Una disputa energética y geopolítica

En pleno auge del nerviosismo energético a causa de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, Ucrania ha recibido finalmente la notificación de Eslovaquia del corte de la energía de emergencia que recibía del país vecino. En 2022, cuando la Unión Europea luchaba a marchas forzadas por abandonar completamente las importaciones de materias primas rusas aceptando precios más altos por energía políticamente más aceptable, Ucrania se ofreció como el socio imprescindible capaz de resolver la situación. Sin mencionar que todo se debía a la amplia red de centrales eléctricas y nucleares con las que la Unión Soviética había desarrollado el país y lo había preparado para un escenario de guerra de alta intensidad como el actual, Ucrania se ofrecía a exportar la energía excedente de la que disponía. La oferta era posible porque Rusia esperó seis meses para hacer aquello que Estados Unidos hizo el primer día en Irak, destruir las infraestructuras energéticas. E incluso entonces, Rusia se limitó en 2022 a atacar las infraestructuras de distribución eléctrica, no de producción, paso que no ha dado realmente hasta este último invierno, en el que ha causado una gravísima situación humanitaria para la población civil. En este tiempo, Ucrania ha pasado de verse como proveedora de energía, con los ingresos que eso implica, a perceptora de electricidad, en parte como ayuda humanitaria.  

La disputa actual con Eslovaquia y Hungría, los dos países díscolos de la Unión Europea que defienden la opción de la negociación en lugar de la continuación de la guerra hasta lograr una posición de fuerza y que se han desmarcado de la idea de abandonar completamente las adquisiciones de energía rusa, no se limita a la cuestión eléctrica. En enero de este año, un bombardeo del que Ucrania culpa a Rusia –aspecto que no se pone en duda, ya que cada palabra que llega de Kiev es un hecho que no requiere de verificación- causó daños en el último oleoducto que aún transportaba petróleo ruso a la Unión Europea. Estos últimos días, Vladimir Putin ha dejado la puerta abierta a reanudar la relación comercial con la UE si se ofrecen garantías a largo plazo, como a redirigir las exportaciones hacia otros mercados, pero, por el momento Moscú mantiene dos clientes fijos en el bloque comunitario. Ambos, Bratislava y Budapest, exigen a Ucrania que repare inmediatamente el oleoducto y que reanude el tránsito de petróleo ruso. Por muy raro que pudiera parecer, a pesar de la guerra, ni Rusia ha detenido los pagos por el tránsito de la materia prima a través de Ucrania, ni Kiev ha interrumpido el paso ni ha renegado de los ingresos. La realidad es que la continuación de ese comercio beneficiaba a ambas partes: Rusia obtiene ingresos por la venta de petróleo, aunque tenga que aceptar ofrecer descuentos, y Ucrania hace lo propio en un contexto de escasez de ingresos propios más allá de los subsidios que recibe de sus socios.  

Sin embargo, al contrario que durante la guerra de Donbass, Ucrania ha buscado la manera de deshacerse de esa dependencia heredada del pasado. Hasta 2022, Ucrania no solo estaba dispuesta a seguir transitando gas y petróleo ruso hacia la Unión Europea, sino que exigía a Rusia y a países como Alemania que sus contratos garantizaran el uso del sistema ucraniano. Esa postura y el cambio que se ha producido desde entonces no se deben únicamente a la invasión rusa, sino a la existencia del gasoducto Nord Stream. Por aquel entonces, cuando Naftogaz y Gazprom tenían que renegociar el acuerdo de tránsito a punto de expirar, Ucrania exigió a sus aliados europeos que tuvieran en cuenta sus intereses. En la cumbre de los jefes de Estado o de Gobierno del Formato Normandía, celebrado en París en diciembre de 2019, el tema central no fue, como se había anunciado, la guerra de Donbass, sino la cuestión del gas. Aquella noche, Zelensky confirmó a Merkel y Macron que Ucrania veía inviable la implementación de los acuerdos de Minsk, una forma sutil de notificarles la nula intención de Kiev de cumplir con sus compromisos firmados. Aun así, el comunicado final reafirmaba la intención de los cuatro participantes –Francia, Alemania, Rusia y Ucrania- de continuar con el proceso de paz de Minsk, que calificaban de única salida posible al conflicto. El único acuerdo real más allá de esas palabras vacías fue precisamente el que prorrogaba cinco años más el tránsito de gas ruso a través de Ucrania, que se garantizaba un mínimo anual incluso aunque se pusiera en marcha el Nord Stream-2, contra el que seguían luchando tanto Kiev como Washington y por el que Berlín peleó durante la etapa de Merkel.  

