A la caza del enemigo

Marcar las viviendas de personas a quienes se acusa de «colaboracionsmo», una nueva práctica de acoso a la población por motivos ideológicos y crímenes de pensamiento en Ucrania

Además de su incumplida promesa de buscar un compromiso con Rusia para concluir la guerra en Donbass, unos de los principales objetivos de Volodymyr Zelensky en su llegada al poder en el año 2019 fue realizar una importante transformación del Estado. El cambio de Gobierno supuso, en algunos aspectos clave, también un relevo generacional, un rejuvenecimiento de algunos sectores que debían modernizar ciertos servicios con el objetivo último, no de mejorar la eficiencia de los servicios, sino reducir el peso del Estado. De esta forma, mientras que ministerios como el de Sanidad, encargado simplemente de gestionar el abandono hacia la privatización, quedaron en manos de las mismas personas que habían gestionado esos sectores en tiempos de Poroshenko, otros, como lo vinculado a la digitalización, vieron la llegada de personas jóvenes, con buena presencia y oratoria que procederían a crear programas que vender a sus socios y acreedores como grandes avances administrativos, políticos y económicos con los que presentarse ante el mundo.

De esta forma, mientras se iniciaba una nueva ronda de privatización de las ya entonces escasas empresas públicas que aún quedaban en manos del Estado y se reducían subsidios para dejar en manos exclusivamente del mercado servicios básicos que la población tenía cada vez más dificultades para pagar, el Estado avanzaba en un proyecto llamativo del que ahora se jacta incluso en Estados Unidos. Con la digitalización de Estonia como base de la idea, Ucrania ha desarrollado, con generosa financiación de USAID, el Reino Unido y empresas como Microsoft, que ahora tienen acceso a todos los datos, una aplicación para digitalizar el Estado. Según la presentación realizada la semana pasada en Silicon Valley a cargo del joven ministro Fedorov, la app contiene todos los servicios esenciales del Estado: acceso a información sanitaria y educativa, servicios administrativos, pago de multas, consultas y acceso a todo tipo de servicios. Un alarde de eficiencia que contrasta con la voluntad de cierre de instituciones sanitarias o escuelas rurales, privatización de servicios, aunque es perfectamente coherente con el ánimo de reducir el empleo público, ya que es la ciudadanía la que deberá encargarse de todo tipo de gestiones que anteriormente pudieran corresponder a funcionarios.

La aplicación no sirvió para que la población pensionista de Donbass pudiera tener acceso a las pensiones que les correspondían por sus años de trabajo en Ucrania, ya que Zelensky siempre se negó a eliminar el bloqueo económico y a reanudar el pago de esas prestaciones en la RPD y la RPL. Sin embargo, uno de los grandes anuncios es que la aplicación puede utilizarse también para registrarse como desplazado interno y tener así acceso a los alrededor de 60 euros mensuales que les corresponde por persona, cantidad que Ucrania puede pagar gracias al constante suministro de financiación, deudas de futuro que Kiev no parece tener grandes problemas en contraer, posiblemente porque espera que sean perdonadas.

La guerra no ha modificado los objetivos generales de la Ucrania post-Maidan: la institucionalización del discurso nacionalista como discurso nacional en términos sociales y culturales y la eliminación de todo resquicio del Estado social que Kiev heredó de la República Socialista Soviética de Ucrania. Sin embargo, la guerra ha dado nuevos objetivos y nuevas posibilidades para cumplir los ya marcados. El conflicto, y especialmente el foco exclusivamente fijado hacia el desarrollo militar de los acontecimientos, ha permitido dar un nuevo impulso a la privatización y al cambio de manos de ciertas empresas y conglomerados antes propiedad de oligarcas, empresarios o grupos empresariales ahora considerados, justamente o no, “prorrusos”. El poder absoluto del Gobierno de Zelensky, y especialmente de la Oficina del Presidente, está permitiendo toda una serie de actuaciones autoritarias y difícilmente coherentes con la libertad de empresa que pregonan tanto Kiev como sus socios.

Este tipo de actuaciones están pasando desapercibidas, cuando no son abiertamente defendidas y justificadas por la situación creada alrededor de la guerra. Esta semana, por ejemplo, se ha publicado el caso de las propiedades de Vadim Novinsky en el sector del gas. Novinsky, considerado prorruso y privado por decreto del acta de diputado lograda gracias a los votos de la población, recibió, horas antes de la redada con la que el SBU intervino las empresas, ofertas de inversores británicos y estadounidenses, en ninguno de los casos de empresas relacionadas con el sector, por un valor muy inferior a su precio real. Las ofertas fueron rechazadas, tras lo que se produjo la intervención de los Servicios de Seguridad de Ucrania, que según Político, han requisado activos empresariales por valor de 96 millones de dólares solo en el sector del gas, una rama de la economía evidentemente estratégica en estos momentos.

La guerra ha servido también para intensificar la lucha contra todo tipo de pensamiento que se desvíe del camino neoliberal y nacionalista que son ahora base del discurso oficial. En una tendencia que comenzó ya durante los años de la guerra en Donbass, todo oponente no nacionalista a cualquier política del Gobierno, sea económica o social, es tachado de prorruso. Sin embargo, la entrada de tropas rusas y su asentamiento en partes del territorio ucraniano, donde se han creado autoridades locales y regionales que necesariamente han convivido con la población, ha creado el contexto ideal para la lucha contra los colaboracionistas. Justificada o incluso alentada, no solo por políticos y medios ucranianos, sino por medios internacionales como The New York Times, The Times o Foreign Policy, la caza de personas consideradas enemigas al ser acusadas de haber colaborado con las autoridades rusas en los territorios recuperados por Ucrania ha sido una constante desde el pasado otoño. Esta semana, Ukrinform se refería a más de 2000 causas por colaboracionismo contra población civil de las zonas de Jersón recuperadas a Rusia. Como han relatado, y en muchos casos abiertamente legitimado, diversos medios de comunicación, el colaboracionismo de esas personas puede limitarse a haber continuado con sus empleos o haber aceptado trabajar, incluso en profesiones como conductores, para las autoridades rusas. En Járkov y Jersón, donde sin duda la población más abiertamente prorrusa abandonó la región en la evacuación civil anterior a la militar, Ucrania ha dispuesto de la posibilidad de probar aquello que llevaba ocho años esperando hacer contra la población a la que más desea infligir un nuevo castigo colectivo: la de Donbass y Crimea, a las que espera reeducar, expulsar o eliminar en el futuro.

Sin embargo, las nuevas tecnologías son también una herramienta de ayuda. Orgullosos de su desarrollo, tanto Ucrania como Estados Unidos se han jactado de las características y nuevos usos de la aplicación que mete al Estado -y a grandes empresas como Microsoft- en el teléfono móvil de la ciudadanía. Una de esas novedades marcadas por la guerra es precisamente eVorog, enemigo electrónico, un chat de inteligencia artificial en el que se espera que la población dé a conocer las posiciones y movimientos de las tropas rusas y que delate a sus amigos, vecinos o conocidos a los que considere colaboracionistas, la digitalización de la labor del chivato que hasta hace poco se realizaba de forma analógica. En los primeros años de la guerra en Donbass, eran comunes incluso en zonas lejanas al frente las señales que animaban a la población a denunciar a sus vecinos separatistas. Ahora, con la sociedad mucho más polarizada y con la guerra contra Rusia como justificación de toda actuación, el método para delatar a sus vecinos es aún más sencillo y mucho más moderno, una aplicación informática de la que Samantha Power está orgullosa y que Ucrania pretende vender al mundo.