Dependiendo de la víctima

Protestas de la extrema derecha contra la ley de descentralización en agosto de 2015.

La realidad de la guerra, que da un protagonismo prácticamente exclusivo a lo que ocurre en el frente, hace olvidar que la vida de un país no se limita al día a día de la contienda. El 5 de julio, la noticia de varias explosiones en un tribunal del distrito Shevchenko de la capital ucraniana pasó prácticamente desapercibida y aunque recogida por la prensa internacional, para la que ahora mismo cualquier noticia de Ucrania es considerada prioritaria, fue publicada con la habitual descontextualización. Ese día, un hombre, Ihor Humeliuk murió tras inmolarse con una granada en un descanso del juicio en el que era el acusado. Las noticias de última hora publicadas por las agencias internacionales mencionaban simplemente “explosiones” en un tribunal de la ciudad de Kiev ante las que habían actuado las autoridades del Ministerio del Interior.

Más adelante se confirmaba la muerte de Humeliuk y también que el fallecido estaba siendo juzgado por una acusación del año 2015. Las explosiones no tenían relación directa con lo que ocurre en estos momentos en la línea del frente, aunque sí con la contienda, especialmente con la idea de guerra contra Rusia que el nacionalismo ucraniano ha intentado imponer desde el año 2014. Mucho antes de que grupos vinculados a la diáspora ucraniana en Norteamérica y al movimiento Azov lanzaran contra Zelensky el movimiento “no a la capitulación” contra cualquier avance en los acuerdos de Minsk, Svoboda, en aquel momento aún el principal partido de la extrema derecha nacionalista del país, buscó amenazar al poder legislativo contra cualquier medida que considerara una concesión a Rusia.

El 31 de agosto de 2015 y liderados por Oleh, Tyahnibok, el tercer hombre del trío que acompañaba a Victoria Nuland en las fotos de Maidan cuando Estados Unidos planificaba cuál sería el Gobierno ucraniano una vez fuera derrocado el presidente Viktor Yanukovich, partidarios y simpatizantes de Svoboda rodearon la Rada, el Parlamento de Ucrania, para exigir a diputados y diputadas votar en contra de una medida legislativa. Aquel día se votaba en primera lectura la aprobación del estatus especial para Donbass que Kiev se había comprometido a conceder con su firma en los acuerdos de Minsk en febrero de ese año.

Aunque aquel estatus especial que debatía y posteriormente votaría la Rada de ninguna manera cumplía con la letra ni el espíritu de los acuerdos de Minsk, cuya lógica fundamental era la de reanudar las relaciones entre Donbass y Kiev, la ley fue considerada por la derecha más extrema como una concesión inaceptable a la que Ucrania no debía acceder. Contrariamente a lo exigido por los acuerdos firmados, este estatus especial que nunca entraría en vigor no iba a ser introducido en la Constitución de Ucrania ni había sido negociado y acordado con las Repúblicas Populares y como afirmara abiertamente Victoria Nuland, su aprobación no era sino un trámite para alegar haber cumplido con la hoja de ruta de Minsk. Meses después, el enviado de Donald Trump, Kurt Volker, repetiría el protocolo y alegaría los mismos argumentos que su predecesora: con la aprobación de la ley, en ese caso de la prórroga a su vigencia -aunque en realidad siempre fue únicamente papel mojado, ya que nunca entró en vigor en la práctica-, Ucrania no se comprometía a nada ni perdía nada, pero podría así afirmar que era Rusia quien incumplía sus promesas.

Poco importaba entonces, y menos aún ahora, cuando los acuerdos de Minsk son simplemente un mal recuerdo que tanto Ucrania como sus socios prefieren hacer olvidar, que Ucrania hubiera dejado clara su intención de no cumplir jamás con los puntos políticos del tratado. Pese a las protestas de Svoboda, que el 31 de agosto de 2015 acusó a la Rada de todo tipo de pecados como la sumisión a Rusia, ni los acuerdos de Minsk eran la paz del vencedor impuesta por Moscú ni el estatus especial que se votaba era una concesión a Donbass. Al contrario, la forma y el fondo de esa ley aprobada en primera lectura pero que nunca se confirmó en segunda, era una prueba más de que Ucrania buscaba únicamente dejar pasar el tiempo y realizar una simulación de actividad para continuar exigiendo concesiones unilaterales a Rusia. Kiev, como afirmaba ya entonces y se comprobó a lo largo de los siete años que se alargó el proceso de Minsk, nunca tuvo intención de negociar políticamente con Donetsk y Lugansk, de conceder la amnistía a los participantes en la guerra ni de aceptar la celebración de unas elecciones locales que se celebraran en las condiciones de existencia de las Repúblicas Populares. La aprobación de un estatus especial que Kiev no tenía intención de hacer entrar en vigor no engañó a nadie en Donbass. En realidad, esos cínicos movimientos políticos de Ucrania solo engañaron a una extrema derecha que no comprendió el teatro dramático que suponían la ley, su votación y la actuación general de la delegación ucraniana en Minsk durante todos los años del proceso.