La guerra y la conveniente desaparición de todo el Nord Stream, no solo la ampliación, cambiaron el cálculo de Ucrania. El gas ruso ya no sería vendido en la Unión Europea, por lo que Ucrania no sentía la necesidad de conseguir los ingresos que implicaba el tránsito de esa materia prima y, ante todo, Kiev había encontrado otra fuente de ingresos con la que sustituir las tasas que obtenía de Moscú, los subsidios occidentales. De ahí que la prioridad  ya no fuera hacerse con el máximo posible de esos ingresos que Rusia obtenía de las ventas de gas natural para pasar a ser la obsesión por conseguir que desaparezca toda relación comercial entre Moscú y otras capitales europeas. Como en la lucha contra el Nord Stream, los intereses de Kiev coinciden con los de Washington. Para Ucrania, romper el comercio entre Rusia y la Unión Europea expulsando la energía rusa del mercado europeo occidental es una forma de reducir los ingresos de Moscú y, por lo tanto, dificultar la capacidad rusa de continuar la guerra. A ese objetivo inmediato se suma el intento de Kiev de perpetuar más allá de la guerra la ruptura continental, que haría del país frontera exterior permanente en eso que percibe como una lucha entre la civilización y la barbarie, la democracia y el autoritarismo. Por motivos ligeramente diferentes, Estados Unidos apoya esa misma tesis. Para Washington, el cese de una relación económica normal entre Rusia y los países de la UE, especialmente Alemania, es una garantía doble que supone tanto la expulsión de un competidor del mercado que aspira a caputar para sí mismo, como la certeza de que no será posible la temida alianza Berlín-Moscú, que siempre dejaba la puerta abierta a una aún más peligrosa asociación Alemania-Rusia-China.  

Con la guerra como escudo y argumento principal para presentarse como garantía de seguridad europea y exigir subvenciones europeas durante el conflicto y más allá de él, el interés de Ucrania por mantener el sistema de tránsito desarrollado en tiempos soviéticos no es una prioridad. El conveniente ataque de enero, tras el que Kiev ha alegado unos daños que hacen imposible reparar el gaseoducto, –versión que ni Eslovaquia, ni Hungría, ni siquiera la UE creen-, ha sido la vía más sencilla para tratar de poner punto final a un suministro de energía que fue una de las bases de la relación económica entre uno y otro lado del telón de acero.  

Desde el punto de vista húngaro y eslovaco, la orden de detener las adquisiciones de energía rusa, que han llegado tanto de Bruselas como de Washington, son una doble ofensa. Por una parte, se trata de una orden que infringe la soberanía de sus Estados, teóricamente soberanos a la hora de decidir qué petróleo pueden adquirir en el mercado. Por otra , la pérdida de la energía barata y fiable rusa supondría un perjuicio económico innecesario. Y si para Hungría la disputa forma parte de una reacción fundamentalmente política de rechazo a seguir unas órdenes consideradas aleatorias e injustas, en el de Eslovaquia no es, en ningún caso, un capricho. Y es que el diésel que Eslovaquia ha enviado a Ucrania durante la guerra, apoyando a Kiev a mantener la movilidad de ejército y población, proviene de la refinería del país, preparada específicamente para el crudo ruso.  

La carta en la manga de Bratislava y Budapest contra la intransigencia de Zelensky, a quien incluso la Unión Europea ha suplicado que repare el oleoducto, es la capacidad de bloqueo que aún existe en las votaciones comunitarias, ya que, pese a las intenciones, aún no se ha modificado la norma de la unanimidad. Esta última semana, Eslovaquia ha amenazado con tomar el testigo de Hungría, que en abril podría ver un cambio de gobierno hacia un ejecutivo más proeuropeo, en el bloqueo de la aprobación final del préstamo de 90.000 millones de euros con los que las capitales europeas esperan financiar dos años más de guerra. El corte de suministro de energía de emergencia solo es una advertencia, una forma de castigo que es limitado, ya que Eslovaquia no es el principal proveedor de electricidad para Ucrania. Sin embargo, el gesto y la amenaza de veto del préstamo que garantizaría que Ucrania pudiera luchar un poco más tiempo han sido suficientes para que la UE tenga que rebajar el tono hacia Robert Fico, se reúna con el presidente eslovaco y trate de lograr, tanto el compromiso de Kiev de reparar el oleoducto para evitar males mayores, como convencer a Eslovaquia de aceptar la idea planteada por Zelensky, adquirir el petróleo ofrecido por Croacia, una opción que no soluciona el problema, ya que Zagreb, como Bruselas, considera ideológicamente incorrecto el petróleo ruso y rechaza transportarlo. En plena crisis a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha causado extrema volatilidad en el mercado global de energía, la Unión Europea y Ucrania siguen jugando con el suministro y la especulación, condenando al continente a la dependencia de proveedores menos fiables y más caros que el vecino ruso.