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C14, Extrema Derecha, Fascismo, Maidan, Svoboda, Ucrania

Seis años de alianza

Artículo Original: Vyacheslav Azarov

La prensa ucraniana se ha escandalizado por las noticias sobre la redada conjunta del ministro de Infraestructuras, Vladislav Krikliy, con los activistas del grupo de extrema derecha C14 (ahora, tras un irrisorio proceso de cambio de imagen, “Sociedad del futuro”). El ministro de los “servidores del pueblo” apeló a limpiar la estación de Kiev de las “bandas gitanas” y la extrema derecha, la misma que realizó los pogromos contra la población romaní de Kiev y que ahora forma parte de la Guardia Municipal, humilló frente a las cámaras a la desorientada policía. El diputado del partido gobernante Roman Grischuk, que acompañó al ministro de Infraestructuras, se jactó en Facebook con fotos de la redada. Pero no dijo nada de los carteles Nazis llenos de proclamas racistas contra la población romaní a la puerta de la estación de Kiev.

Los comentaristas se han centrado en el hecho de que el Gobierno ucraniano continúa consintiendo la política de racismo e intolerancia en la sociedad ucraniana. Este caso demuestra que el país sigue pasando por un proceso de alianza política entre los “jóvenes reformistas” y radicales de extrema derecha que ayuda a los oficiales a garantizar las reformas neoliberales.

Quienes presenciaron lo ocurrido en 2014 recuerdan lo débiles que fueron las protestas iniciales de Maidan. El éxito de la “revolución” no se debió a manifestantes pacíficos sino al impacto de los grupos de extrema derecha como Svoboda, Beliy Molot o Praviy Sektor. También se convirtieron en la base de los batallones voluntarios lanzados para aplastar la rebelión de las regiones del este del país y siguen siendo uno de los principales factores en la continuación de la guerra en Donbass. Desde entonces, las organizaciones Nazis han jugado un papel importante en la vida política de la Ucrania post-Maidan y siguen jugándolo a día de hoy.

Los mecanismos de control colonial de los países periféricos han cambiado notablemente. Hace mucho que acabaron los tiempos en los que el imperialismo introducía en las colonias rígidas dictaduras con represión directa contra la población. Al asignar recursos a las naciones dependientes, los gobiernos y corporaciones del primer mundo se ven forzadas a mantener una fachada de elección libre y democrática de la formalmente independiente población del país.

El golpe de Estado en Ucrania estuvo precedido de un largo periodo de incubación a base de “becas”, un segmento especializado de la sociedad civil cuya principal tarea es ejercer de agentes de la influencia extranjera, captura de áreas clave de control público y protección social de la sociedad ucraniana. Así que, técnicamente había una prensa independiente, comités de votantes y consejos supervisores en las agencias del Gobierno que recibían financiación externa de fundaciones internacionales y que decían expresar la voluntad de la sociedad ucraniana.

Esas actividades tenían aspectos positivos en lo que respecta a la asistencia a los pobres o la ayuda a destapar la corrupción o los fraudes oligárquicos en el Gobierno. Pero la situación cambió de forma dramática tras Euromaidan, cuando los representantes de las instituciones financieras internacionales se permitieron tomar el poder y comenzar a reconstruir Ucrania según los intereses de sus jefes extranjeros. Implementaron reformas neoliberales y desmantelaron el Estado de bienestar, lo que implicaba eliminar derechos y libertades de una gran parte de la sociedad ucraniana. Y también participaron en las políticas culturales totalitarias basadas en los principios de racismo social, eliminación de la memoria histórica y el chovinismo más agresivo.

Todo esto creó las condiciones para la aparición de protestas sociales que podrían destruir la falsa imagen de “transformación exitosa” de la sociedad ucraniana. Y los “jóvenes reformistas” se aliaron con las facciones de ultraderecha, que se encontraban bajo el paraguas de los servicios especiales, para realizar acciones informales punitivas para acabar con cualquier descontento social.

Obviamente, no se trata de ningún invento ucraniano. Tales mecanismos de control social fueron introducidos y mejorados en los tiempos de los regímenes europeos en la primera mitad del siglo XX y durante los tiempos de las dictaduras latinoamericanas con los infames escuadrones de la muerte, grupos paramilitares de extrema derecha. La principal función de estos grupos era el terror contra los oponentes del régimen neoliberal y la intimidación de la población. Hay que señalar también que la base siempre ha sido la ideología anticomunista. La lucha contra el comunismo ha servido de útil cortina de humo que permitía utilizar la represión contra sindicatos, activistas, periodistas, antifascistas y otros críticos del Gobierno.

