Los planes de Danilov

El pasado 3 de marzo, Oleksiy Danilov presidente del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, una de las instituciones más importantes del país, especialmente en tiempos de guerra, afirmó que la situación actual requería actualizar la estrategia para desocupar Crimea. El objetivo no es únicamente recuperar el control de este territorio perdido en 2014, sino hacerlo de tal manera que Kiev pueda eliminar la influencia rusa de la península. Así se desprende del plan esbozado por Danilov, que el domingo publicó una serie de pasos con los que Ucrania pretende imponer en una región que abandonó el país hace nueve años. En este tiempo, sin ningún movimiento local de nostalgia por la Ucrania perdida, al región ha avanzado en su integración en la Federación Rusa, el país que tuvo que hacer frente a las represalias con las que Kiev quiso castigar a la población. Ese castigo colectivo ha venido tanto de iniciativas oficiales del Estado, con el ejemplo más claro de la construcción de una barrera que impidiera el paso del agua al canal de Crimea, como de la extrema derecha y activistas tártaros de Crimea en Ucrania, que interrumpieron el suministro eléctrico a base de cortar las líneas de alta tensión que daban luz al territorio.

Desde 2014, la estrategia de Ucrania, tanto en relación con Donbass como con Crimea, ha pasado por explicar lo ocurrido negando todo aspecto interno. Tanto en Sebastopol como en Donetsk y Lugansk, se produjo, según Kiev, únicamente una intervención externa, una invasión rusa sin que mediara un conflicto interno. Esa postura fue también la mantenida por Ucrania a lo largo de los siete años de proceso de Minsk y fue la base de la negativa de Kiev a dialogar políticamente con Donetsk y Lugansk y de la preferencia por el formato Normandía, en el que trataba con el Estado agresor en lugar de con los ciudadanos ucranianos de las regiones separatistas. No existía un conflicto interno sino una agresión extranjera, por lo tanto, según esta visión, ni el diálogo con esas regiones ni las concesiones en forma de derechos políticos de esas minorías eran necesarios para resolver la cuestión.

Esa idea general sirvió a Ucrania para incumplir durante años el acuerdo de paz que había firmado, incluso en momentos en los que decía defender los acuerdos de Minsk como única vía de resolución pacífica al conflicto. Sin embargo, dilapidado el proceso de Minsk con el reconocimiento ruso de la RPD y la RPL y ya sin necesidad de defender un proceso de paz que nunca tuvo intención de cumplir, Ucrania añadió la cuestión de Crimea a su lista de agravios sobre los acuerdos firmados en tiempos de Poroshenko. Minsk era inviable, ha afirmado desde entonces Ucrania, porque no resolvía la cuestión de Crimea, una cínica postura hacia un acuerdo que, como Kiev y sus socios eran conscientes, buscaba detener el derramamiento de sangre en la guerra, entonces muy lejos de las fronteras de la península, en cuya anexión no se produjo enfrentamiento militar alguno.

Crimea, el territorio más claramente prorruso de Ucrania mucho antes de la victoria de Maidan y donde existía ya una presencia militar, económica y social rusa supuso un punto de inflexión para Kiev, incapaz de presentar resistencia al plan ruso, una operación rápida y aparentemente sencilla que devolvió a la península bajo control de Moscú en apenas unas semanas. Y aunque la cuestión fue una parte importante del discurso nacionalista ucraniano  lo largo de la presidencia de Petro Poroshenko, que trató de utilizarla en un fallido intento de decretar el estado de excepción y retrasar así unas elecciones en las que había perdido toda opción de victoria, fue Zelensky quien elevó el nivel de la retórica. En 2021, la “declaración Crimea”, que planteaba utilizar todos los medios a su disposición para recuperar Crimea, causó preocupación en Rusia y entre las autoridades de la península, que entendieron el mensaje de Zelensky como lo más parecido a una declaración de guerra. Sin embargo, en aquel momento, los medios de los que disponía el presidente ucraniano eran políticos, diplomáticos y, sobre todo, mediáticos.

