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Dependencia y «descolonización»

En un artículo ampliamente debatido, alabado por una parte y demonizado por otra, el sociólogo ucraniano Volodymyr Ischenko critica la sobrerrepresentación de las cuestiones identitarias, algo que se está plasmando en la prensa y la academia occidental desde la idea de “descolonizar” Ucrania, entendido siempre en términos simbólicos o culturales, y apela a prestar mayor atención a las transformaciones sociales. Refiriéndose como ejemplo a los movimientos por la liberación de las mujeres, por los derechos de la comunidad LGBTQ o por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, Ischenko plantea esas luchas dentro de una idea general contra un orden opresor, una transformación del orden existente y una redistribución que va más allá de la representación de sus respectivos grupos sobre la base de sus particularidades. El sociólogo ucraniano contrasta esas luchas con la actual representación de las voces ucranianas, fundamentalmente angloparlantes y vinculadas a un sector específico de un país mucho más diverso, pero en el que ese puñado de opiniones son presentadas como referente del sentir general.

Esas escasas voces ucranianas presentan un país que reniega manifiestamente de toda vinculación social y cultural común con Rusia, de ahí ese eufemismo de descolonización para justificar, en realidad, el borrado de toda seña de un pasado común con el país vecino. Contrastando con una caricaturizada imagen de una Rusia asiática, tradicionalista y dictatorial, esas voces presentan un futuro europeo, moderno y democrático igualmente caricaturizado e idealizado. Pero, ante todo, se busca definir un país que rechaza abiertamente todo el legado soviético a excepción de sus fronteras.

En 1991, Ucrania heredó de la República Socialista Soviética, no solo un territorio, sino una serie de infraestructuras que actualmente están siendo un salvavidas para la población. Ocurre así con la amplia red eléctrica, que por su magnitud y diversidad está permitiendo que, pese a los ataques rusos, las reparaciones sigan siendo posibles y se mantengan unas mínimas condiciones. Ucrania heredó también una red industrial desarrollada y que había sido clave, por ejemplo, en la aviación o el sector espacial además de suponer una de las zonas industriales más importantes durante el siglo XX por la extracción de carbón, la existencia de minerales o la metalurgia. Esos recursos han sido en las últimas tres décadas fuente del enriquecimiento de un puñado de oligarcas y de las miserias de miles de trabajadores y trabajadoras, que incluso antes del comienzo de la guerra hubieron de luchar por cobrar los salarios atrasados que se les debían.

El argumento de Ischenko pasa por centrar el discurso en la necesidad de una transformación social que busque construir sobre la herencia soviética, una idea que poco tiene que ver con el actual transcurso de los acontecimientos. En Ucrania se está produciendo realmente una transformación social que tiene una táctica y una estrategia claras y avanza inalterable una vez que todo movimiento o grupo político que aspirara a algo diferente ha sido apartado, deslegitimado y demonizado como enemigo interno al servicio del enemigo externo. Esa transformación, como ha podido verse en los últimos años con la destrucción de la sanidad o las pensiones, cuya reducción es un proyecto de las élites políticas del país que va incluso más allá de lo exigido por el Fondo Monetario Internacional. Una transformación social supuestamente democratizante que en estos años ha supuesto ciertos intentos de visibilización, aunque no de garantía de nuevos derechos, a comunidades como la LGBTIQ, gesto claro hacia Occidente teniendo en cuenta el acoso al que han sido sometidos. Ya en tiempos de Maidan, Maksym Eristavi, antes periodista, ahora think-tanker y siempre activista pro-Maidan y miembro de la comunidad LGBTIQ escribía “mi país me odia”. En un país en el que en estos años se han producido pogromos contra las comunidades romaníes, de Asia Central o incluso a los refugiados afganos llegados al país tras la caída de Kabul y donde los grupos armados y movilizados de extrema derecha han actuado con impunidad, es difícil imaginar que, incluso en este aspecto con el que Ucrania quiere diferenciarse de Rusia, haya sufrido grandes avances. Aunque incluso en este caso, el primer intento de celebración de la fiesta del Orgullo Gay se produjo, bajo enorme protección policial en tiempos de Viktor Yanukovich.

Al margen de excepciones que buscan únicamente una buena imagen frente a los acreedores países occidentales, la transformación social que está realizando Ucrania busca abiertamente eliminar todo rasgo del legado soviético, algo que va mucho más allá de la retirada de estatuas a Lenin, Pushkin, Lomonosov o Gorki, y que incluye la eliminación de aquellos derechos sociales que caracterizaron al periodo soviético. Herida de muerte la sanidad, eliminada ya la negociación colectiva y con ello en riesgo todo derecho laboral y destruida, en parte por la guerra y en parte por el capitalismo privatizador, la industria del país, Ucrania busca renovar su economía. Además de la agricultura -la aspiración a convertirse en superpotencia agrícola, una idea repetida desde la victoria de Maidan- y los servicios, Kiev mira a la tecnología para renovar el país y a sus socios occidentales para hacerlo realidad. El ejemplo del exministro Omelyan, que prometió que se instalaría en Ucrania el famoso Hyperloop que Elon Musk nunca llegó a construir en ninguna parte, se repite una y otra vez con nuevas y cada vez más grandes ideas que nunca llegan a dar fruto alguno. En cualquier caso, toda reforma, reconstrucción o renovación va siempre de la mano de la financiarización, liberalización extrema para dejar en manos del mercado todo servicio básico y, sobre todo, del gran capital occidental.

