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El caso 2 de mayo: las víctimas en el banquillo

Artículo Original: Artyom Buzila / Antifashist

juecesLa corte del distrito de Malinovksy de Odessa volvió a ignorar la ley y extendió la detención de cinco de los activistas del campo de Kulikovo, acusados por la justicia ucraniana de organizar los disturbios masivos del 2 de mayo [en el centro de Odessa, horas antes de que los nacionalistas atacaran el campo de Kulikovo, donde los activistas anti-Maidan recogían firmas para exigir un referéndum de autonomía de la región-Ed].

En realidad, supuestos activistas: muchos de quienes se pudren entre rejas niegan ser activistas de Kulikovo y argumentan que hace ahora dos años simplemente pasaban por el epicentro de los hechos, lo que les costó la cárcel por casualidad. El tribunal no tuvo en cuenta que la base para la acusación contra al menos dos de los acusados, los ciudadanos rusos Evgeny Mefedov y Maxim Sakauov es básicamente inexistente. La “culpabilidad” del primero de ellos queda “probada” por la gorra y uniforme militar que se encontraron en su domicilio durante el registro. Pero Evgeny niega que fuera un participante activo en los hechos y afirma que tan solo pasaba por el centro de Odessa cuando accidentalmente se encontró en el epicentro de los hechos [los enfrentamientos se produjeron en una zona muy transitada del centro de Odessa, por lo que no es descabellado que alguien pudiera acabar allí por error-Ed].

El segundo ciudadano ruso, Sakauov, no niega su participación en las acciones del 2 de mayo, pero su presencia en Grecheskaya (el primer foco en el que se produjeron los enfrentamientos) está relacionada con el mantenimiento del orden público. En aquel momento era miembro de la Organización Social Cosaca, que tenía todos los permisos en regla, aprobados por las autoridades municipales, para ejercer legalmente esas actividades.

Ni siquiera el “testigo” de la acusación, Alexander Pismichenko, que dio considerables detalles de quienes habían sido sus propios compañeros, pudo identificar a los ciudadanos rusos como participantes en los disturbios.

Aun así, el tribunal decidió que en los cinco casos, incluyendo el de los dos ciudadanos rusos, había riesgo de fuga, de que pudieran cometer nuevos crímenes, etc. La habitual lista de ficciones inventadas sin base alguna, los mismos motivos por los que otros presos políticos siguen entre rejas.

Tengo que admitir que esta revisión del juicio del caso de los disturbios es personal para mí. Y no lo es porque nací y crecí en Odessa o porque el 2 de mayo casi 50 de mis conciudadanos murieran en el incendio sino porque a esos presos que están encerrados los he conocido en prisión. Concretamente, el mencionado Sakauov y yo compartimos durante casi seis meses la misma celda.

En cambio, no conseguí conocer a activistas “pro-ucranianos”, defensores de Euromaidan allí. ¿Cómo es posible? ¿Puede que en la prisión nos mantuvieran a los “separatistas” estrictamente separados de los demás, en celdas y módulos diferentes para evitar conflictos políticos? ¿O es que el ministro del Interior, Arsen Avakov, miente cuando afirma que la investigación judicial incluye a todos los relacionados con los hechos, también a los representantes del Praviy Sektor?

La respuesta es simple: a día de hoy hay activistas anti-Maidan en prisión, mientras que los demás, no hay ni uno. Hay que insistir en ello: no hay representantes de los activistas pro-europeos ni siquiera bajo arresto domiciliario. Y eso a pesar de que hay pruebas más que suficientes para asegurar condenas. Por ejemplo, el señor Jodiak, que disparó con una pistola contra quienes intentaban esconderse en la Casa de los Sindicatos. O las chicas que, con una sonrisa en la cara, prepararon cócteles Molotov. O el asesor del SBU en Odessa, Andrey Yusov, que exigió restablecer del “orden cívico” en el campo de Kulikovo [un campo abierto por el que no circulan coches, por lo que las tiendas de campaña de los activistas anti-Maidan no intercedían en absoluto en el orden de la ciudad-Ed].

Directa o indirectamente, los actos de estas personas causaron la muerte de casi 50 ciudadanos de Odessa. Pero las leyes no están escritas para ellos, por lo que ninguno está siquiera bajo arresto domiciliario.

Cuando los jueces osaron dar la orden de dejar en libertad con fianza a los detenidos por su conciencia y por la ausencia de pruebas reales, se presentaron los radicales, armados hasta los dientes, y presionaron a los jueces hasta que les obligaron a reconsiderar su decisión. Aunque su decisión era imposible de revisar: legalmente, no se prestaba siquiera a recurso.

Así que estos jóvenes pueden enfrentarse a hasta siete años de prisión como pena por los disturbios. Pueden ser condenados por algo que no se puede probar, ni siquiera utilizando pruebas falsas y fabricadas. No condenarles les costaría a los jueces como mínimo sus puestos y como máximo, su vida.

Al final, el caso del 2 de mayo de 2014, dos años después de la tragedia, es el principal indicador de la degradación del sistema judicial ucraniano, basado en dobles varas de medir, hipocresía e incumplimiento de la ley. Los asesinos de Odessa están libres. Las víctimas están en la cárcel. Aquellos que quieren hablar libremente están en el exilio. Así es Odessa después del 2 de mayo. Y así es Ucrania después de Euromaidan.

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