Castigos y sanciones

Pasados ya los cuatro días en los que la población de la RPD, RPL y las partes de los oblasts de Jerson y Zaporozhie ha podido votar a favor o en contra de la adhesión a Rusia en los referendos convocados hace poco más de una semana y ratificada, como se esperaba, la mayoría favorable, se ha pasado ya a la fase de reacción y respuesta. Con mensajes en los que se resalta la idea de la “vuelta a casa” de las regiones, tanto Leonid Pasechnik primero como Denis Pushilin después han anunciado ya su marcha a Moscú para presentar a las autoridades rusas la petición formal de adhesión a la Federación Rusa. Lo mismo han hecho también Volodymyr Saldo y Evhen Balitsky, al frente de las administraciones cívico-militares de las zonas de Jerson y Zaporozhie bajo control de las tropas rusas. Salvo Pasechnik, todos ellos han sido incluidos ya junto a toda una serie de personas que han colaborado en la organización de los referendos en las diferentes áreas, en una lista publicada ayer por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que les busca ya para acusarles de colaboracionismo. En la publicación, el SBU no incluyó a las autoridades de la RPL, por lo que es de esperar que la lista de acusados por haber organizado y celebrado los referendos no haga más que aumentar.

Sin embargo, Ucrania no quiere limitarse a penar a quienes organizaron el plebiscito, sino que pretende extender el castigo a las personas que han participado en él. Repitiendo los mismos argumentos que ya se han escuchado a lo largo de los últimos días e insistiendo en que ni Ucrania ni sus socios aceptarán los resultados, el ministro de Asuntos Exteriores Dmitro Kuleba afirmó que los ciudadanos ucranianos que hayan participado en las votaciones recibirán un castigo. Eso sí, el ministro afirma que será un “castigo justo”, un calificativo poco esclarecedor considerando que se refiere a la misma población a la que Kiev dejó sin pensiones hace ya ocho años y contra la que impuso un bloqueo con el objetivo de ahogar su economía y forzar así su rendición. Mijailo Podoliak, asesor de la Oficina del Presidente, añadió que quienes hayan votado bajo la coacción de las tropas rusas no serán castigados, por lo que Ucrania se reserva el derecho a decidir a qué ciudadanos quiere castigar por ejercer su voto y a quiénes no.

Hay que recordar que, desde 2015, la cuestión de la celebración de unas elecciones locales en los territorios de la RPD y la RPL ha sido, como especificaban los acuerdos de Minsk, uno de los temas de negociación en el Grupo Trilateral de Contacto que periódicamente se ha reunido, para jamás llegar a acuerdo político alguno, en la capital bielorrusa. En su particular visión de la justicia, Ucrania exigía primero la recuperación del control de la frontera entre Donbass y Rusia (que Minsk especificaba como posterior precisamente a la celebración de elecciones y validación de resultados). Kiev pretendía así celebrar unos comicios dictando sus términos, sin acuerdo con Donetsk y Lugansk, y sin la participación más que de los partidos ucranianos. En esos comicios, en los que habría sido excluida toda persona relacionada con la política de la zona desde 2014, Ucrania veía la muestra de la voluntad popular. De ahí que no es de extrañar que, como ya hiciera hace ocho años, Kiev haya rechazado los resultados, pero también el propio acto de acudir a votar como forma de rechazo explícito al Gobierno de Ucrania.

Tal y como se había anunciado, también la Unión Europea y sus aliados occidentales han reaccionado a la finalización de los referendos insistiendo de nuevo en que jamás serán aceptados como válidos y proponiendo nuevas sanciones. Y pese a calificar el proceso de farsa y tratar de restarle importancia, la UE propone sanciones reales, no solo en forma de veto personal a sus organizadores, sino medidas para tratar de “morder” a la economía rusa. Los países europeos, difícilmente en situación de fuerza en términos económicos en este momento, buscarán minar la capacidad industrial rusa y volverán a intentar plantear un tope de precios al petróleo ruso, una medida que indudablemente se volverá contra la Unión. Rusia ha repetido en numerosas ocasiones que interrumpirá inmediatamente el suministro a los países que traten de imponer ese tope.

La Unión Europea continúa intentando castigar económicamente a Rusia a pesar de su situación de debilidad. Al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, único organismo con la potestad de imponer sanciones a nivel mundial, las sanciones que defienden Úrsula von der Leyen o Josep Borrell no solo afectarán también a los países europeos, sino que sus garantías de éxito son escasas. Con las divisas europeas perdiendo valor, los precios de materias primas clave al alza y sin la capacidad de coaccionar al resto del mundo para cumplir unas sanciones unilaterales, es difícil imaginar que el nuevo paquete vaya a lograr el objetivo de “cambiar la actitud rusa” sobre la guerra. Sin embargo, las sanciones sí que están consiguiendo uno de sus objetivos geopolíticos: hacer descender sobre Europa una nueva barrera que separe a la zona industrial del continente de la que, hasta ahora, había suministrado materias primas baratas. A ello contribuyen tanto las sanciones económicas contra Moscú a causa de los referendos como los sabotajes que han dejado fuera de servicio tanto al nunca inaugurado Nord Stream-2 como al Nord Stream-1, vía directa entre Rusia y Alemania para el suministro de gas.

A lo largo de los próximos días, Moscú dará los pasos necesarios para oficializar la adhesión de los territorios ucranianos a la Federación Rusa y lo hará en un contexto de ruptura completa de toda posibilidad de negociación -no solo militar, sino también política e incluso económica- con Occidente y de escalada abierta en todos los frentes. El abandono definitivo de la parte oriental de Kupliansk, en la región de Járkov, y las graves dificultades que las tropas rusas y republicanas sufren en Krasny Liman, en cerco operativo, implican que toda la parte norte de la RPD y la RPL corren peligro.

Además de utilizar el argumento del referéndum para prometer castigos a los ciudadanos y rechazar nuevamente toda posibilidad de negociación política con Rusia -las negociaciones se han limitado desde marzo al acuerdo de exportación de grano y a los intercambios de prisioneros, sin que haya trascendido posibilidad alguna de una negociación política en busca de una resolución al conflicto-, Ucrania utiliza la situación para exigir un aún mayor suministro de armas de sus socios. Ucrania es consciente de que debe mantener la iniciativa conseguida con la exitosa ofensiva de Járkov.

El miércoles por la tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa publicaba un comunicado en el que defendía los referendos alegando que, tras el golpe de Estado de 2014 y la actuación de Ucrania contra sus ciudadanos, no había quedado a la población más alternativa que enfrentarse a Kiev. La aceptación de los referendos implica, no solo un cambio de fronteras mucho más amplio y difícil que mantener que el de Crimea, sino el compromiso a defenderlo por todos los medios disponibles. Y lo hará en un momento de confrontación regional y continental a todos los niveles.