La vía neoliberal

En los últimos días, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a reunirse con representantes del gran capital extranjero para planificar no solo la reconstrucción de Ucrania sino la reestructuración de su economía. Como ha quedado claro desde su llegada al poder en el año 2019, la aspiración del equipo de Zelensky es convertir al país en una utopía tecnológica en la que la regulación, los controles y los derechos laborales no supongan un obstáculo. El año pasado, la prensa informó de que Blackrock, el mayor gestor de activos a nivel mundial, trabajaría pro bono para apoyar a Ucrania en su reconstrucción. Ahora, el principal fondo buitre del planeta se ha posicionado ya como principal, aunque ni mucho menos único, representante del gran capital occidental y comienza a firmar acuerdos con el Gobierno ucraniano y discute “los detalles de la creación de un fondo de inversión para recuperar la economía ucraniana con la participación del capital público y privado”.

Explicando qué son y cómo actúan fondos buitre como Blackrock, El Salto explicaba en uno de sus artículos que “captan capitales de las pensiones privadas, de inversores particulares, de otros fondos o bancos de inversión, de fondos dependientes de los Estados, incluso de dinero negro del narcotráfico, el comercio de armas y otras actividades ilegales, e invierten en todo el mundo sin apenas límites ni controles”. En este sentido, Ucrania es el país ideal. La situación actual de caos general en el país, con un Gobierno al que la Oficina del Presidente parece haber usurpado sus poderes y una Rada básicamente inoperante, manejada a su antojo con el equipo de Zelensky y con diputados expulsados por decreto crea todo tipo de zonas grises en las que las grandes empresas pueden moverse a su antojo. Aunque diversos, los fondos buitres se rigen, según añadía el citado artículo, “por una misma regla, simple y antigua: comprar barato y vender caro”.

La forma en que Ucrania ha privatizado en los últimos años sus activos públicos muestra que esa tendencia es anterior al 24 de febrero, aunque las circunstancias son ahora aún más favorables al mundo empresarial, especialmente al extranjero. La desoligarquización, en realidad una forma de apartar a personas que aspiraban a tener una influencia política más allá del enriquecimiento personal, y la depreciación de la grivna suponen una oportunidad para adquirir activos muy por debajo de su ya rebajado precio. De ahí que incluso el peligro de la destrucción a causa de la guerra, que desciende proporcionalmente con la distancia al frente, no suponga un obstáculo insalvable. Esa es, al menos, la esperanza de Zelensky, dispuesto a hacerlo todo para aprovechar el escaparate de la guerra, la necesidad de reconstrucción y el interés internacional que el conflicto ha dado a Ucrania para construir el país que siempre quiso tener. Para ello, el equipo del presidente ucraniano parece haber escogido a tres grandes empresas, todas ellas con pasados más que cuestionables: Blackrock, JP Morgan y McKinsey.

Durante su reunión con Blackrock, el presiente ucraniano se lamentó de la falta de una verdadera inversión estratégica de capital privado en Ucrania en sus años de independencia, algo a lo que Zelensky parece achacar las dificultades económicas del país. Sin embargo, su equipo parece convencido de que el actual momento es el apropiado para lograr lo que no se ha conseguido en tres décadas. “Sería una señal potente de refuerzo del clima de inversión. Es importante no solo para nuestro pueblo, nuestra sociedad, pero también para las empresas y emprendedores en el extranjero. Hoy es un momento histórico porque, desde los primeros días de la independencia, no hemos tenido casos de inversión tan enorme en Ucrania. Estamos orgullosos de que podamos iniciar tal proceso”, afirmó Zelensky según citaba esta semana Interfax.

