«Causas progresistas» del «nuevo internacionalismo»

Publicitando su artículo sobre la conferencia “Solidaridad con Ucrania: construyendo un nuevo internacionalismo”, el periodista Tom Rowley citaba unas palabras en las que el diputado laborista británico Jon McDonnell afirmaba que “necesitamos una campaña contra las condiciones neoliberales de la asistencia internacional a Ucrania y contra el papel de Gran Bretaña en el lavado de dinero ruso y ucraniano”. Esta afirmación sintetiza a la perfección la postura de gran parte del establishment de los partidos europeos que se dicen progresistas. La supuesta lucha contra la oligarquía y su dinero ilegítimo es un tema recurrente en el juicio de los países postsoviéticos, generalmente olvidando que ese enriquecimiento se produjo bajo el régimen de Boris Yeltsin, protegido tanto por Demócratas como laboristas mientras se saqueaba y esquilmaban los activos y empresas antes propiedad del pueblo soviético. En el caso británico, la city de Londres ha protegido al dinero sucio procedente tanto de Rusia como de Ucrania mientras ha sido rentable y su estigma solo ha causado rechazo a raíz del actual conflicto, cuando ha habido que añadir la etiqueta “cercano al Kremlin” en el caso ruso o “prorruso” en el caso ucraniano.

Sin embargo, mucho más significativa es la primera parte de la afirmación del diputado laborista, que parte de una premisa absolutamente falaz y posiblemente debida al desconocimiento absoluto del desarrollo de la política económica de Ucrania no solo en el último año, sino en los nueve años transcurridos desde la victoria de Maidan. Aunque el neoliberalismo, la privatización masiva de los activos públicos y el recorte del Estado de bienestar habían sido ya la norma en gran parte de los años de independencia de Ucrania, también en el aspecto económico, Maidan supone un punto de inflexión en la actuación del Estado. La guerra ha supuesto desde 2014, y especialmente desde 2022, un inmenso desvío de fondos a cuestiones militares a costa de otros sectores que tanto Kiev como sus acreedores han considerado de menor importancia o en los que, en su opinión, se producía una inversión excesiva. En esos casos, generalmente basándose en la idea de lo obsoleto del legado soviético del gasto en subsidios para reducir los precios de los servicios básicos, aumento de pensiones o mantenimiento de los servicios públicos, las instituciones internacionales, oficiales tecnócratas y representantes de la compleja red de organizaciones supuestamente no gubernamentales han abogado siempre por la austeridad neoliberal. Esas medidas han logrado, antes incluso de que la intervención militar rusa dejara a la economía del país en punto muerto y millones de personas cayeran bajo el umbral de la pobreza en un contexto de aumento de la desigualdad y empobrecimiento de una parte importante de la masa social.

En este sentido, la exigencia planteada por tres diputados laboristas británicos en esa conferencia solidaria e internacionalista celebrada por la London School of Economics no se produce en el vacío, especialmente teniendo en cuenta que la guerra de 2022 ha causado una enorme destrucción física y económica en amplias zonas del país que requerirán de reconstrucción en años venideros. Es ahí donde se enmarca la mencionada idea de la necesidad de presionar a las instituciones internacionales para retirar las condiciones económicas neoliberales vinculadas a la entrega de asistencia económica y financiera a Ucrania en busca de “una reconstrucción justa para Ucrania”.

En ese sentido se pronunció también la premio Nobel Oleksandra Matviichuk. “Los ucranianos están luchando para construir un país en el que estén protegidos los derechos de todos los ciudadanos y la libertad de ser ucraniano, en lugar de que su identidad sea destruida”, afirmó según cita el artículo de Tom Rowley publicado en openDemocracy. Esa inclusividad que pretende proyectar Matviichuk, y que trasladan también a los diputados laboristas participantes en el acto, choca con su postura, que en nada difiere de la del Estado ucraniano, en los últimos nueve años, especialmente en lo referido a la guerra de Donbass. Poco antes de que se otorgara el premio Nobel de la paz a su organización, la activista se jactaba en las redes sociales de haber comenzado a exigir armas para Kiev a Estados Unidos desde 2014. En aquel momento, interrumpidos ya los pagos de pensiones y prestaciones sociales a la población de Donbass, Ucrania trataba de acabar por la vía militar con las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Fracasado en dos ocasiones ese intento, Kiev se vio obligada a conformarse con la firma de unos acuerdos que, como ahora admite abiertamente, jamás tuvo intención de cumplir. La población de Donbass no solo no merecía la paz y el comienzo de una reconstrucción justa sino que no obtendría de Ucrania siquiera el derecho a tener voz y, menos aún, voto.

La actitud mostrada en los ocho años de guerra en Donbass por la sociedad civil ucraniana, incapaz de crear un movimiento por la paz que realizara un solo acto antibelicista significativo, demuestra la hipocresía de quienes actualmente exigen una reconstrucción que solo esperan que sea justa para la parte de la población que consideran ideológicamente correcta. No ha habido compasión para Donbass en ocho años y no va a haberla en el futuro, como muestra el desinterés por la población de Donbass y el ansia por aplicar en esos territorios medidas contra los colaboracionistas que trasciende del Gobierno y la sociedad civil.

