Territorios, seguridad o alto el fuego son los términos más repetidos estos días por los medios que informan sobre el desarrollo de las negociaciones Rusia-Ucrania. La situación ucraniana sigue siendo dramática y miles de personas tienen que refugiarse en los “puntos calientes” instalados en algunas ciudades para paliar el terrible frío que sufre la parte de la población que ha quedado sin calefacción a causa de los incesantes ataques rusos con drones y misiles. Para paliar esa situación y dar tiempo a la negociación, Donald Trump anunció ayer que había solicitado a Vladimir Putin que Rusia cese en los ataques contra las infraestructuras energéticas ucranianas durante una semana. Según Volodymyr Zelensky, ese alto el fuego parcial comenzó anoche. La semana de tregua energética que Donald Trump afirma que ha conseguido arrancar a Vladimir Putin solo puede mitigar ligeramente el sufrimiento de la población, ya que difícilmente puede dar tiempo a realizar las reparaciones masivas que se requieren. A la destrucción de las infraestructuras energéticas hay que añadir los daños que estos días ha sufrido el puerto de Odessa, una de las principales arterias logísticas del país, con lo que se acumula una parálisis de la economía que mina aún más las dificultades de Ucrania para sostener sus ingresos y poder seguir financiando la guerra.
Como forma más sencilla de proyectar sus problemas sobre su enemigo, Kiev insiste repetidamente en que la economía rusa comienza a estancarse y pone en esa deriva de reducción del elevado crecimiento de los primeros años de la guerra su principal esperanza. El lento descenso económico ruso es también la base sobre la que The Wall Street Journal argumenta el escenario más favorable a Ucrania de los tres que plantea para 2026: todo sigue igual, cansancio de Ucrania y cansancio de Rusia. Curiosamente, pese a las evidentes dificultades, la situación económica no es el motivo por el que el medio señala como posibilidad el agotamiento de Ucrania. En su caso, la causa por la que ese medio occidental considera posible un colapso militar de Ucrania es la dificultad de movilización para cubrir las bajas causadas en el frente. La voluntad occidental de no preguntarse en ningún momento cuáles son las bajas reales de Ucrania evita el alarmismo y permite seguir insistiendo, como hace esta semana un estudio al que da voz The New York Times y que solo se centra en el caso ruso, en que las bajas de Moscú duplican a las de Kiev.
Las dificultades para reponer sus filas o disponer de unidades con las que cubrir un frente tan amplio y cada vez más difuminado son, sin duda, uno de los lastres del esfuerzo militar ucraniano. Sin embargo, no es menos grave la situación económica. El apoyo incondicional que la Unión Europea suministra de forma continuada a Ucrania hace que el colapso económico del país no sea una posibilidad a corto e incluso medio plazo, pero la acumulación de deuda, cuyo pago supone una carga cada vez más pesada en un país cuya divisa ha perdido prácticamente todo su valor, es un lastre lo suficientemente importante como para que los datos resultaran una preocupación para el Gobierno.
Al contrario que el resto de países que, de forma directa o indirecta, toman parte en esta guerra y que han adoptado diferentes versiones de un keynesianismo militar que ha hecho de la producción y comercio militar uno de los motores de la economía, Ucrania se ha permitido el lujo de utilizar la guerra para avanzar en las reformas ultraliberales iniciadas con la victoria de Maidan y que han buscado desmantelar los escasos remanentes del Estado social heredado de la Unión Soviética. Al contrario que Rusia o la Unión Europea, que han de costear con sus propios recursos la adquisición y producción del armamento que envían al frente –a su ejército en el caso ruso y al ucraniano en el caso europeo-, Kiev se ha valido de su condición de proxy y, sobre todo, de la percepción europea de que la guerra era existencial para el bloque político, para poder financiar al Estado y al ejército sin modificar sus planes de desregulación, privatización y reducción del peso del sector público en todo aquello que no sea la producción militar.