El inicio de la intervención militar rusa, que implicó la abrupta finalización del proceso de Minsk y la extensión de la guerra a todo el país, ha supuesto para Ucrania una ocasión para exigir a sus socios armamento, financiación y asistencia para recuperar también esa península que Occidente daba por perdida para Kiev. Incluso ahora, cuando países como Alemania han entregado ya sus tanques más avanzados para preparar la ofensiva terrestre que acerque a las tropas ucranianas a las fronteras de Crimea, una parte importante del establishment occidental asegura que la victoria de Ucrania en la península es inviable. Olvidando siempre el factor del favor de la población al país del que decidieron formar parte y no del que les interrumpió el suministro de agua para arruinar su agricultura, esos expertos alegan fundamentalmente que, en estos nueve años, Rusia ha tenido la ocasión de atrincherarse en la península.

Pero ni lo incierto de la próxima ofensiva ucraniana, ante la que Rusia se defenderá con todos sus recursos, ni la certeza de que en los últimos nueve años no haya habido ningún movimiento proucraniano local en Crimea impide a las autoridades de Kiev soñar con el día después. Y de la misma forma que la extrema derecha sueña con deportar a 800.000 ocupantes, es decir, a la población local que consideran desleal y a la que desean aplicar el tratamiento que Croacia diera a la población de la Krajina serbia, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa planea ya los “12 pasos para la desocupación”. El Consejo que dirige está preparando, según Danilov, “un programa detallado y legalmente verificado” en colaboración con especialistas y expertos “que reflejará la nueva versión de la estrategia para la desocupación de Crimea”. El razonamiento sigue siendo el mismo y no se trata siquiera de exigir el retorno a las fronteras de 1991 sino de la ficción de que quienes viven en Crimea son “ciudadanos de Ucrania que están esperando a volver a casa”. Con un toque de épica, Danilov añadió que “nunca los hemos olvidado y no olvidaremos a los millones de ojos que miran con esperanza y fe hacia el istmo de Perekop”. Con esas palabras, culminadas con el grito de OUN, “¡Gloria a Ucrania”, el presidente del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, como Volodymyr Zelensky en el pasado, busca dar legitimidad a la idea de llevar la guerra, con la muerte y destrucción que implica, a la península de Crimea, que siempre fue el objetivo real de Ucrania, mucho más interesada en recuperar este estratégico territorio que la devastada región industrial y proletaria de Donbass. Basándose en unos deseos de la población de Crimea que no se corresponden con la realidad, Danilov propone un plan de doce puntos que difícilmente puede ganarse el apoyo de la población, esa que hace nueve años eligió regresar a la Federación Rusa, país al que Danilov llama provocadoramente Moscovia.

El plan, en realidad una lista de actos pensada para agraviar al máximo a la población rusa -también a la de Crimea- y excitar a la población nacionalista ucraniana, incluye todo tipo de extravagancias desde la destrucción de los monumentos de Sebastopol y el puente de Kerch a la necesidad de privar a la principal ciudad de la península, no solo de su identidad como una ciudad de importancia militar histórica rusa, sino incluso de su nombre. “Teniendo en cuenta el papel de la ideología del rashismo [una mezcla de Rusia y fascismo que se ha generalizado en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022], el sistema negativo de creación de mitos y reescritura de la historia, la llamada “Ciudad de gloria militar rusa” (cuya gloria, concretamente consiste en hundir su propia flota sin entrar en la batalla) pasará a llamarse “objeto número 6”. La Verjovna Rada de Ucrania decidirá más adelante sobre un nuevo nombre para la ciudad”, escribió Danilov como punto final de su plan de doce pasos, no de desocupación, sino de conquista e imposición de la voluntad ucraniana sobre una población a la que no se prevé dar voz ni voto.

Especialmente importantes son los puntos dedicados a los planes del presidente del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa para los colaboracionistas. En una serie de puntos que presagian las intenciones que Ucrania tendría también para la población de Donbass, Danilov propone toda una serie de castigos que difícilmente pueden ser compatibles con el discurso de “democracia contra autoritarismo” que Ucrania y sus socios mantienen desde 2022. Tampoco hay en la propuesta de Danilov el más mínimo respeto por los derechos de las personas, ni de las minorías más allá de aquellas que han sido y son políticamente útiles para Kiev, concretamente aquellas a las que ignoraba antes de marzo de 2014, pero a las que ha utilizado como argumento contra Rusia desde entonces.

