«Objetivos legítimos»

El viernes, por métodos que pueden calificarse de terroristas, fueron asesinados en la ciudad de Lugansk el fiscal general de la República, Sergey Gorenko, y la vicefiscal, Ekaterina Steglenko, ambos naturales de la región, con experiencia de trabajo en las estructuras oficiales ucranianas hasta 2014 y en sus puestos desde hace varios años. Gorenko y Steglenko han pasado a formar parte de una cada vez más larga lista de cargos públicos de las Repúblicas Populares o de los territorios ucranianos controlados por Rusia asesinados por medio de una bomba en sus lugares de trabajo, envenenamiento, disparos a modo de ejecución mafiosa o el método favorito de las guerras de proxis de Estados Unidos, el coche bomba, tan utilizado en Afganistán en los años 80 por parte de algunos de los grupos más generosamente financiados por Washington y sus aliados.

En sus ataques en la retaguardia, ya sean los sabotajes en bases militares de Crimea o el asesinato a sangre fría de personas que colaboran con las actuales autoridades, Ucrania se mueve tratando de equilibrar varias posturas contradictorias: la mofa de afirmar que los soldados rusos “fuman” en lugares extraños, la reivindicación de los éxitos y culpar al oponente. Todas ellas tienen en común la normalización del asesinato selectivo y de las actividades subversivas de grupos probablemente vinculados directamente a los servicios secretos ucranianos, pero también que ninguna de ellas implica crítica alguna por parte de los socios de Ucrania o de la prensa de los países que generosamente financian actualmente las operaciones militares ucranianas.

Coincidiendo con el atentado contra la Fiscalía de la RPL en el centro de Lugansk, también el viernes, fueron atacadas autoridades civiles de dos ciudades bajo control ruso en territorio ucraniano: Berdiansk, en la región de Zaporozhie, en la costa del mar de Azov, y la ciudad de Jerson. En Berdiansk fueron asesinados el recién nombrado teniente de alcalde, Oleg Boyko, encargado de la comisión electoral en previsión a un referéndum sobre la posible anexión rusa, y su esposa. Boyko no es el primer oficial asesinado -Ucrania tiene especial interés por hacer todo lo posible por sabotear la organización de cualquier proceso participativo-, ni su pareja es tampoco la primera “víctima colateral” de los asesinatos selectivos que han proliferado desde el pasado marzo.

También el viernes, pero en esta ocasión por medio de la artillería, fue atacada la administración civil-militar de la región de Jerson. Ucrania pone así en el punto de mira a todas aquellas personas que han colaborado o colaboran con las autoridades locales. Y si Kiev promete a profesores o personas que colaboran en la entrega de ayuda humanitaria -dos aspectos como la educación y la supervivencia, esenciales para el desarrollo de una vida mínimamente digna en cualquier territorio- condenas por “colaboración” o por crímenes de guerra, tiene para las autoridades civiles un tratamiento especial para el que ni siquiera necesita recuperar el territorio.

Mientras Ucrania trata ahora de hacer pasar por prueba de genocidio y torturas los enterramientos de Izium -perfectamente demarcados en tumbas individuales marcadas por cruces donde las tropas rusas enterraron a lo largo de los meses a soldados ucranianos abandonados por sus autoridades o los civiles muertos en los ataques de artillería- continúa con su campaña de tratar de eliminar una a una a cualquier persona que colabore en las administraciones rusas. “Objetivos militares, nada más”, explicaba con tranquilidad Mijailo Podoliak para justificar tanto el ataque a la administración de Jerson como el asesinato de Boyko y su pareja. El asesor de la Oficina del Presidente insistía el viernes en que Berdiansk o Jerson son objetivos militares legítimos para Ucrania.

También parece serlo el centro de Donetsk, ciudad que las tropas ucranianas bombardean indiscriminadamente desde el 29 de mayo. El sábado, la artillería ucraniana, según la RPD con el uso de armas occidentales, bombardeó la plaza de Lenin, centro neurálgico de la ciudad más importante de Donbass. Un vehículo civil que circulaba por una de las calles adyacentes quedó calcinado a causa del impacto en un ataque que costó la vida a cuatro civiles. La RPD denunció ayer la muerte de nueve civiles en ataques ucranianos contra la República, un goteo de muerte y destrucción que causa escasa atención en una prensa internacional dispuesta a aceptar sin cuestionamiento crítico alguno la versión ucraniana de los hechos. El domingo, cinco civiles murieron en un bombardeo en una zona de viviendas unifamiliares de las afueras de Gorlovka.

Pese a haber justificado como objetivo militar legítimo y normal el ataque ucraniano contra Jerson, Mijailo Podoliak definía ayer lo ocurrido en el centro de la ciudad como “una manifestación más de la creciente tensión entre mercenarios, militantes de Kadyrov, tropas rusas y el FSB. El número de conflictos internos está aumentando. Las partes se dividen el saqueo antes de huir teniendo en cuenta las noticias de la aproximación de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

Tras ocho años de acusar a las fuerzas rusas de bombardear las ciudades de la RPD y la RPL, las autoridades ucranianas continúan utilizando con éxito la estrategia de culpar al oponente de sus actos. Una forma de actuación consciente y planificada útil tanto para culpar a Rusia de los bombardeos de artillería ucranianos -ya sea en Donetsk, Jerson, la cárcel de Elenovka o la central nuclear de Zaporozhie- como de los asesinatos selectivos. “La eliminación del llamado fiscal general de la RPL y su segunda debe ser considerado como un ejemplo de grupos criminales organizados locales que no han recibido su parte de las propiedades saqueadas antes de la huida a gran escala. O la purga de la Federación Rusa de testigos de los crímenes de guerra. La investigación lo mostrará…”.

Un ataque legítimo ucraniano puede rápidamente convertirse en una lucha interna por un botín inexistente entre partes que ni siquiera se encuentran en dicha zona del frente y un asesinato selectivo puede ser una disputa interna a la actuación oficial para eliminar testigos. Con ocho años de experiencia en el discurso del odio y la inestimable colaboración de una prensa que jamás se ha preocupado por informar correctamente de la guerra en Donbass, Ucrania ni siquiera necesita mantener un discurso mínimamente coherente.