Las «reformas» y la guerra: una forma de transformación social

Desde su inicio en 2014, la guerra ha supuesto para Ucrania un gran argumento con el que justificar todo tipo de reformas, cambios y actuaciones que habían resultado imposibles apenas unos años antes. Aunque se ha incrementado notablemente desde el 24 de febrero de 2022, cuando las tropas rusas violaron las fronteras ucranianas por tierra, mar y aire, este fenómeno se remonta a la guerra en Donbass, abiertamente utilizada por Kiev para imponer una serie de políticas que el país no había logrado consolidar en años anteriores. Habitualmente suele hablarse de esa tendencia en términos identitarios y centrados en la simbología: la eliminación de estatuas soviéticas, revisión de la historia para imponer el relato nacionalista como discurso nacional o eliminación de la lengua rusa en favor de la lengua ucraniana, todo ello en busca de imponer una tendencia política y eliminar toda alternativa no nacionalista.

Más desapercibida ha pasado en estos años, fundamentalmente debido a que estaba siendo fomentada por las instituciones, gobiernos y organizaciones no gubernamentales occidentales, la transformación social que está produciéndose. Desde la llegada al poder de Zelensky en 2019, que intensificó este proceso, su objetivo ha sido doble: consolidar la imposición de la agenda nacionalista en términos políticos y también la ideología libertarian vinculada a los sectores económicamente más derechistas de Estados Unidos. Todas esas tendencias autoritarias, desreguladoras y de limitación de derechos de la clase trabajadora continúan ahora, intensificadas por las facilidades que ofrece la guerra, pero iniciadas desde el cambio de Gobierno forzado por el golpe de estado de febrero de 2014.

En ese proceso, Ucrania debía primero eliminar políticamente cualquier alternativa a esas dos ideas, algo que comenzó con la demonización del Partido de las Regiones, los partidos comunistas y cualquier medio de comunicación que se desviara lo más mínimo del relato nacionalista oficial. Todos ellos han sido, a lo largo de los últimos ocho años, calificados de prorrusos. La victoria de Euromaidan y la posterior guerra en Donbass fueron útiles para demonizar primero y prohibir después a todo tipo de partidos y movimientos calificados, lo fueran o no, de prorrusos. En las primeras semanas de la intervención militar rusa, Zelensky anunciaba la reorganización de la política informativa, en realidad la toma de control de la información por parte del Gobierno, y la prohibición de casi una docena de partidos políticos a los que acusaba de ser prorrusos. En el contexto del estado de excepción, una decisión judicial era innecesaria.

La autoridad del presidente era más que suficiente para justificar una medida que a nivel internacional tampoco causó crítica alguna. La guerra contra Rusia justificaba una serie de medidas que, en realidad, tampoco eran nuevas. Mucho antes había sido ilegalizado, con una ley preparada ad hoc, el Partido Comunista de Ucrania, antaño una de las principales fuerzas políticas, especialmente en las zonas industriales del país. Pero incluso a pesar de contar con esa ley que supuestamente prohibía por igual a la ideología, símbolos y partidos comunistas y nazis -equiparando así “al régimen más genocida de la historia de la humanidad con el que liberó Auschwitz y ayudó a acabar con el reino del terror del Tercer Reich”-, el proceso se dilató durante años. Es más, la decisión definitiva de prohibición del KPU fue anunciada por un tribunal de Lviv en 2022. Para entonces, Ucrania había encontrado ya formas mucho más sencillas de acabar con toda oposición no nacionalista.

Lo mismo puede decirse de los medios de comunicación. En las últimas semanas, se han producido tímidos comentarios sobre los efectos de limitación de la libertad de expresión y libertad de prensa a causa de la última ley ratificada por Volodymyr Zelensky, que consolida el control completo de la política informativa, y con ello, del discurso. En una guerra en la que el frente informativo ha sido tan importante como el frente militar tanto para Ucrania como para sus socios, la guerra ha justificado el control absoluto de las palabras y las imágenes publicadas. Incluso medios occidentales están resaltando actualmente que la ley ratificada por Volodymyr Zelensky es, según la Federación Europea de Periodistas, “digna de los peores regímenes autoritarios”.

Pese a las críticas, ni la legislación ni, sobre todo, las prácticas ya establecidas van a cambiar en Ucrania, fundamentalmente porque ni el cierre de medios ni el acoso a la prensa mínimamente opositora han sido una novedad de 2022. En las primeras semanas de la intervención militar rusa, el periodista de Odessa Yuri Tkatchev fue detenido y encarcelado durante semanas falsamente acusado de tenencia de unos explosivos que habían sido colocados por quienes acudieron a su vivienda a detenerle a causa de sus publicaciones, una táctica también utilizada desde la victoria de Maidan contra opositores, fundamentalmente contra comunistas.

En esos años, Ucrania había luchado ya contra la prensa y los periodistas considerados poco leales. Como ahora, la justificación era también la lucha contra Rusia. Ucrania contaba entonces con la presión que era capaz de ejercer la extrema derecha, un elemento útil para realizar aquellas tareas como el asedio y acoso a medios de comunicación que las autoridades aún no podían realizar. Pese a su apariencia de político outsider y una imagen cuidadosamente creada, las tendencias autoritarias de Volodymyr Zelensky se mostraron desde su llegada al poder. La prohibición de emisión de medios sin siquiera una decisión judicial ha sido una constante durante la presidencia del actual héroe de Occidente, que tampoco dudó en intervenir ilegalmente en el Tribunal Constitucional en busca de una concentración del poder que continúa actualmente, pero que precede a la intervención militar rusa.

