El lado oscuro

Enaltecido como el valiente presidente que rechazó la ayuda para salir del país –“no necesito un transporte, necesito munición”, se dice que respondió a la oferta estadounidense- y salvó a Ucrania, Zelensky ha vivido un desgaste importante a causa de la prolongación de la guerra. Las encuestas siguen mostrando un nivel de confianza superior al de otras figuras políticas y la población espera que continúe al frente del país durante la guerra, pero sus cifras caen en picado cuando se pregunta al pueblo ucraniano por su intención de voto en caso de realización de elecciones, que el actual presidente no tiene intención de forzar hasta que la situación lo permita. El desgaste de la figura de Zelensky no se debe únicamente a las promesas incumplidas en términos militares, sino a la percepción de una tendencia autoritaria que concentra poder en cada vez menos manos y a las sospechas de corrupción. Nada de ello es nuevo: Zelensky llegó a la presidencia con un programa de limitación de la agenda nacionalista y compromiso con Rusia para terminar la guerra de Donbass, objetivos que olvidó nada más consumada la victoria electoral; sus tendencias autoritarias, como muestra su enfrentamiento con Vitali Klitschko y el intento de hacerse con el control de la judicatura, especialmente en sus instancias superiores, precede a la invasión rusa; los casos de corrupción o trato de favor tampoco han comenzado después de 2022. La única novedad es que la prensa muestre casos que dejan en mal lugar al Gobierno al que Occidente ha alabado como ejemplo de democracia plena que lucha contra el autoritarismo que encarna la dictadura rusa.

Aunque tímidamente, artículos que mostraban el enfrentamiento entre la Oficina del Presidente y la alcaldía de Kiev ya habían sido publicados por los medios, fundamentalmente porque Klitschko, que nunca ha sido un gran político, siempre ha contado con apoyos exteriores. Posteriormente, el error no forzado de Zelensky y su entorno en su intento de acabar con las estructuras anticorrupción creadas por y para Occidente no solo provocaron grandes titulares contra el presidente, sino reproches políticos de sus aliados y proveedores y protestas de las clases medias vinculadas a ese entramado público-privado de organizaciones no gubernamentales y asociaciones vinculadas a la lucha anticorrupción en las calles. Posteriormente, medios como Newsweek o Politico apuntaron contra Andriy Ermak para criticar el autoritarismo e inflexibilidad del Gobierno ucraniano sin salpicar a Volodymyr Zelensky, visto aún como una figura prácticamente intocable. En realidad, teniendo en cuenta la cercanía entre los dos hombres y que Ermak ejerce de vicepresidente de facto y de extensión de la mano de Zelensky, cualquier crítica al autoritarismo del jefe de la Oficina del Presidente es, implícitamente, una crítica al presidente de Ucrania. Frente a las crecientes críticas por la centralización del poder, el Gobierno ucraniano ha respondido con el autoritarismo que siempre le ha caracterizado, cesando al primer ministro para sustituir a Shmygal por Yulia Svyrydenko, leal a la facción de Ermak.

Esta última semana, dos noticias han puesto en duda, una de forma más sutil que la otra, la imagen impoluta que el Gobierno ucraniano pretende transmitir a sus socios como carta de presentación para exigirles más ayuda, financiación y armas. “Hace tres años era una agencia de casting. Ahora tiene mil millones en contratos de drones”, titula The New York Times en un artículo sobre el start-up Fire Point, que busca más financiación para producir en serie los misiles ucranianos Flamingo, sobre los que existe gran sospecha de corrupción masiva. “Fire Point se ha adelantado a una concurrida competencia para convertirse en un campeón aeroespacial nacional, la empresa ha sido objeto de acusaciones de que utilizó sus conexiones para ganar contratos, y sus ejecutivos han reconocido haber sido interrogados en una investigación anticorrupción. Fire Point surgió de la misma industria cinematográfica y televisiva ucraniana en la que trabajaba Zelensky, entonces actor, antes de su elección como presidente en 2019. La empresa de localización de rodajes dirigida por el propietario de Fire Point se encargó de la localización de una comedia romántica de 2016 protagonizada por Zelensky, Las ocho mejores citas”, escribe el medio, que precisa que la empresa “también ha trabajado en docenas de otras producciones no relacionadas con la antigua carrera cinematográfica del presidente”. Sin embargo, el artículo admite también que “The Kyiv Independent informó en agosto que la Agencia Nacional Anticorrupción de Ucrania estaba investigando los vínculos entre Fire Point y un empresario, Timur Mindich, que es copropietario de un estudio de televisión fundado por Zelensky”. Los contratos importantes tienden a no ser adjudicados lejos de los intereses económicos del círculo de Volodymyr Zelensky.

La reputación de Ucrania como país estructuralmente corrupto hace que ese sea el principal tema de discusión cuando se trata de deslegitimar a Volodymyr Zelensky. Sin embargo, un durísimo artículo publicado por Politico, un medio que en el pasado se ha centrado en las críticas a Andriy Ermak, apunta mucho más arriba. “El lado oscuro del Gobierno de Zelensky”, titula Politico, que se centra en el caso de un hombre, Volodymyr Kudrytskyi, director de Ukrenergo, la empresa pública de energía hasta que fue obligado a dimitir en 2024, según afirma el medio recogiendo la opinión del afectado, por “la continua centralización del poder que llevan a cabo el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y su poderoso jefe de la administración Andriy Ermak”.

“Según sus partidarios, es ese tipo de discurso —y su negativa a permanecer en silencio— lo que explica por qué Kudrytskyi terminó la semana pasada en una cabina acristalada en una sala del tribunal del centro de Kiev, donde fue procesado por cargos de malversación. Ahora, los legisladores de la oposición y los activistas de la sociedad civil están en pie de guerra, calificando este hecho como un ejemplo más del uso que hacen los dirigentes ucranianos de la guerra jurídica para intimidar a sus oponentes y silenciar a sus críticos acusándolos de corrupción o de colaboración con Rusia”, añade Politico sobre el lawfare o abuso de la justicia con motivos políticos del que acusan al Gobierno ucraniano.

El artículo menciona una serie de casos en los que hay escasas dudas de que el Estado ha cometido abuso de poder. Eso sí, el medio lo hace de forma completamente descontextualizada y olvidando que esa forma de actuación no solo fue similar en la anterior legislatura, durante los tiempos de Poroshenko, sino que ha sido utilizada fundamentalmente contra opositores de la nueva Ucrania nacida en Maidan.

Sobre Poroshenko, el artículo indica que “fue sancionado y procesado por cargos de corrupción este año, una medida que podría impedirle presentarse a futuras elecciones”, pero evita mencionar que el expresidente fue inicialmente acusado en un caso por la compraventa de carbón a la RPD, causa por la que estuvo imputado, pero en libertad, mientras que el opositor Viktor Medvedchuk, cuyo partido prorruso encabezaba las encuestas de intención de voto, fue encarcelado, posteriormente mantenido bajo arresto domiciliario y finalmente enviado a Rusia como prisionero de guerra. Zelensky retiró por decreto las actas obtenidas en las urnas por los diputados del partido de Medvedchuk, una forma rápida y democrática de deshacerse de la oposición prorrusa. En paralelo, Zelensky prohibió a todo tipo de partidos políticos, los escasos que aún quedaban por ilegalizar después de que fueran vetados todos los partidos comunistas y la escasa izquierda organizada existente en el país. Nada de eso ha sido percibido a lo largo de los once años desde la victoria de Maidan como el lado oscuro del Gobierno, sino que ha sido ignorado hasta que ha llegado a afectar a personas con apoyo importante en Occidente.