La guerra, que en los últimos años ha justificado el atrincheramiento nacionalista, el aumento de presupuestos militares para mantener artificialmente el estado de guerra y justificar así proseguir con el camino marcado, supone un paso más hacia la consecución del país que tanto las élites económicas y políticas nacionales como el complejo de organizaciones no gubernamentales que tanta influencia ha ejercido en la Ucrania independiente han buscado desde los años noventa. La destrucción que necesariamente implica un conflicto bélico está siendo entendida como una oportunidad más que como el drama humano que es.

Ucrania, de una forma similar a la actuación de la RPD y la RPL respecto a Rusia, ha utilizado los años de la guerra en Donbass para buscar la implicación occidental y su integración económica, política y militar en el bloque occidental. Ucrania ha buscado desde 2014 inversiones extranjeras, no solo para llenar sus diezmadas arcas públicas y privadas, sino para lograr la integración en la economía de sus socios occidentales.

No es casualidad que, ya antes de que la guerra se extendiera a todo el territorio del país, Ucrania buscara dejar en manos de las grandes empresas del capital occidental aspectos tan importantes como las infraestructuras. La gigante Bechtel, la empresa que en 1999 trató de privatizar la gestión del suministro de Cochabamba causando la que en Bolivia se conoció como Guerra del Agua, iba a encargarse de la construcción de la circunvalación de Kiev. Se hablaba ya del enorme sobrecoste que Ucrania estaba dispuesta a pagar, siempre a costa de otros servicios, por atraer a Bechtel. Ahora que Kiev se enfrenta a una reconstrucción mucho más amplia, que ya no es solo fruto de los años del capitalismo, sino también de la guerra, el Gobierno sigue profundizando en esa reforma social y económica en favor del gran capital y a costa de la población.

A lo largo de los ocho años de guerra en Donbass, Ucrania, que siempre ha exigido a Rusia pagar por una guerra que comenzó Kiev, ha sondeado diferentes cifras sobre el coste de una futura reconstrucción. En 2020, Oleksiy Arestovich hablaba de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para la reconstrucción de las infraestructuras de Donbass. Antes, En junio de 2016, el viceprimer ministro Gennady Zubko exigió 15.000 millones. Y en noviembre de 2016, Pavel Zhebrinsky, entonces jefe de la “administración civil militar de la región elevaba la cifra hasta los 20.000 millones.

Ahora, esas cifras han ascendido notablemente. La destrucción ha aumentado en las ciudades, especialmente en Donbass, con Mariupol, Popasnaya, Rubezhnoe, Volnovaja, Artyomovsk o Severodonetsk total o parcialmente destruidas. En territorio ucraniano, los ataques a las infraestructuras críticas requieren una reparación que, como en el caso de puentes y carreteras, será mayor gracias a la manifiesta dejación de funciones de los treinta años de la Ucrania independiente. El Gobierno de Zelensky, que ha utilizado la guerra para profundizar en su agenda privatizadora y para trasladar el flujo de riqueza de los oligarcas nacionales al gran capital occidental, ha visto en ello una gran oportunidad.

El 13 de diciembre, en un plan que precede a la intervención rusa, el Parlamento de Ucrania aprobó enmiendas a la legislación de urbanismo que han sufrido críticas de periodistas y arquitectos, pero que han recibido el aval de las constructoras, grandes beneficiarias de unas medidas que dejan en su poder la capacidad de decisión sobre grandes aspectos de la construcción y el urbanismo. Este tipo de medidas liberalizadoras no solo suponen un peligro para zonas antes protegidas por su interés histórico o cultural, sino que son un paso claro hacia la promoción de la especulación inmobiliaria.

Sin embargo, la medida estrella del Gobierno de Zelensky se ha producido en los últimos días, cuando se anunció un acuerdo entre el presidente de Ucrania y el director ejecutivo de Blackrock, el mayor gestor de inversiones a nivel mundial, es decir, experto en especulación, para la coordinación de la reconstrucción de Ucrania. En los últimos meses, Ucrania y sus socios, que tratan de buscar la forma para que queden en manos de Kiev los activos rusos ahora mismo incautados por los diferentes países occidentales, ha mencionado diversas cifras como coste de la reconstrucción. El primer ministro Denis Shmygal mencionó 750.000 millones de dólares el pasado octubre. En junio, el Banco Mundial había estimado los daños causados por la guerra en 252.000, con unas necesidades estimadas de 348.500 millones de dólares para el fondo de reconstrucción. Sea cual sea finalmente el nivel de destrucción y la cantidad necesaria para la reconstrucción, Zelensky ha decidido ya qué representante del gran capital más voraz coordinará la búsqueda de inversores y gestionará la reconstrucción. Una actuación doblemente beneficiosa desde el punto de vista de la ideología libertarian del presidente ucraniano: más poder para el mercado a costa del Estado y más integración de Ucrania en el juego del capital occidental, dos de las principales reformas que planteaba el Gobierno y que esta guerra está sirviendo para acelerar. La descolonización a la que se refiere la academia occidental no es más que eliminación de toda seña del pasado ruso o soviético y la independencia que dice buscar Ucrania con la guerra es solo una forma de lograr la dependencia política y económica de Occidente.

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