Perdido el protagonismo que había adquirido durante la revolución de la dignidad, cuando los militantes vinculados a Svoboda, por aquel entonces el grupo con mayor capacidad de movilización, se convirtieron en las fuerzas de choque de Maidan, el partido de Tyahnibok quiso utilizar la concesión a Rusia que suponía la aprobación de una ley que por definición nunca iba a entrar en vigor. Simpatizantes del partido y veteranos de la guerra de Donbass secundaron la convocatoria de Oleh Tyahnibok, que, como su partido, había perdido ya gran parte de su relevancia pública. Al contrario que un año antes, cuando Svoboda se encontraba a la vanguardia del nacionalismo más extremo del país, gran parte de sus postulados habían sido adoptados por partidos teóricamente más centrados, haciendo irrelevante al partido y a sus figuras políticas. Con el lanzamiento de granadas contra la Rada, el líder de Svoboda se dejaría la escasa credibilidad que pudiera mantener ante la clase política post-Maidan, para la que solo fue importante mientras hizo falta el músculo que aportaban grupos como el Praviy Sektor o el batallón Sich.

De este último era miembro Ihor Humeniuk, uno de los numerosos detenidos aquel día, en el que la derecha nacionalista de Svoboda atacó a una Rada dominada por una derecha nacionalista ligeramente diferente aunque igualmente extrema. Para entonces, el partido de Yatseniuk había adoptado ya la principal exigencia de Svoboda: la eliminación de la lengua rusa en el ámbito público y su sustitución por la lengua ucraniana. Tres años después, el entonces presidente Poroshenko utilizaría el lema “Fe-Ejército-Lengua ucraniana” como lema de su campaña para la reelección. Con partidos más respetables defendiendo los mismos postulados y sin necesidad de más músculo que el que Arsen Avakov había incluido ya en las tropas del Ministerio del Interior, Svoboda había vuelto a la irrelevancia. Aunque con la victoria de haber impuesto sus ideas, antes marginales, como parte del establishment, las imágenes de Tyahnibok enfrentándose a las tropas de Arsen Avakov mostraban el final del camino para el aspirante a político y para el partido.

En los casi ocho años transcurridos desde aquel día de agosto, Ucrania no ha dejado de caminar hacia la derecha, adoptando oficialmente gran parte de las ideas que hasta 2014 eran planteadas únicamente por Svoboda y consideradas extremistas por el resto de las fuerzas políticas y sociales. Actos como el de 2015 no devolvieron a Svoboda la relevancia perdida ante los partidos que adoptaron sus postulados nacionalistas, como tampoco va a hacerlo la muerte de Ihor Humeniuk. Sin embargo, este caso y su dramático final son una muestra de las prioridades de la Ucrania post-Maidan. Encarcelado y a punto de ser juzgado por un acto que costó vidas, el caso de Humeniuk contrasta con el tratamiento otorgado a otros veteranos de la guerra de Donbass acusados, y en este caso condenados, por terribles crímenes. Al contrario que Humeniuk, cuyo crimen contra el Estado post-Maidan no podía ser olvidado, veteranos del batallón Tornado sí fueron puestos en libertad para volver a defender la patria en el frente pese a ser culpables de crímenes tan graves que ni siquiera les fue concedida la amnistía preparada ad hoc por la administración Poroshenko para garantizar la impunidad de los militantes ucranianos en la guerra. Las condenas por saqueo, asesinato, torturas o violación de la población de Donbass no fueron un obstáculo para que los soldados volvieran al mismo frente en el que cometieron sus crímenes.

El ejemplo de Humeniuk es también una muestra de las prioridades de la justicia de la Ucrania post-Maidan, que abiertamente ha dilatado o simplemente olvidado los procesos legales contra las personas que cometieron crímenes que no quiere condenar. Es el caso de la masacre de Odessa, donde solo víctimas fueron juzgadas -y absueltas tras varios años de injustificada prisión preventiva- o del asesinato del periodista Oles Buzina. Como en el caso de Humeniuk, también en aquel asesinato eran conocidos los dos sospechosos de haber tiroteado al periodista a las puertas de su casa horas después de que la web Mirotvorets publicara sus datos personales y le señalara como enemigo. En la Ucrania actual, no es el acto violento el que marca la detención, el procesamiento, la condena o el trato preferente sino la víctima y la posición de esta como favorable o contraria al actual régimen político.