea, su principal mercado, han acompañado estos diez meses de intervención militar rusa que se iniciaba el 24 de febrero. En este tiempo, el discurso oficial de Bruselas ha sido el de rechazar el tiránico gas ruso, entendido no como un privilegio del que países como Alemania han disfrutado durante años, sino como un lastre que implicaba dependencia de un país ahora considerado enemigo. Sin embargo, ante las enormes necesidades de consumo de este mercado privilegiado, pese al intento de diversificar las adquisiciones incluyendo gas ideológicamente correcto como el de Qatar o Azerbaiyán, los países de la Unión Europea han continuado adquiriendo gas ruso en grandes cantidades. El objetivo era llenar las reservas para garantizar el consumo en la etapa invernal antes de que entrara en vigor el tope de precios que pensaban imponer al gas ruso para expulsar del mercado europeo a una de sus principales fuentes de energía.

Desde el punto de vista europeo, la renuncia voluntaria a la energía rusa supone la pérdida de competitividad para una parte de la industria, fundamentalmente la industria alemana, hasta ahora motor de crecimiento de la economía de la UE. Pero la búsqueda de otros mercados por parte de los grandes consumidores europeos implica consecuencias también para esos otros mercados, fundamentalmente para los países de menor poder adquisitivo, que sufren ahora dificultades para cubrir sus necesidades energéticas ante el incremento de precios que implica que los países de la Unión Europea hayan copado, por ejemplo, el mercado del gas natural licuado. Para lograr ganar la guerra energética a Rusia, la UE está dispuesta, no solo a renunciar a su competitividad, sino a hacerlo también a costa del bienestar de los países con menor capacidad adquisitiva.

A estas circunstancias hay que sumar las explosiones que se produjeron el 26 de septiembre en los gasoductos Nord Stream, inaugurado en 2011 por la canciller Merkel y el presidente Medvedev, y el nunca inaugurado Nord Stream-2. El sabotaje, claro desde las primeras horas del suceso, supuso dejar inhabilitados ambos gasoductos, tanto el que se encontraba en funcionamiento como el que Alemania se negó a poner en marcha a causa de la situación en Ucrania. Apenas unas horas después de que se produjeran las explosiones, que causaron además un desastre ecológico que apenas se ha debatido, medios como Bloomberg daban por hecha la culpabilidad de Rusia en el sabotaje. El discurso oficial se limitaba a afirmar que Rusia buscaba, haciendo explotar una de sus infraestructuras críticas, que le unía directamente y sin intermediarios a su principal cliente, justificar finalmente el corte de gas a la Unión Europea. El hecho de que Rusia haya continuado suministrando gas a sus clientes europeos occidentales y que lo haya hecho a través de Ucrania, lo que supone importantes ingresos para las arcas de Kiev, destroza el argumentario de esa tan generalizada hipótesis.

Sin ímpetu alguno por encontrar a los culpables, el paso del tiempo no ha hecho más que consolidar el olvido, una forma de no volver a los hechos para evitar así dar la razón a quienes llamaron la atención al hecho de que Rusia era la principal perjudicada por la desaparición del Nord Stream. Frente a la hipótesis del autosabotaje ruso, otras miradas apuntaron a los aliados de la Unión Europea, algunos de ellos, fundamentalmente Estados Unidos, los principales beneficiarios de la nueva situación. La lucha de Estados Unidos contra el Nord Stream no se remonta a los últimos meses, sino que a lo largo de los últimos años ha tratado de paralizar un proyecto que consideraba político, es decir, una amenaza a sus intereses: la unión entre Rusia y Alemania podría haber supuesto un eje económico en el que la Unión Europea podría haber adquirido una autonomía excesiva de sus patrones de Washington.

Las sanciones contra el sector energético ruso han supuesto un aumento del suministro de gas natural licuado de Estados Unidos a costa del gas ruso, algo que Washington espera consolidar en el futuro, manteniendo fuera del lucrativo mercado europeo a Moscú, un beneficio añadido para Estados Unidos gracias a una guerra en la que está también lucrándose gracias a los aumentos de venta de armas. Si antes del inicio de la intervención rusa Biden prometía que el Nord Stream-2 no entraría en funcionamiento en caso de invasión de Ucrania, tras las explosiones, un prácticamente emocionado Antony Blinken afirmaba que la situación suponía una gran oportunidad para Estados Unidos. Sin embargo, el mero hecho de resultar la parte más beneficiada por los hechos no es prueba de culpabilidad ni de complicidad en el ataque. Tampoco puede considerarse una evidencia concluyente la retórica de representantes como Radek Sikorski, que en un tuit posteriormente eliminado daba gracias a Estados Unidos.

Solo una investigación imparcial, algo difícilmente esperable teniendo en cuenta el flagrante desinterés de los países afectados por conocer los hechos, podría aclarar lo sucedido. Dos meses después de las explosiones, en un artículo que apenas ha alcanzado notoriedad, The Washington Post ha confirmado lo que la lógica había dejado claro el mismo 26 de septiembre: no existe “evidencia concluyente alguna” de que Rusia saboteara los gasoductos que ella misma ha construido y de los que es copropietaria. “Los líderes mundiales se apresuraron a culpar a Moscú de las explosiones a lo largo de los gasoductos submarinos. Pero algunos oficiales occidentales ahora dudan de que el Kremlin fuera responsable”, escribió el medio, aún desde una narrativa que busca mantener la duda sobre la actuación rusa.

“Con el invierno aproximándose, parecía que el Kremlin pretendía estrangular el suministro de energía a millones a lo largo y ancho del continente, un acto de chantaje, según afirmaron algunos líderes, para amenazar a los países para que retiraran su asistencia financiera y militar a Ucrania”, continúa el artículo, repitiendo el relato en el que se ha insistido hasta ahora pese a contradecir abiertamente los hechos tanto anteriores como posteriores a las explosiones. En todo momento a lo largo de los diez meses de intervención militar rusa, Moscú ha trabajado para mantener sus ingresos, de ahí que la idea de detener a corto plazo -sin haber sustituido previamente el mercado europeo por otros mercados- el suministro energético fuera siempre un simple acto de propaganda o, cuando menos, un pobre análisis.

Frente al intento del medio de mantener la duda, sus propias fuentes afirman, no que no existen “pruebas concluyentes” sino simplemente pruebas. “No hay evidencias en este punto de que Rusia estuviera detrás del sabotaje”, cita el medio a un oficial europeo, uno de los 23 testimonios de diplomáticos y oficiales de inteligencia de nueve países a los que entrevistó .

El medio admite también que ni siquiera la inteligencia estadounidense, capaz de interceptar conversaciones entre oficiales rusos, ha logrado obtener evidencia alguna de la culpabilidad de Rusia, a la que, aún así, The Washington Post se aferra. “Rusia sigue siendo un sospechoso principal, en parte debido a su reciente historia de bombardeos de infraestructuras civiles en Ucrania y la propensión a la guerra no convencional. No es un salto tan grande pensar que el Kremlin sería capaz de atacar el Nord Stream, puede que para minar la determinación de la OTAN y apretar a los aliados que dependen de los recursos naturales rusos”, continúa citando a más oficiales. Frente a la evidente ausencia de pruebas de que Moscú no cometió un ataque contra sí mismo, la especulación y la consolidada idea de que Rusia siempre es culpable es suficiente para mantener la ficción. Incluso a pesar de que, como menciona esta semana The New York Times, Rusia ha comenzado ya a buscar la forma de iniciar una reparación difícil y extremadamente cara, un argumento más para dejar de ver la mano de Moscú en actos en los que Rusia es la principal perjudicada.

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