Las negociaciones de paz no han comenzado todavía -únicamente se han realizado tomas de contacto en las que se ha hablado más de cómo retomar el diálogo que sobre el contenido de los temas que habrá que tratar-, pero el aspecto económico de los siguientes pasos ya se ha convertido en una de las cuestiones de mayor relevancia. La guerra es, a la vez, miseria para el pueblo y beneficios para quienes manejan, más aún si es desde fuera, los hilos que hacen posible la batalla y quienes se posicionan para ejecutar los lucrativos contratos de reconstrucción. Desde 2022, el Gobierno de Zelensky ha realizado amplios esfuerzos para utilizar la guerra como catalizador de una transformación completa de la economía y el tejido social del país y ejecutar así la fase final de la privatización completa, la puesta en manos de las fuerzas del mercado de incluso los aspectos más básicos para la vida de la población y la eliminación de cualquier resquicio del sector público y protección social heredada del demonizado periodo socialista.
En este tiempo, Zelensky ha visto la presencia del gran capital extranjero, especialmente el estadounidense, como una garantía de integración de Ucrania en la esfera política occidental, lo que llevaría necesariamente a la adhesión a las estructuras políticas y de seguridad europeas y atlánticas. La suma de ambos impulsos ha dado como resultado las diferentes conferencias de reconstrucción que se han producido -y siguen planificándose para el futuro, este año en Italia- desde el encuentro inicial en Londres en 2022, del que desprendió una hoja de ruta de cooperación público-privada, es decir, de inversión pública y beneficios privados, en la que tenían especial peso nombres como Blackrock, Goldman & Sachs o Bechtel, esta última un peso pesado de la ingeniería civil y que ya se posicionaba para lucrarse de las reformas de Ucrania a precios desorbitados incluso antes de la invasión rusa. En este planteamiento no ha importado el aumento de deuda que iba a conllevar, ni tampoco dejar la economía del país en manos de fondos buitre o grandes multinacionales sin ningún interés por el bienestar de la población. Todo estaba justificado por la agenda de reformas y por la necesidad de obtener un escudo económico que impidiera que Ucrania fuera abandonada por Occidente en el momento en el que enviar a la juventud ucraniana a morir por la guerra proxy contra Rusia dejara de ser de interés de Estados Unidos, el Reino Unido o la Unión Europea.
Ahora que podría estar aproximándose ese momento, al menos a ojos de Estados Unidos, el componente económico de la guerra vuelve a los principales titulares, que han olvidado momentáneamente la situación en el frente -posiblemente porque no es especialmente favorable a Ucrania- para centrarse en cómo va a gestionarse la siguiente fase. En esta cuestión, las posturas se alinean con la posición de cada una de las partes en relación con sus intenciones políticas y militares y pueden dividirse en tres campos: la negociación Estados Unidos-Ucrania, la negociación Estados Unidos-Rusia y la postura de los países de la Unión Europea y el Reino Unido.
Tanto Londres como la Unión Europea y gran parte de sus Estados miembros, a excepción de Hungría y Eslovaquia, se han posicionado de forma activa y muy agresiva contra el plan de negociación de Donald Trump y siguen abogando por la paz por medio de la fuerza, la asistencia a Ucrania mientras sea necesario y una negociación cuando Ucrania se encuentre en posición de fuerza. La postura europea, que implica la continuación de la guerra y, por consiguiente, del flujo de financiación a Ucrania, pasa por dar a Donald Trump lo que pide, una mayor implicación de la UE en la financiación. No se trata solo de aumentar el gasto militar, sino de continuar sosteniendo al Estado ucraniano, mantenido artificialmente gracias a la financiación extranjera.
“Lanzaremos un gran paquete que nunca antes se había visto en esta dimensión. Al igual que con el euro o la crisis del coronavirus, ahora existe un paquete financiero para la seguridad en Europa. Eso llegará en un futuro próximo”, afirmó la semana pasada la aún ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, que no precisó el valor pero sí dio a entender que se anunciaría después de las elecciones alemanas para no condicionar el proceso electoral. “No ha habido ningún anuncio público oficial sobre el importe de la financiación. Sin embargo, Berliner Zeitung cita a la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, quien insinuó en una entrevista con Bloomberg en la Conferencia de Seguridad de Múnich que el paquete podría rondar los 700.000 millones de euros”, añade Ukrainska Pravda aportando una cifra fuera de toda realidad en lo que es realmente una muestra de desesperación ucraniana.