Ucrania, un país que heredó de la Unión Soviética una industria potente, un enorme potencial agrícola e infraestructuras que no se ha molestado en mejorar, se ha convertido en estos 30 años de privatización y colaboración público-privada en uno de los países más pobres de Europa, aspecto que ha empeorado aún más a causa de la guerra. Sin embargo, ni la guerra ni el resultado de esas reformas va a impedir que el Gobierno ucraniano continúe ahondando en ese camino. Y aunque en términos económicos las administraciones ucranianas no han dado signo alguno de ninguna tendencia mínimamente progresista o incluso social, ciertos medios continúan buscando chivos expiatorios para justificar por qué el Gobierno al que defienden sigue firmemente por el camino del neoliberalismo.

Como uno de los escasos medios que están prestando atención al aspecto social y económico, openDemocracy es el ejemplo más claro de cómo la defensa acérrima de una causa impide ver sus objetivos reales. Se llega así a presentar como causa progresista e internacionalista un proyecto abiertamente nacionalista y que ha conseguido demonizar la celebración de la victoria contra el fascismo para enaltecer oficialmente a quienes lucharon contra el comunismo de la mano de la Alemania nazi y que, en términos económicos, se encuentra a la derecha del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

Apartada la política y justificado todo exceso nacionalista escudándose en la guerra, los medios ni siquiera han de repetir los malabarismos de los últimos años para justificar su apoyo a Ucrania. La creciente presencia de movimientos como Azov, cuya imagen se ha utilizado este año para celebrar el Día de la Victoria, ya no requiere de ninguna explicación, como tampoco es preciso explicar por qué leyes como la que pretenden eliminar del ámbito público la lengua materna de la mayoría de la población de varias regiones del país, que serían condenadas en la Unión Europea, son aceptables en el caso ucraniano. Sin embargo, medios como openDemocracy continúan tratando de justificar por qué Ucrania sigue la senda neoliberal marcada por las instituciones monetarias internacionales, que junto a la Unión Europea, se han convertido en una perfecta víctima propiciatoria a la que hacer cargar con la culpa de una política económica que Kiev no solo ha aceptado como propia, sino que es considerada como su carta de presentación ante Bruselas y Washington.

En uno de sus muchos artículos sobre la situación social y económica en Ucrania, openDemocracy recuerda que la guerra ha reducido en un 30% del PIB de Ucrania y que solo el 60% de la población ha logrado mantener sus empleos, el 35% de ellos a tiempo completo, una situación evidentemente dramática y que requeriría una serie de programas para paliar el sufrimiento de la población. Sin embargo, y pese a los generosos subsidios que Ucrania percibe regularmente de la Unión Europea entre otras cosas para mantener cierto nivel de economía y evitar un estallido social, Kiev continúa su camino.

El mes pasado, Ucrania prorrogó un mes más los subsidios que reducen ligeramente el precio de la factura de la luz, un servicio que en los últimos meses ha sufrido cortes planificados para reducir el consumo. Sin embargo, los comentarios del primer ministro Shmygal apuntan a que la decisión de eliminar esos subsidios está tomada y queda solo conocer el momento. OpenDemocracy recuerda en su artículo que el precio de la luz se ha multiplicado por siete en la última década (en realidad en los últimos nueve años, concretamente desde la victoria de Maidan) y lo achaca a la exigencia del Fondo Monetario Internacional realizada en 2014 en su primera línea de crédito. Sin embargo, como es habitual, se olvida nuevamente que la reducción de subsidios ha sido uno de los grandes objetivos de los gobiernos post-Maidan al margen de las exigencias de las instituciones financieras internacionales. Ha quedado ya en el olvido que Ucrania presentara como éxito el aumento del precio del gas para el consumo de la población, ya que reflejaba la eliminación de los resquicios soviéticos de subsidios y el paso a la economía puramente de mercado.

Esa actitud no solo permanece sino que ha aumentado en los últimos meses, especialmente gracias a que la guerra facilita aquello en lo que, en el pasado, pudiera haber existido alguna presión contraria. Prohibidos los escasos partidos de izquierdas, eliminados del juego político y económico los sindicatos, ya de por sí prácticamente derrotados, e inexistente todo movimiento social de defensa de los derechos de la población, el Gobierno tiene ahora vía libre para actuar como siempre quiso hacerlo.