A las pulsiones autoritarias, que finalmente se tradujeron en la prohibición general de todo partido político opositor no nacionalista, y a la tozuda agenda contraria a la negociación de la paz -también anterior al 24 de febrero- ha venido asociada siempre una ideología económica de libertad, una tendencia libertarian que, a la sombra de la guerra, continúa aumentando. La guerra, y también la reducción de relaciones económicas con Rusia que ha traído como consecuencia, ha supuesto para Ucrania un declive económico que ha justificado el aumento del poder de todo un entramado de organizaciones internacionales y “no gubernamentales” que han visto en el Gobierno de Kiev a su principal aliado. Con Zelensky, dispuesto a ir incluso más allá que lo exigido por el Fondo Monetario Internacional en términos de privatizaciones y recortes en servicios públicos como la sanidad y las pensiones, esa tendencia a la liberalización salvaje no ha hecho más que aumentar.

Ucrania, que no ha dudado en utilizar el impago de pensiones a la población de Donbass como medida de ahorro, tampoco ha tenido especial dificultad en realizar durísimos ajustes en la sanidad del país, antaño pública y ya antes de la guerra abandonada en una reforma sanitaria liderada por una ministra de Sanidad de nacionalidad estadounidense apodada doctora muerte. La ministra, cuya pareja es uno de los líderes de OUN(B) en Estados Unidos, mantuvo su puesto con la llegada de Zelensky y sus posteriores sucesores han profundizado en su reforma. Los escasos reportajes que actualmente presentan el lamentable estado de la sanidad local, la desaparición del servicio en áreas rurales o la necesidad de que sea Cruz Roja quien atienda a la población tampoco muestran las consecuencias de la invasión rusa sino la continuación de algo que comenzó años atrás por voluntad propia.

En agosto, escasos medios prestaban atención a la firma de la ley 5371, ratificada por Zelensky tras aceptarse una modificación de última hora como concesión a los sindicatos: la ley estará en vigor mientras se mantenga la ley marcial y no permanentemente como pretendía el entorno de Zelensky. Esta ley prácticamente elimina el papel de los sindicatos en pequeñas y medianas empresas y elimina la protección de la que hasta entonces disponían trabajadores y trabajadoras. En ese afán de libertad, Ucrania ha liberado así a esa masa trabajadora de los convenios colectivos, con lo que los contratos habrán de ser negociados de forma individual y sin negociación colectiva por parte de los sindicatos, con la pérdida de capacidad de presión a las empresas que eso implica. Teóricamente, esta legislación es solo temporal, aunque la trayectoria y la ideología del equipo de Volodymyr Zelensky pone en cuestión esa intención.

La lucha por apartar a los sindicatos y eliminar la negociación colectiva también comenzó años antes de que las tropas rusas cruzaran la frontera. La aprobación del Código del Trabajo causó cierto debate en 2021, pero con los movimientos de izquierdas prohibidos o demonizados y los sindicatos vacíos de contenido alguno, jamás existió una resistencia organizada a lo que abiertamente era una reducción de los derechos de trabajadores y trabajadoras. La ley 5388, por ejemplo, no escondía su objetivo en su nombre: “Sobre las enmiendas a ciertos actos legislativos de Ucrania sobre la desregulación de relaciones laborales”. Con esa ley, Ucrania buscaba simplificar las relaciones laborales, permitía a empleadores modificar unilateralmente los términos del contrato y eliminaba a los sindicatos de la negociación de cuestiones como vacaciones, horas extra o trabajo en fines de semana, una descomunización de derechos en nombre de la libertad y de los derechos de las empresas.

La reforma del Código del Trabajo fue presentada por Halina Tretiakova, que abiertamente afirmó que “limitaremos los derechos de los trabajadores un poco y discriminaremos contra ellos”. La diputada del partido de Zelensky se había destacado en 2019 por proponer exigir experiencia militar para acceder al empleo público. Dos años antes, al frente de la organización “Instituto de Libertades Civiles”, propuso retrasar la edad de jubilación y reducir las cuantías de las ya miserables pensiones.

En 2020, en calidad de presidenta del Comité de Políticas Sociales del Parlamento de Ucrania, Tretiakova propuso esterilizar a los pobres que buscan ayudas sociales para mantener a sus hijos, a los que definió como “de poca calidad”. Para justificarse, Tretiakova apeló a la dama de hierro: “Margaret Thatcher afirmó en este sentido que Gran Bretaña es muy dura y quienes no quieren trabajar, no tienen que tener prestaciones. Una vez llegaron a tener un viceministro de Política Social, un lord, que dijo que quien quisiera recibir algún tipo de prestación social debería ser esterilizado. Li Kuan Yew esterilizó a las mujeres que no tenían estudios superiores. Son métodos muy crueles, diría que hasta sádicos, con los que librar a la nación de elementos que no quieren defenderla ni ganarse el pan”, explicó entonces.

Las tendencias mostradas por Zelensky, aún más desreguladoras que las de Poroshenko y más radicales que las propuestas por instituciones como el FMI, deben causar serias dudas sobre el carácter temporal de cualquier medida legislativa que busque profundizar en la tendencia de eliminar derechos de la clase trabajadora en favor de las clases dirigentes, las empresas o el gran capital. Todas esas medidas, ignoradas por medios supuestamente críticos y fomentadas abiertamente por los socios y acreedores occidentales de Ucrania preceden a la entrada de tropas rusas. La guerra supone para Ucrania una excusa para imponer un modelo económico, político y social basado en el individualismo, el recorte de derechos sociales y la supremacía del capital, sea nacional y, sobre todo, el extranjero, aspecto que merece un capítulo propio.