Las sanciones y la guerra

Desde su firma en julio de 2022, la iniciativa para el desbloqueo de la exportación de grano y otros productos agrícolas ucranianos a través del mar Negro en colaboración con Turquía y con la capacidad rusa de revisar las cargas para impedir el contrabando de armas ha sido calificado como el mayor éxito diplomático de la guerra rusoucraniana. El acuerdo ponía fin a meses de incertidumbre sobre el destino de las exportaciones de grano ucraniano. Tanto Rusia como Ucrania son dos de los más importantes productores, aunque por su menor población, las exportaciones ucranianas son proporcionalmente mayores. La pérdida del grano ruso y ucraniano debido al bloqueo del mar Negro, pero también a las sanciones contra Rusia, suponían para el mercado mundial un nivel de inestabilidad que se tradujo en un fuerte aumento de los precios.

En los meses posteriores al inicio de la intervención militar rusa, que por su actividad en el mar Negro imposibilitó el tránsito marítimo, principal vía de salida de los productos ucranianos, el discurso político y mediático oficial acusó a Rusia de utilizar el hambre como arma política y de secuestrar el grano que debía alimentar al sur global. De repente, tras siete años de guerra y de bloqueo económico, incluso el hambre en Yemen, un país absolutamente ignorado por el discurso occidental, llegó a ser utilizado como argumento contra las autoridades rusas. Perdidas las relaciones políticas con los países occidentales, que argumentaban que la suma de las sanciones y el rechazo mundial a la “guerra de Putin” había aislado a Rusia, Moscú no podía permitirse la posibilidad de ser acusada de un empeoramiento de la situación alimentaria mundial.

El acuerdo desbloqueaba las exportaciones marítimas ucranianas y daba a Moscú cierto control en el tránsito comercial del mar Negro, ante todo para controlar que esos envíos no fueran utilizados para el transporte de armas. Para Ucrania, la apertura de las rutas del mar Negro suponía la reanudación de exportaciones, con el beneficio económico consiguiente, pero también la ocasión de presentarse como salvadora del hambre frente a la malvada Rusia. Y para Turquía, que logró, también con la participación de la ONU, mediar entre Kiev y Moscú para la negociación y firma del acuerdo, le daba una posición política y económica privilegiada entre los dos países.

Sin embargo, desde la reanudación del tránsito marítimo tras la firma del acuerdo, los éxitos han venido acompañados de reproches. Como era de esperar desde el momento en el que la negociación y la firma no se produjeron de forma directa sino por separado y con la mediación turca, el acuerdo no supuso un primer paso hacia la resolución política del conflicto entre los países. Esa esperanza planteada por Antonio Guterres no solo era falsa sino que sobreestimaba el valor del texto firmado.

La pasada semana, un artículo publicado en Foreign Policy, solo un ejemplo de una serie de argumentos similares que se han repetido en los últimos meses a pesar de encontrarse en vigor el acuerdo de exportación de grano, afirmaba que “el mundo está a la distancia del fracaso de una cosecha o desastre natural de un colapso en el sistema alimentario mundial”. Este discurso se produce en un momento en el que el acuerdo está cada vez más cuestionado y tras grandes dificultades para su última prórroga, tan solo temporal, por lo que deberá ser renovado de nuevo en breve. El artículo de Foreign Policy insiste en la importancia del grano ucraniano, cuya relevancia ha sido general y constantemente sobreestimada, pero también en la cuestión del comercio de fertilizantes. Aunque la exportación de grano es indudablemente importante para garantizar el suministro y la estabilidad del mercado mundial, gran parte del grano consumido por la población mundial se debe a la producción propia de los diferentes países. Aquellos que, como Yemen, dependen prácticamente al completo de las importaciones no son la norma sino la excepción. La situación difiere en lo que respecta a los fertilizantes, productos igualmente clave a la hora de garantizar las cosechas a nivel mundial. Y en ese mercado, mediáticamente menos espectacular pero tan importante, Rusia y Bielorrusia son dos países líderes.

Desde la firma del acuerdo el pasado julio, Rusia ha planteado de forma constante y consistente dos quejas: el destino de las exportaciones ucranianas y la imposibilidad de desbloquear sus exportaciones agrícolas y, sobre todo, de fertilizantes. Occidente ha logrado bloquear esas exportaciones rusas dificultando las gestiones de transporte y contratación de seguros, una vía indirecta para impedir el comercio sin necesidad de sancionar directamente a las empresas o la compraventa de productos básicos, lo que supondría una propaganda negativa para quienes impusieran esas limitaciones. Hace unos meses, fue noticia que un cargamento de fertilizantes rusos bloqueado en los puertos europeos a causa de las sanciones había logrado el permiso para zarpar. Tal y como Rusia había propuesto al conocerse el rechazo de la UE a su carga, fue enviado de forma gratuita a varios países del sur global. Con ello, Moscú no solo logró desbloquear esa carga sino que, asumiendo la pérdida económica que suponía, dejó claro ante los países más pobres del planeta quién impide o limita que productos tan importantes para su seguridad alimentaria sean entregados.

Pese a su posicionamiento proucraniano, el mencionado artículo de Foreign Policy afirma que la Alianza Mundial para la Seguridad Alimentaria, formada por el Banco Mundial y el G7 bajo liderazgo de Alemania “ha apelado a todos los gobiernos a garantizar que las sanciones contra Rusia no afecten a productos alimenticios y fertilizantes, productos esenciales teniendo en cuenta el papel de Rusia como líder exportador”. Pese a la intervención de Naciones Unidas, que negocia desde hace tiempo la forma en que desbloquear la exportación de fertilizantes rusos y bielorrusos, la situación no ha cambiado.

El bloqueo de esas exportaciones rusas es solo una parte de lo argumentado por Rusia en su crítica a un acuerdo en el que se ha mantenido hasta ahora, y en el que posiblemente se mantenga en el futuro, porque supone la única vía de control del tránsito marítimo, importante para evitar el traslado de armas y posibles ataques contra las bases de la flota del mar Negro. La segunda queja de Rusia es que, frente al discurso oficial, que anunciaba que Ucrania alimentaría a los más pobres, gran parte de esos cargamentos era enviada a países de la Unión Europea.

Los desmentidos ucranianos han quedado en entredicho con los movimientos de las últimas semanas, en las que varios países europeos aliados acérrimos de Ucrania han dado pasos para prohibir la venta de grano ucraniano. Las quejas de los productores locales, que alegan que el grano ucraniano, vendido a precios más baratos y no siempre de calidad, han obligado a algunos de los países más cercanos al Gobierno ucraniano, como Polonia, a prohibir su venta en territorio nacional. La intervención de la Unión Europea, que se ha producido una vez publicitadas las críticas, ha logrado un acuerdo para permitir el tránsito, pero, por el momento, esos países podrán prohibir la venta de grano ucraniano. A pesar del intento de la UE de presentar el acuerdo como un paso positivo, lo ocurrido en los últimos días muestra que hay algo de verdad en la acusación rusa de que una parte importante del grano ucraniano no va, como afirma la propaganda oficial, a “alimentar al tercer mundo”, sino que se vende en los países más ricos. Y, ante todo, la necesidad de la Unión Europea de intervenir a favor de Ucrania ante algunos de los países más proucranianos del continente muestra que esa unidad alrededor de Ucrania que el discurso oficial continúa ensalzando puede parecer prioritaria, pero, en realidad, está supeditada a los intereses económicos de determinados sectores.