Los tiempos están cambiando y el asesinato masivo de oponentes es inaceptable en la Europa moderna. Pero los principios y propósitos de las actividades de las estructuras de extrema derecha siguen siendo el acoso, asalto e intimidación para apoyar las políticas antisociales neoliberales. A ello ayuda el conflicto militar creado artificialmente y que siguen luchando por que continúe. Recuerden que, hace un par de años, cada protesta social era considerada una “provocación del Kremlin”. Y que Poroshenko introdujo la ley marcial con obvias intenciones de asegurarse un segundo mandato, lo que prueba la relación directa entre la guerra y las reformas.

Los políticos ucranianos dicen ser parte de una confrontación colectiva entre Occidente y Rusia y han construido una pomposa retórica de civilización, alegando que protegen los “valores europeos” y la frontera del este. En este ambiente, los miembros de los grupos de extrema derecha se sienten defensores de la democracia y la libertad, por lo que se les consiente prácticamente todo. No tienen ningún problema para servir en el Ministerio del Interior, acceder a personal de inteligencia y hacer el trabajo sucio de la policía. Y abiertamente se jactan de haber conseguido riqueza ilegalmente. En pocas palabras, se comportan como la élite post-Maidan, por encima de la ley.

Han pasado siete años desde entonces, pero la gran mayoría de crímenes de alto perfil que se han producido en Ucrania siguen vinculados a la extrema derecha. Por norma, no reciben castigo. Solo hay algunas excepciones, como la detención de personas involucradas en el asesinato del periodista Pavel Sheremet y que activamente habían cooperado con las autoridades ucranianas. En otros casos, los criminales de extrema derecha reciben libertad condicional bajo responsabilidad de algún oficial de alto rango o diputado ucraniano, con lo que se garantizan la puesta en libertad de los nacionalistas.

Ahora esto ocurre de nuevo. El ultraderechista Corpus Nacional irrumpió en la presentación de la “Plataforma de Reconciliación Nacional”, que debía convertirse en la base de las negociaciones con los residentes en las zonas no controladas por el Gobierno de Kiev. Públicamente atacaron a oficiales y al asesor del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Serhiy Sivojo, y le tiraron al suelo, le gritaron y le insultaron. Hizo falta la participación de los servicios espaciales para detenerlos, aunque quedaron en libertad inmediatamente.

La nueva generación de vendidos se ha aliado activamente con la extrema derecha, a la que han considerado una fuerza real para mantener sus reformas antisociales. Es suficiente con recordar que el entonces primer ministro Honcharuk pronunció unas palabras en un concierto del grupo racista de extrema derecha Sokira Peruna. Ahora el ministro de Infraestructuras y miembros del grupo parlamentario también cooperan con los nacionalistas y les ayudan a legitimar sus “redadas contra los gitanos” porque las autoridades están interesadas en cooperar con los culpables de los pogromos racistas.

La sostenibilidad del tándem político de los reformistas y la extrema derecha claramente demuestra que a los representantes de las fundaciones occidentales realmente no les importan nada los valores liberales. Utilizan las becas para solucionar sus problemas empresariales, ayudan a privatizar los activos públicos restantes a beneficio de sus socios y oligarcas extranjeros. Los derechos y libertades de la población no son de su interés y tampoco lo es el bienestar de los ucranianos. Bajo pretexto de entrar en la Unión Europea, el país ha establecido precios europeos mientras que se mantienen estancados los sueldos postsoviéticos. El Estado sigue inventando nuevas tretas para robar, se inventa nuevas facturas y aumenta las tarifas. Ahora se está jugando con el último gran activo de Ucrania: la tierra, que será vendida en el futuro próximo.

Un sistema político soberano no puede funcionar de esta manera. Los intereses nacionales no pueden limitarse al beneficio, no se puede ignorar sistemáticamente las necesidades básicas de los trabajadores a base de eslóganes patrióticos y llamadas a reformas, no se puede hacer de los ciudadanos de habla rusa ciudadanos de segunda. Para superar esta situación, los ucranianos necesitan conseguir libertad de expresión, reunión y protesta y defender sus garantías constitucionales y derechos inalienables. Es más, ahora se van a ver aún más limitados con las medidas de cuarentena.

El rechazo a toda disidencia o incluso crítica pública a las autoridades y la prohibición del desarrollo de proyectos alternativos que se oponen a la religión del neoliberalismo son manifestaciones de totalitarismo promovidas en Ucrania por la extrema derecha. Es precisa la eliminación de su poder, el desmantelamiento del sistema de control externo y el restablecimiento de las instituciones democráticas que sirvan los intereses del pueblo ucraniano. Apartar del poder a la extrema derecha y los “jóvenes reformistas” es un prerrequisito necesario para restablecer las libertades y el bienestar de los ucranianos. Y todos los “activistas” nacionalistas deberían volver al terreno de la legalidad y a responder por sus actos según dicta la ley.

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