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Alemania, Alto el fuego, Donbass, Donetsk, DPR, Ejército Ucraniano, LPR, Minsk, Rusia, Ucrania

Intereses ajenos frente al bienestar de la población

Durante más de ocho años, quienes siguieron la guerra en Ucrania desde sus inicios han podido ver constantes exigencias a Rusia tanto en el plano militar como en el político. Desde abril de 2014, cuando Samantha Power afirmó que las protestas en el sur y el este de Ucrania eran un movimiento “orquestado desde Moscú”, la acusación de que todo lo vinculado a Donbass era en realidad una invasión rusa ha sido una de las herramientas más útiles de las que ha dispuesto Kiev. Con ello, Ucrania ha visto la posibilidad de argumentar que no era precisa una solución política, ya que se trataba simplemente de una injerencia exterior que debía resolver por la vía militar o logrando por la vía política la rendición de Moscú, que debía desmilitarizar y entregar a Ucrania en bandeja de plata a Donetsk y Lugansk. De ahí que la RPD y la RPL no merecieran voto, voz o reconocimiento alguno en un proceso de paz, el de Minsk, en el que Ucrania siempre dejó claro que no implementaría sus puntos políticos.

Ahora, incluso quienes más lucharon por mantener aquel proceso a flote, como Angela Merkel, reniegan de él aceptando que, para Ucrania, Minsk fue únicamente un paréntesis en el que el país y su ejército pudieron reforzarse. Esta versión, que es exactamente la que mantiene ahora el héroe Valery Zaluzhny, que abiertamente admite que para Ucrania esta guerra comenzó en 2014, no solo pretende ver continuidad entre lo ocurrido en estos ocho años y la actualidad, sino presentar esta guerra de casi nueve años, incluidos los últimos diez meses, como una guerra contra Rusia. Poco importa que, pese a que la asistencia rusa fuera evidente desde el verano de 2014, el objetivo de Moscú fuera durante años buscar un acomodo de Donbass en Ucrania, eso sí, habiendo adquirido unos derechos concretos que, según los acuerdos de Minsk, Kiev, Donetsk y Lugansk debían negociar.

Desde el final de la campaña de invierno de 2014-2015, cuando culminó en Debaltsevo la última gran batalla de la guerra de Donbass 2014-2022, el siempre bloqueado proceso de Minsk vivió una concatenación de treguas que, pese a modificar su terminología eran similares: la tranquilidad se limitaba a la retaguardia, mientras que el incumplimiento de los términos era habitual en las zonas de la línea de contacto, donde destacaban ciertos puntos calientes en los que periódicamente se producían empeoramientos que amenazaban, siempre falsamente, con romper definitivamente el statu quo. Pero Minsk sobrevivió hasta febrero de 2022 fundamentalmente porque además del obstinado intento ruso por lograr de Ucrania una resolución política que no iba a darse, la situación era útil para Kiev.

Este conflicto bélico controlado y de baja intensidad no solo justificaba la necesidad de destinar fondos al gasto militar a costa de los servicios púbicos- fundamentalmente la sanidad-, sino que el discurso de lucha contra Rusia daba a Ucrania una relevancia internacional y una importancia estratégica para sus socios, fundamentalmente para Estados Unidos, muy por encima de su valor real. La guerra sirvió en esos años para realizar un enorme trabajo de adoctrinamiento en el odio a todo lo ruso, que en este caso incluía también la demonización y deshumanización de la población de Donbass y de Crimea, contra la que podían lanzarse ataques militares, imponer un bloqueo económico o simplemente cortar el suministro de agua.

A lo largo de ese proceso, la exigencia de alto el fuego siempre fue dirigida a Rusia, ni siquiera a Donetsk y Lugansk, cuya posición era, tanto para Ucrania como para sus socios europeos, la de títeres de Moscú cuya población no merecía una mínima compasión. Cada año por estas fechas, las exigencias de pacto de una tregua de Año Nuevo eran aceptadas por la RPD, RPL y Rusia con la esperanza de quien quiere ver un gesto de buena voluntad en un acto que, en realidad, es pura tecnología política de relaciones públicas de quien mantiene la guerra como instrumento pero simula buscar la paz.

