Buscando espías

La semana pasada, Alemania, y con ella toda la prensa occidental, anunciaba la captura de dos espías rusos. “Según anunció la Oficina de la Fiscalía Federal de Alemania en Karlsruhe, las dos personas están acusadas, entre otras cosas, de actuar como agentes con propósitos de sabotaje y preparación de explosivos”, escribía Deutsche Welle, que informaba también de que el embajador ruso, Sergey Nechaev, había sido llamado a consultas. Según la embajada rusa, las autoridades alemanas no ofrecieron ninguna prueba para justificar los arrestos. Sin la más mínima presunción de inocencia, la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, escribió en las redes sociales que “no permitiremos a Putin traer su terror a Alemania”.

Según Reuters, los dos hombres, ambos de nacionalidad rusa y alemana, fueron detenidos como sospechosos de “planear ataques de sabotaje, entre ellos contra instalaciones militares de Estados Unidos, en lo que las autoridades han calificado de esfuerzo importante de minar el apoyo militar a Ucrania”. Aunque vagas, las acusaciones han sido suficientes para que no haya ninguna duda de la culpabilidad de los dos detenidos, de sus planes de atentar contra instalaciones sensibles en Alemania y las implicaciones de la Federación Rusa o, si hay que leer al pie de la letra el tuit de la líder de la diplomacia alemana, Vladimir Putin. “Nunca aceptaremos que tales actividades de espionaje tengan lugar en Alemania”, añadió el canciller Olaf Scholz, también dando por hecha la culpabilidad de los detenidos. Según Deutsche Welle, hay “fuertes sospechas” de que uno de los detenidos “fue soldado de una unidad armada de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) en el este de Ucrania entre diciembre de 2014 y septiembre de 2016”, es decir, durante la agresión ucraniana contra Donbass.

Las detenciones que se han producido en Alemania, y en las que no se explica de qué manera una serie de explosiones en bases militares van a minar el apoyo a la asistencia militar a Ucrania, se unen a otra que se produjo apenas unas horas antes en la vecina Polonia. “Según informaron las autoridades, un polaco ha sido detenido y acusado de planear la cooperación con los servicios de inteligencia rusos para contribuir a un posible asesinato de Volodymyr Zelensky, según informaron las autoridades. Los fiscales polacos dijeron que el hombre, llamado Pawel K, tenía presuntamente la tarea de recopilar información sobre un aeropuerto en Polonia utilizado por el presidente de Ucrania”. No es la primera ocasión en la que Polonia alega haber detenido a un espía ruso. Esa es la acusación por la que mantiene en prisión preventiva al periodista Pablo González, de nacionalidad española y rusa, desde febrero de 2022. Pese a que el ministro de Asuntos Exteriores español se ha referido en repetidas ocasiones a los “graves cargos” que se le imputan, Polonia ha extendido periódicamente durante esos más de dos años la detención sin haber siquiera presentado oficialmente los cargos.

La actuación de los dos países, Alemania y Polonia, desde la invasión rusa no ha minado de ninguna manera su credibilidad ante los medios, que no han dudado en dar por verídicas las acusaciones de las autoridades europeas contra esos cuatro ciudadanos, tres detenidos en los últimos días y el periodista “capturado”, como afirmaban medios propagandísticos como Nexta, la primera semana de guerra rusoucraniana. El papel de Polonia dilatando al máximo el proceso contra Pablo González para garantizarse su permanencia en prisión a largo plazo y en condiciones durísimas ha pasado completamente desapercibida en la Unión Europea, dispuesta a dar por hecha la culpabilidad de cualquier persona acusada por las autoridades del bloque de trabajar para Rusia.