Sin embargo, posiblemente por el desconocimiento de la situación real de las fuerzas progresistas en Ucrania, actualmente inexistentes tras la ilegalización de los partidos comunistas y la absoluta marginación del movimiento sindical, ya de por sí escasamente independiente del Estado post-Maidan, miembros de partidos y movimientos sociales europeos se aferran aún a una idea equivocada de las intenciones y las políticas ucranianas. Solo quien no ha seguido el día a día de las prácticas ultraliberales de los gobiernos ucranianos desde la victoria de Maidan podría mostrarse “optimista sobre las posibilidad de una reconstrucción justa e inclusiva que tenga en cuenta las necesidades de estabilidad económica y crecimiento de la sociedad ucraniana, una posibilidad garantizada por la inclusión de más oficiales de gobierno local, sociedad civil y grupos de trabajadores y mujeres en el proceso de reconstrucción” como afirmaba openDemocracy, que ignora incluso las conclusiones del foro sobre el que dice estar informando. “Bajo la presión extrema de la invasión rusa, el Gobierno ucraniano ha perseguido una política de reducción de la influencia del Estado en varios sectores de la economía en lugar de utilizar los poderes del Estado para poner los recursos del país al servicio del esfuerzo de guerra contra Rusia”, afirma el artículo.

Frente a las tendencias de control estatal de aspectos importantes de la economía, keynesianismo aplicado por la Unión Europea, proteccionismo estadounidense y un creciente papel del Estado que ha llevado a la inteligencia británica a afirmar que Rusia “aplica cada vez más los principios de la economía planificada” en su industria militar, Kiev se ha desmarcado aprovechando las posibilidades que da la guerra para avanzar en una serie de planes que preceden a la intervención militar rusa. La desindustrialización, la eliminación de subsidios, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, el grave aumento de los precios de los servicios básicos, la reducción de los servicios de sanidad o la privatización masiva de las últimas empresas de propiedad estatal son ideas que se han repetido tanto en los gobiernos de Poroshenko como en el aún más liberal –libertarian en el sentido estadounidense del términos- de Zelensky, en el que la reducción del Estado a su mínima expresión ha sido siempre el objetivo. Y aunque Ucrania se ha escudado en la guerra como argumento para endurecer legislación que, por ejemplo, reduce el papel de los sindicatos y desregula aún más el mercado laboral, esas tendencias existían ya antes del 24 de febrero de 2022 y no desaparecerán en el momento en el que las bombas den paso al silencio, cuando esas políticas hayan quedado ya consolidadas. Las tropas rusas no habían cruzado la frontera cuando la presidenta de la comisión de Políticas Sociales del Parlamento, Halina Tretiakova, defendió el nuevo Código del Trabajo como un intento de limitar los derechos de los trabajadores y discriminar “un poco” contra ellos.

La certeza de que Ucrania estaba dispuesta a ir incluso más allá de lo exigido por el Fondo Monetario Internacional ha quedado patente en los años de la Ucrania de Maidan, una tendencia que se repite ahora y que este mismo mes ha recogido, utilizando fuentes oficiales de la Unión Europea, el mismo openDemocracy. En un artículo específicamente dedicado a las condiciones y la regulación previstas en las reformas ucranianas, Thomas Rowley y Kateryna Semchuk describen medidas que incumplen incluso la legislación de la Unión Europea y los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. A pesar de la posición pública de exigir el cumplimiento de la legislación de la UE, el artículo admite que Bruselas no presionará a Kiev para garantizarlo. El planteamiento de esas reformas, su naturaleza ultraliberal, desregulatoria y privatizadora no se debe a las exigencias de la Unión Europea ni de organismos internacionales sino a las propuestas ucranianas, coherentes además con las presentadas en los ocho años anteriores.

Sin embargo, a pesar de la evidencia de la actuación de Kiev durante casi una década completa, las falsas esperanzas perduran, como lo hace también el intento de presentar la de Ucrania como una causa progresista. “El resultado de las causas progresistas en Ucrania es crucial para el futuro de la formación democrática de Ucrania”, afirmaba uno de los participantes en el foro internacionalista al que se refiere openDemocracy. Sin embargo, las causas progresistas han sido demonizadas e incluso prohibidas por los gobiernos post-Maidan, que han impedido las actividades de todo partido mínimamente izquierdista añadiéndoles la etiqueta de prorrusos y que nunca han mirado a los “grupos de trabajadores y mujeres” en busca de inspiración sino a los sectores más reaccionarios del neoliberalismo estadounidense y a instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Aun así, refiriéndose a la invasión rusa como “un reto extremo, pero también una oportunidad para la renovación democrática”, el fundador de openDemocracy afirmó que “nos encontramos en una era en la que las políticas neoliberales han fracasado”. Sin embargo, la renovación democrática que propone Ucrania es la de la prohibición y marginación de toda opción política no nacionalista, deslegitimación de los sindicatos, desregulación y discriminación de trabajadores y trabajadoras. Esa es la causa justa que algunos partidos progresistas han querido ver en Ucrania y por la que piden opciones internacionalistas que Kiev espera que se limiten al constante flujo de financiación para la guerra que le garantiza la guerra proxy común contra Rusia.