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Alto el fuego, Donbass, Donetsk, DPR, Estados Unidos, Klimkin, LPR, Minsk, Rusia, Ucrania

Gas, sanciones y apoyo diplomático

La reciente visita de Pavlo Klimkin, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, a Washington se ha centrado en tres de los principales temas en la agenda política ucraniana. “Ucrania no tiene mejor amigo que Estados Unidos”, afirmó Mike Pompeo, resumiendo a la perfección lo bien alineados que se encuentran los intereses del régimen de Kiev y la administración Trump. Apartada, en esta ocasión, la idea de seguir exigiendo a Estados Unidos más asistencia militar contra la “agresión rusa”, uno los principales puntos a tratar en las apariciones de Klimkin ha sido la lucha contra el Nord Stream-2, tema en el que los intereses de Kiev y Washington coinciden a la perfección. Necesitada de los ingresos derivados del tránsito del gas ruso en dirección a la Unión Europea a través de Ucrania, Kiev teme perder su posición geográfica estratégica en caso de una ampliación del gasoducto que une directamente Rusia y Alemania, mientras que Estados Unidos, que trata de entrar con fuerza en el mercado del gas en Europa, ven en el proyecto un obstáculo para el gas natural licuado estadounidense, mucho más caro que el ruso.

Klimkin también consiguió de Mike Pompeo el compromiso de seguir imponiendo sanciones contra Rusia -herramienta útil para Washington en el sector energético y también en el sector armamentístico, donde la industria rusa es competitiva- por las políticas rusas en Ucrania, incluida Crimea. En ese sentido, Klimkin y Pompeo plantearon, una vez más, la necesidad de introducir una misión de paz de Naciones Unidas en Donbass según los términos planteados por Kiev: una misión armada que tome el control del territorio, una misión policial que mantenga el orden y reprima posibles movilizaciones de la población y una misión política que tome el control de la administración de la zona. Esa idea, planteada ya hace meses, parece ser el prerrequisito de Kiev para implementar los acuerdos de Minsk.

Así lo recogía ayer la prensa rusa:

La declaración conjunta del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimkin, tras las últimas negociaciones en Washington, afirma que se crearían las condiciones de seguridad necesarias para la completa implementación de los acuerdos de Minsk con la creación de “una presencia de seguridad internacional bajo los auspicios de Naciones Unidas”.

“Ambas partes coinciden en que una fuerza de seguridad internacional bajo los auspicios de Naciones Unidas en el territorio, incluida la frontera ruso-ucraniana, crearía las necesarias condiciones de seguridad para la completa implementación de los acuerdos de Minsk”, afirma el documento publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos según cita la agencia TASS.

Antes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, había afirmado, tras su encuentro con el ministro Klimkin, que la administración de Estados Unidos planea continuar por el camino de reforzar las sanciones contra Rusia hasta la implementación completa de los acuerdos de Minsk y el retorno de Crimea a Ucrania.

Vzglyad

En otras palabras, Kiev y Washington exigen una misión armada de Naciones Unidas, que, como ya han insistido ambos países, recuperaría el control político y militar de la región para volver a entregárselo a Ucrania. Los acuerdos de Minsk serían implementados “al completo” tras la introducción de esa misión. En ese caso, la población de Donbass se encontraría a merced de Kiev y de la interpretación ucraniana de los acuerdos. Como confirmó recientemente el representante del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kurt Volker, con la difusión de un artículo que detallaba el plan, la interpretación que Washington y Kiev plantean de los acuerdos implica una descentralización administrativa de toda Ucrania como respuesta a las exigencias políticas de Donbass. Sin un estatus especial para Donbass, principal concesión política a la que Kiev se comprometió con su firma en los acuerdos de Minsk, ni una reforma de la Constitución que garantice los derechos políticos que ese estatus especial debería implicar, la “implementación completa” de dichos acuerdos según esta interpretación no sería más que una farsa.

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