Las actividades de espionaje existen, sin duda, y es más que probable que Rusia realice ese tipo de actividades en los países europeos y viceversa. Sin embargo, los espías y el espionaje no siempre provienen de potencias enemigas. En el pasado, Alemania, por ejemplo, ha tenido que aguantar sin ruborizarse el escándalo de las escuchas estadounidenses al teléfono de su entonces canciller Angela Merkel. También las actividades de sabotaje están presentes en los países directa o indirectamente involucrados en la actual guerra. Son de sobra conocidas las actividades de sabotaje realizadas por los partisanos de Kirilo Budanov tratando de descarrilar trenes en territorio ruso.

Pero incluso en la Unión Europea, esos sabotajes han causado graves problemas. Una vez más, ha sido Alemania el país que ha tenido que poner buena cara y seguir adelante sin insistir públicamente en conocer qué ocurrió en el fondo del mar Báltico en septiembre de 2022. Como recordaba ante la noticia de la detención de los dos supuestos espías rusos el periodista estadounidense Mark Ames, en agosto de 2023, meses después de los hechos, la ministra del Interior alemana Nancy Faeser afirmaba que esperaba “que la fiscalía federal encuentre suficientes indicios para imputar a los perpetradores” de las explosiones de tres de los cuatro gasoductos del Nord Stream 1 y 2. “Debemos llevar tales crímenes ante los tribunales”, insistió la ministra, que añadió que “también hace aumentar la confianza de la ciudadanía en el Estado cuando tiene éxito en esclarecer casos tan complejos”. Desde entonces, Dinamarca y Suecia han cerrado sus investigaciones, dejando únicamente la investigación alemana en marcha.

En los últimos meses, los detalles sobre el estado del caso han sido esporádicos y limitados. Sin embargo, el seguimiento realizado por varios medios europeos y estadounidenses ha desvelado el interés del Gobierno alemán por estar al día en el desarrollo de una investigación que hace mucho tiempo que no mira a Rusia en busca de culpables. Es más, Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, parece ser la última persona que aún se agarra al clavo ardiendo de la falsa bandera de la Federación Rusa. Desde principios de 2023, para contrarrestar la teoría de Seymour Hersh, que acusaba directamente a Estados Unidos, los medios comenzaron a apuntar a un grupo proucraniano primero y a miembros en activo del ejército ucraniano después. En esa versión que defienden periódicos tan importantes como Der Spiegel o The Washington Post, la conspiración para hacer explotar las tuberías se habría realizado sin el conocimiento de Volodymyr Zaluzhny, aunque siempre se ha dejado abierta la posibilidad de que el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, fuera conocedor de los planes.

Un año y medio después de los hechos, Alemania guarda un silencio que contrasta con el enfado de las autoridades europeas en las primeras horas tras el atentado, cuando se buscaba aún la mano de Moscú. En una situación complicada como segundo proveedor de asistencia militar a Ucrania, Berlín no puede permitirse el lujo de admitir que todos los indicios presentados por la prensa occidental, incluida la alemana, no apuntan a Rusia sino a Kiev, que habría realizado el ataque desde Polonia, puede que con su colaboración o impasividad. Según las publicaciones de los últimos meses, al contrario que Suecia y Dinamarca, Varsovia rechazaba las peticiones alemanas de entregar a la investigación las pruebas a su disposición. Los medios se sorprendían de que tampoco el nuevo Gobierno proeuropeo de Polonia, encabezado por Donald Tusk y con Radek Sikorski, que celebró la explosión con un “gracias, Estados Unidos”, haya colaborado con Berlín.

Las detenciones de personas acusadas de formar parte de redes de espionaje rusas muestran la hipocresía de aquellos países dispuestos a utilizar esos casos para su propia propaganda o agenda política, mientras que callan y tratan de ocultar aquellos que destapan sus miserias. Al fin y al cabo, siempre es más sencillo apuntarse un éxito acusando a hombres de ser espías del oponente que indagar en busca de espías o culpables de actos de terrorismo internacional en países aliados, incluido aquel cuya bandera ondea frente al ayuntamiento de su capital, o entre las filas propias, no enemigas.