En 2022, la guerra no solo se extendió a toda Ucrania, sino que cambió el paradigma de las relaciones con Moscú -no así con Donetsk y Lugansk, cuya población sigue siendo una víctima de segunda que no merece atención ni compasión alguna- y las reacciones occidentales a los hechos sobre el terreno. En febrero, los países de la Unión Europea y sus aliados norteamericanos se movilizaron rápidamente para garantizar la financiación y armamento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que aumentó notable y cualitativamente desde el momento en el que quedó claro que Ucrania sería capaz de defender Kiev y con su capital también a su Gobierno. Esa situación no solo animó a los países occidentales a aumentar su asistencia militar, sino que provocó una oleada de intervenciones que, aunque en términos ligeramente diferentes, alentaron a Ucrania a no aceptar una negociación en los términos que marcaba Rusia, que entonces contaba con la iniciativa en el frente.

Desde entonces, mientras figuras como Emmanuel Macron han mantenido una postura ligeramente más matizada -aunque buscando siempre una negociación solo en caso de producirse según los términos planteados por Kiev-, dos han sido las figuras que más abiertamente se han destacado en contra de cualquier negociación: Annalena Baerbock y Boris Johnson. Este último llegó incluso a jactarse de su estelar intervención a la hora de animar a Ucrania a no aceptar el acuerdo que Moscú propuso en Estambul, según el cual Rusia aceptaba de facto retirarse de todos los territorios ucranianos capturados hasta entonces a excepción de las regiones de Donetsk y Lugansk (además de Crimea, parte de Rusia desde 2014). Aunque esa intervención no fue definitiva y el rechazo ucraniano a ese acuerdo había sido ya manifestado por miembros del Gobierno antes de la llegada del entonces premier británico a Kiev, es significativo que Johnson buscara activamente interponerse en las negociaciones para asegurarse de que no pudiera haber un acuerdo posible.

Con Johnson ya en el pasado, el apoyo británico a la guerra de Ucrania no solo ha continuado, sino que ha aumentado. Aunque generalmente a la sombra del apoyo estadounidense, el peso del Reino Unido en términos de inteligencia, armamento, financiación o instrucción de las reservas ucranianas está siendo más que relevante. Para el Reino Unido, como para Washington, Ucrania es una buena herramienta en la lucha común contra Rusia. Esa visión y esa táctica de continuar la guerra hasta la destrucción de Rusia ha continuado con Rishi Sunak, que ayer anunciaba un aumento de la asistencia militar a Ucrania y se sumaba a Annalena Baerbock, que días antes se había manifestado en términos similares, en la idea de no aceptar “un alto el fuego según los términos de Rusia”. En otras palabras, no aceptar un alto el fuego, ya que esa circunstancia favorecería a las tropas rusas, que desde hace dos meses se reorganizan para defender los territorios bajo su control y tratan de avanzar en la región de Donetsk, donde Rusia no ha sido aún capaz de alejar a las tropas ucranianas de la capital de Donbass, como muestran los bombardeos indiscriminados con los que Ucrania castiga diariamente a la población.

El afán de representantes occidentales por rechazar la posibilidad de una tregua -que ni siquiera está sobre la mesa, ya que tanto Rusia como Ucrania han admitido que actualmente es inviable- muestra el grado de preocupación de los representantes alemanes y británicos por la población civil de Ucrania. Un alto el fuego, aunque se tratara únicamente de las habituales treguas de Año Nuevo y navidad ortodoxa, daría a Rusia tiempo para preparar su defensa, pero, sobre todo, daría a Ucrania un momento de pausa para reparar los daños causados por los ataques de los misiles rusos contra las infraestructuras civiles ucranianas. Es decir, daría a Ucrania la posibilidad de reparar el suministro eléctrico y de agua de sus ciudades, facilitando así la vida a una población que se enfrenta a un invierno que será duro. Pero el bienestar de la población civil ucraniana -menos aún la de Donetsk y Lugansk- no es una prioridad para Kiev y lo es menos aún para Berlín y Londres, que supeditan el bienestar de la población ucraniana a sus propios intereses.

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