El plan de Danilov prevé invalidar todo contrato, incluida la compra-venta de inmuebles, producida desde la adhesión de Crimea a Rusia en 2014, así como la expulsión de toda población rusa que hubiera llegado a la península desde ese momento y también la “creación de una base de datos documental de los crímenes rusos contra ciudadanos ucranianos que se resistieron a la ocupación”, puesta en libertad de detenidos, restablecimiento de los derechos de los activistas ucranianos y tártaros de Crimea. Según Danilov, “Rusia, o cualquier otra formación que pudiera declararse sucesora, garantizará la extradición incondicional y completa de toda personas sospechosa de alta traición y otras ofensas criminales, tanto ciudadanos de Ucrania como de Rusia”. La coyuntura actual hace innecesario ocultar las intenciones represivas de Ucrania, que afirma abiertamente su voluntad de discriminar y marginar a todo un sector de la población.

“Además de la persecución penal por colaboración y traición, se está desarrollando un mecanismo de lustración de personal que, concretamente, determinará el nivel de responsabilidad y el grado de participación de individuos concretos, ciudadanos de Ucrania, residentes de Crimea de apoyo a las actividades de las administración de ocupación, que prevé, concretamente, restringir los derechos de participación en las elecciones tanto a elegir como a ser elegidos”, escribió Danilov, dejando claro que Ucrania pretende implantar un sistema político que represente únicamente a la parte de la población leal a Kiev. Teniendo en cuenta el carácter absolutamente minoritario de la población que en estos nueve años se ha mantenido leal a Ucrania, las palabras de Danilov presagiarían un sistema político que negaría el voto a la mayoría absoluta de la población.

Pero las intenciones de lustración de Danilov no se limitan a la población general, sino que se centran también en jueces, fiscales, agentes de la ley y funcionarios que hayan formado parte de las autoridades de Crimea en estos años y que, incluso aunque fueran eximidos por los tribunales ucranianos de una acusación penal, serían desprovistos de sus pensiones y de la posibilidad de ser empleados en las estructuras del Estado incluso a nivel local y de forma permanente. En cuanto a los periodistas y profesionales de los medios, Danilov prevé también investigaciones penales “si hace falta, también con la participación de agencias de la ley internacionales”. “Legalmente, según el veredicto del tribunal, serán privados de su libertad, títulos, pensiones, propiedades…honor y respeto”.

Como último punto referido a la cuestión de qué hacer con la población, Danilov introduce abiertamente una forma de adoctrinamiento, el mismo que Ucrania lleva años esperando imponer también en Donbass. “Se está implementando un programa completo de desintoxicación: neutralización de las consecuencias de las acciones a largo plazo de la propaganda rusa en la conciencia pública de una parte de la población de la península”. Nuevamente, Ucrania se escuda en la idea de la propaganda rusa y la necesidad de eliminar sus consecuencias para justificar su intención de imponer su relato sobre la población, por la fuerza si es necesario. Sin embargo, con la insistencia en los efectos de la propaganda y la necesidad de corregir la opinión pública, Kiev admite de forma implícita e inintencionada que no cuenta con el favor de esa población a la que dice querer liberar.

Lo publicado por Danilov no es un plan de desocupación de un territorio perdido sino una amenaza directa a la población allí residente. Oleksiy Danilov no es una figura marginal y el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa que preside es una institución con un papel clave en la cadena de toma de decisiones. Este plan no difiere en exceso de las intenciones mostradas por Ucrania hacia la población de Donbass a lo largo de estos años. Sin embargo, actualmente, Ucrania cuenta con el favor de Occidente y su aparato mediático, declaradamente dispuesto de justificar toda medida represiva contra los colaboracionistas. Con la publicación de este plan cuyos postulados dejan claro que se trata de un acto para consumo interno y que de ninguna manera busca el favor de la población de la península, Danilov deja claro una vez más que la seguridad y la garantía de los derechos de las personas residentes tanto en Donbass como en Crimea pasan por evitar que Kiev esté en posición de implementar sus planes.