Después de meses de trabajo y de búsqueda de una mayoría suficiente para aprobar la propuesta, el Parlamento ucraniano debate estos días las enmiendas a la ley “sobre la reintegración de Donbass”, que según las autoridades ucranianas debe ser la base para lograr la “desocupación” de los “territorios ocupados”. Habrá que esperar a la aprobación o rechazo de los cientos de enmiendas que se han presentado y analizar al detalle el proyecto final que previsiblemente adopte el Parlamento ucraniano.
Por el momento, lo que más ha llamado la atención a parte de la prensa es el rechazo a la enmienda que declaraba organizaciones terroristas a la RPD y la RPL. Tras casi cuatro años de “operación antiterrorista” y como ya habían hecho varias sentencias en los tribunales ucranianos, el Parlamento ucraniano rechazó, por amplia mayoría declarar terroristas a las milicias de Donbass. Kiev, que progresivamente comienza a sustituir el término “zona ATO” por el de “territorios ocupados”, parece considerar más rentable calificar la guerra como una lucha contra la “ocupación” en lugar de una lucha contra el terrorismo. Apuntando a Moscú, Ucrania pretende así hacer cargar a Rusia con la culpa de todo lo ocurrido en Donbass y, también, con la factura. Conseguir que la guerra sea vista como una ocupación rusa abre la posibilidad de litigar para hacer cargar a Rusia con el coste de la futura reconstrucción.
Enmiendas a una ley cuestionada
Artículo Original: Alexander Kots / Komsomolskaya Pravda
Ucrania no sería Ucrania si la votación de las enmiendas a la ley “sobre la reintegración de Donbass” no hubiera estado acompañada de escándalos y alguna pelea. Como es costumbre en la cultura política ucraniana, además de los diputados, desde la mañana se presentaron en el Parlamento nacionalistas de todo tipo bajo el sencillo lema “Stop revancha”.
Radicales partidarios de una variante más dura de la ley llegaron para asegurarse de que no habían perdido a los diputados. Según la tradición, trajeron ruedas, quemaron una bandera rusa, se enfrentaron a la policía, recibieron una dosis de gases lacrimógenos y se calmaron. El trabajo de los diputados continuó con normalidad. De las más de 700 enmiendas a la ley, se debatieron apenas la mitad y no se aceptó ninguna. Tampoco se aprobó la enmienda que reconocía a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk como organizaciones terroristas. Votaron a favor de esa medida 76 de los 340 diputados.
Por cierto, antes incluso de la votación, la esencia del proyecto de ley ha causado serias dudas incluso entre los defensores de los derechos humanos en Ucrania, que han resaltado los puntos referentes a los derechos y libertades de los residentes de Donbass. ¿Qué dice, en esencia, el documento?
En primer lugar, se califica a Rusia como potencia ocupante y a las autoridades de Donetsk y Lugansk, administraciones de la ocupación (en el momento de escribir estas líneas, los diputados no habían votado esta enmienda). A consecuencia de ello, las relaciones diplomáticas con el agresor deberían romperse.
En la “zona ATO”, todo el poder pasa del Ministerio del Interior [que controla el SBU y batallones tan importantes como Azov-Ed] al ejército, al que otorgan poderes sin precedentes como el derecho a detener, arrestar, registrar y utilizar armas en las “zonas de seguridad adyacentes a la zona de combate”. Quién va a controlarles es un misterio. Pero, en principio, la ley legitima la presencia del ejército en la zona de conflicto. Y, por otra parte, se da la puntilla al Ministerio del Interior de Arsen Avakov. Poroshenko tiene también la potestad de declarar ocupada o desocupada cualquier zona y de imponer la ley marcial sin ninguna restricción.
La parte más interesante es que el proyecto de ley no menciona los acuerdos de Minsk, en los que se basa el frágil alto el fuego en Donbass. En ellos se basan también algunas de las sanciones internacionales contra Rusia y el intercambio de prisioneros que se produjo unos días antes del año nuevo. Sin embargo, la ley “sobre la reintegración de Donbass” literalmente entierra Minsk introduciendo normas que no están previstas en dicho acuerdo internacional [que Rusia llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde fue refrendado].
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