Hace unos días, en su visita a Kiev, la directora del Fondo Monetario Internacional no dio tregua al Gobierno ucraniano. El FMI ha concedido a Ucrania créditos que no habrían obtenido países no europeos en condiciones similares y ha flexibilizado sus habitualmente draconianas exigencias con el objetivo de no minar el esfuerzo militar ucraniano, considerado prioritario por los países occidentales. Ni el FMI ni la Unión Europea han exigido a Ucrania los sacrificios que se impusieron a Grecia durante la crisis, pero sí se han mantenido determinadas condiciones. Así lo dejó claro Kristalina Georgieva, que en su reunión con el Gobierno ucraniano insistió en las mismas condiciones que el Fondo ha repetido estos meses: una reforma impositiva, especialmente en lo relativo a los autónomos, y la eliminación de subsidios que ayudaban a costear los servicios básicos de la población.
En línea con su actuación y de la de sus predecesores, Georgieva se centró especialmente en la necesidad de liberalizar los servicios básicos, acabar con esas ayudas que hacían posible que la población más empobrecida de Europa pudiera encender la luz y la calefacción de sus casas y avanzar hacia la imposición de precios de mercado que, a día de hoy, no son asequibles para una parte importante de la sociedad ucraniana. Incluso antes de la invasión rusa, los impagos causados por la imposibilidad de hacer frente a las crecientes facturas era uno de los problemas sociales que se mostraban en las encuestas y los medios de comunicación. Desde entonces, la situación ha cambiado a peor tanto en el precio como en el servicio. El aumento de los precios se produce en un contexto de ataques rusos contra las infraestructuras y un esquema de cortes planificados de suministro eléctrico para poder mantener la producción industrial, es decir, la producción militar.
Como escriben estos días los medios ucranianos, el Gobierno de Zelensky considera inaceptables algunas de las exigencias del FMI. “Ucrania está tratando de suavizar las condiciones clave de un nuevo programa del Fondo Monetario Internacional en medio de la reacción interna contra las medidas, en negociaciones que continuaron esta semana. Kiev está presionando para retrasar un nuevo impuesto a los empresarios autónomos hasta que termine la guerra, así como para aumentar el umbral a partir del cual los empresarios comenzarían a pagar el impuesto”, afirmaba ayer The Kiyv Independent citando a fuentes conocedoras de la negociación. El objetivo del ejecutivo ucraniano es postergar al día después de la guerra aquello que espera no tener que poner en práctica.
La reacción del Gobierno ucraniano es representativa por dos motivos, pese a que solo se está destacando a nivel mediático uno de ellos. “Las medidas tienen por objeto aumentar la capacidad de Ucrania para recaudar ingresos y sacar a la luz una mayor parte de la economía del país. «Los diputados esperan que se celebren elecciones en algún momento en el futuro», declaró Myjaylo Demkiv, analista financiero de la empresa de inversiones ucraniana ICU, a Kyiv Independent. «No quieren votar a favor de algo impopular que sus votantes recordarán más adelante», afirmó”, escribia el artículo del medio ucraniano. Nadie quiere aprobar medidas impopulares que afectan a sectores de población cuyos votos desean obtener en las elecciones.
Aunque ningún medio está teniéndolo en cuenta, la reacción ucraniana a las exigencias del FMI es importante porque muestra las verdaderas prioridades e intenciones del Gobierno, que ha optado por luchar contra las instituciones internacionales por evitar aumentar los impuestos a autónomos y empresarios, pero no para evitar aumentar los precios de los servicios más básicos a la población civil, empobrecida ya antes de la guerra, pero sufriendo una situación extrema a causa de ella.
La lucha entre el Gobierno y el FMI es clave, ya que, como recuerda The Kiyv Independent, “el margen de maniobra de Kiev es limitado: es necesario cerrar el préstamo de 8.100 millones de dólares del FMI para garantizar el rescate de 90.000 millones de euros de la Unión Europea, sin el cual las finanzas de Ucrania se agotarán en cuestión de meses”.
Comentarios
Aún no hay comentarios.