“En lugar de centrarse en adaptar la economía a las necesidades de la guerra”, admite openDemocracy, que parece no haber comprendido que Ucrania, para quien la guerra está siendo financiada desde el exterior, está utilizando el conflicto como herramienta, “las autoridades ucranianas han lanzado un enorme programa de privatización”. La guerra no solo ha hecho desaparecer cualquier oposición política, sino también todo grupo rival. Ucrania no solo puede privatizar ahora a su antojo, y siempre a irrisorios precios, sino que puede hacerlo para dejar esos activos antaño del pueblo sin temor a que caigan en manos no deseadas. “Aprovechándose del estado de excepción y las restricciones a las manifestaciones, el Gobierno también ha desmantelado legislación laboral y ha aprobado toda una serie de otras medidas impopulares”, se sorprende openDemocracy al ver lo que en realidad es el mismo camino que Ucrania venía siguiendo desde 2014.

El caso de la legislación laboral es paradigmático, ya que desde la llegada al poder de Volodymyr Zelensky, el ímpetu ha sido precisamente reducir aún más el papel de los sindicatos, eliminar la negociación colectiva y avanzar hacia el modelo británico de libertad de empresa. Los medios, expertos internacionales y representantes de organizaciones que buscan algo progresista que defender en el Gobierno ucraniano parecen haber olvidado que la presidenta de la Comisión de Políticas Sociales de la Rada se jactó abiertamente que el Código del Trabajo que preparaba Zelensky buscaba “discriminar a los trabajadores” en favor de las empresas. “Debemos asegurarnos de que la reconstrucción de postguerra no es utilizada para justificar la transformación radical de la economía de Ucrania en favor de oligarcas y corporaciones en lugar de la población”, afirma en su artículo Hanna Perekhoda, que apela a varias organizaciones no gubernamentales europeas para apoyar a un activismo de izquierdas ucraniano que actualmente existe solo en su imaginación. Como base fundamental de la eliminación de todo resquicio del Estado social, las organizaciones no gubernamentales han jugado un papel esencial. Apelar ahora a ellas para detener ese proceso es una más de las muchas contradicciones de quienes quieren encontrar valores progresistas y sociales en un modelo que quiere basarse únicamente en el individuo, que ha de valerse por sí mismo en cualquier circunstancia.

“Según la reforma, el Gobierno ha buscado apartarse del modelo soviético de prestaciones basadas en el estatus, según el cual, por ejemplo, madres solteras, veteranos o personas con discapacidad reciben asistencia financiera y privilegios sobre la base de pertenencia a un grupo”, afirma openDemocracy en otro de sus textos, que pretende presentar cierta crítica al Gobierno ucraniano para finalmente justificar su actuación. La voluntad occidental de creer con fe ciega las afirmaciones del Gobierno ucraniano lleva también a presentar como hecho la intención de los representantes ucranianos de mejorar los servicios públicos a la población. La trayectoria de Poroshenko y Zelensky, en cuyos mandatos se ha degradado notablemente un servicio tan importante como la sanidad, no solo desmiente esas intenciones, sino que debería suponer, cuando menos cierto escepticismo ante los planes de futuro. En realidad, para ello no hay más que escuchar a los oficiales ucranianos en sus declaraciones a los medios. Alegando que el Gobierno quiere trabajar para mejorar la vida de la población y ayudarle a “ganar independencia económica”, la ministra de Políticas Sociales Oxana Zholnovych, que propone recortes y mayor control de las ayudas sociales, afirmó que “queremos que nuestra gente deje de vivir con la idea de que alguien les debe algo”. Ese alguien es el Estado y la solución es la eliminación de prestaciones sociales en el que antes incluso del inicio de la intervención militar rusa era uno de los países más pobres de Europa.