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Avakov, Batallón Azov, Batallón Sich, Biletsky, Donbass, Ejército Ucraniano, Euromaidan, Extrema Derecha, Fascismo, Ucrania

Cinco años tarde

Cinco años después de la victoria de Euromaidan, cuando la presencia de la extrema derecha ya era evidente, y con una guerra en la que han participado batallones en los que la ideología nacionalista, fascista o neonazi era explícita, Estados Unidos parece haberse dado cuenta ahora de la presencia de “grupos de odio” en las instituciones ucranianas. A pesar de que ya se han producido dos intentos de prohibir la asistencia estadounidense al batallón Azov en el Congreso de Estados Unidos a petición de diputados que lo consideraban neonazi -y que inmediatamente fueron acusados de ser tontos útiles de la propaganda rusa-, ha hecho falta el movimiento de estos grupos contra el presidente proestadounidense para que Washington vea lo que ya era evidente hace tiempo.

El informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos incluye ahora a grupos como el C14 o el Corpus Nacional -vinculado directamente a la estructura de Azov, integrada desde hace tiempo en la estructura del Ministerio del Interior sin que a Washington o a la embajada de Estados Unidos en Kiev le supusiera mayor preocupación- citando la misma información ya disponible en años anteriores. Por ejemplo, la información sobre la financiación pública del C14 para actos de juventud fue publicada a finales de 2017 por el diario Strana.

En su informe, el Departamento de Estado denuncia el acoso y los constantes ataques de estos grupos de extrema derecha contra colectivos LGTB o minorías étnicas como la minoría romaní, que el año pasado se convirtió en el chivo expiatorio favorito de grupos como el C14. Sin embargo, Estados Unidos prefiere ignorar los actos de estos mismos grupos, especialmente el batallón Azov, con presencia en el frente y con influencia en las calles en lugares como Mariupol, han causado a la población de Donbass. Su sufrimiento es menos importante para Washington.

Estados Unidos denuncia (solo lo que le interesa)

Artículo Original: Antifashist

Los grupos ucranianos de extrema derecha C14 y Corpus Nacional son “grupos de odio” apoyados por el actual Gobierno de Kiev. Así los describe el informe anual sobre derechos humanos publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 13 de marzo.

El documento afirma que los nacionalistas han participado en secuestros, ataques contra periodistas, miembros de la comunidad LGTB y minorías étnicas (concretamente los asentamientos romaníes).

En un apartado separado se menciona el ataque del C14 del 27 de julio de 2018 contra el abogado Valentin Ribin, que representaba a personas acusadas de separatismo en la Corte de Apelación de Kiev [Ribin representa también a Evgeny Mefedov en Odessa, caso por el que se ha enfrentado abiertamente a la extrema derecha que intenta desde el principio sabotear el proceso para alargarlo en el tiempo y mantener en prisión al acusado, contra el que no hay prueba alguna-Ed]. El Departamento de Estado recuerda también que el 19 de julio de 2018, los nacionalistas atacaron a un periodista que cubría el juicio contra miembros del C14 acusados por el ataque contra un asentamiento romaní.

Si bien el Departamento de Estado muestra su disconformidad con que la policía ucraniana pusiera en libertad a los atacantes, no plantea sanción alguna.

El informe afirma, además, que “el C14 y otros grupos de odio han llegado a acuerdos formales con las autoridades municipales de Kiev y otras ciudades para el establecimiento de unidades de seguridad municipal para garantizar la seguridad ciudadana” y precisa que, en una entrevista publicada en 2017, el líder del C14 describía la cooperación del grupo con el Servicio de Seguridad (SBU) y la policía. Las autoridades incluso han suministrado financiación a los radicales de extrema derecha. “El Ministerio de Juventud y Deportes anunció que iba a otorgar al grupo de odio nacionalistas C14 440.000 grivnas para un campamento de juventud”, afirma el informe.

El documento insiste en que “el fracaso de la policía y la fiscalía al impedir dichos actos de violencia y la negativa a clasificarlos como crímenes de odio e investigarlos de forma efectiva ha creado un contexto e impunidad y ausencia de justicia para las víctimas”.

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