Un paquete europeo de esas dimensiones, difícilmente viable, solo podría ser considerado en el caso de poder contar con los activos públicos y privados rusos incautados por las autoridades europeas con el primer paquete de sanciones impuesto tras la invasión rusa y que Rusia siempre ha considerado un expolio, un robo susceptible de un largo proceso de litigación en caso de que se considerara definitivo. “La Unión Europea busca formas para incautarse de parte de los 280.000 millones de dólares rusos congelados”, escribía el sábado Bloomberg, que explicaba que se están “explorando vías más agresivas para hacerse con los fondos del Banco Central congelados ahora que el bloque busca la forma de garantizar apoyo financiero y militar para Ucrania entre indicios de que Estados Unidos podría reducir su asistencia”. La idea no es nueva y ha sido uno de los motivos de discordia entre los países miembros. Polonia, interesada en continuar luchando contra Rusia, ha encabezado esta corriente y ha exigido a su actual rival, Alemania, que modifique su posición de rechazar esta posibilidad. En una acalorada discusión en la que el canciller Scholz perdió incluso las formas, Berlín recordó las consecuencias que tendría esa incautación para el sistema financiero europeo y el mensaje que esta actuación enviaría a otras grandes potencias, fundamentalmente China, sobre la seguridad de sus fondos en el sistema europeo.
Por motivos evidentes, los fondos incautados por los países occidentales también son un factor importante para la Federación Rusa, que en 2022 dio por perdidos esos activos y que a lo largo de aquel año se jactó de haber recuperado las pérdidas gracias al aumento de los precios de las materias primas que siguió exportando a pesar de las sanciones occidentales que pretendían impedir ese comercio. La situación actual es muy diferente a la de hace tres años y Moscú es consciente de que será más factible llegar a un acuerdo con la administración Trump, cuyo interés en la guerra de Ucrania es ahora exclusivamente económico, que con Bruselas. Para facilitar el diálogo, Rusia ha dejado de insistir en concesiones territoriales -la postura de máximos de Moscú era exigir en su integridad las cuatro regiones ucranianas en las que controla territorio-, ha moderado su retórica con respecto a Estados Unidos y no duda en alabar a Donald Trump.
Según Reuters, Rusia estaría dispuesta a dar un paso más y “conceder los 300.000 millones de dólares en activos congelados como parte de la resolución de la guerra”. “Aunque las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos se encuentran en una fase muy temprana, una idea que se baraja en Moscú es que Rusia podría proponer utilizar una gran parte de las reservas congeladas para reconstruir Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz, según tres fuentes conocedoras del asunto”, afirma el artículo. La contrapartida que exigiría la Federación Rusa sería que una parte de esos fondos fueran utilizados para la reconstrucción de los territorios que vayan a quedar bajo control ruso, fundamentalmente Donbass, donde la destrucción es más grave.
Al margen de la viabilidad de la propuesta, especialmente teniendo en cuenta la intención de los países europeos de utilizar esos fondos para la guerra y no para la paz, tanto el momento en el que se filtra la propuesta como sus términos son importantes. “Moscú considera que este dinero se ha perdido, mientras que gastarlo en restaurar Ucrania sería su forma de pedir perdón a las personas que el Kremlin considera parientes étnicos, evitando al mismo tiempo que se gaste en rearmar Ucrania”, explicaba el viernes el periodista opositor ruso Leonid Ragozin, que calificaba la idea como una forma de disculparse ante la población ucraniana, a la que Moscú sigue considerando parte de un mismo pueblo, y que compara con el gesto de Willy Brandt “arrodillándose en Varsovia (pero no en Moscú, Minsk o Kiev)”. Para Ragozin, Rusia no debería obtener esos fondos alegando que Moscú no puede aspirar a ellos si ya no considera que esos territorios son parte de Ucrania, un argumento al que fácilmente puede darse la vuelta: si las instituciones europeas siguen considerando Donbass, Jersón, Zaporozhie y Crimea parte de Ucrania, podrían aspirar a su parte de los fondos de reconstrucción.
Esta supuesta oferta rusa se produce en un momento en el que el principal aliado de Ucrania, Estados Unidos, no solo amenaza con reducir su participación económica en la guerra, sino que espera una compensación que supera con creces lo invertido estos tres años. En esta disputa entre Kiev y Washington, Ucrania ha alegado que Estados Unidos ha contribuido con 90.000 millones de dólares, cifra que el Pentágono eleva hasta 183.000, muy lejos de los 350.000 en los que Donald Trump sigue insistiendo falsamente. “Quiero que nos den algo por todo el dinero que hemos puesto”, afirmó el presidente de Estados Unidos ante la conferencia ultraconservadora CPAC en su discurso en el que anunció que el acuerdo está cerca. “Les vamos a pedir tierras raras y petróleo, todo lo que podamos conseguir”, continuó sin miedo a mostrar indicios del expolio al que aspira. “Creo que estamos muy cerca del acuerdo”, sentenció para advertir que “más vale que estemos cerca del acuerdo”.
También Mijailo Podolyak ha afirmado a los medios que el acuerdo se firmará en breve. “No me parece una tragedia que se esté discutiendo el contrato, que se haya discutido bastante a fondo a diferentes niveles, que se hayan creado equipos de trabajo, etc.”, afirmó. Sus palabras contrastan con las pronunciadas por el presidente ucraniano ayer por la tarde, cuando afirmó que Ucrania no reconoce “500.000 millones de deuda con Estados Unidos”. “No reconozco tampoco 100.000 millones. Acordamos con Biden que era una subvención. Las subvenciones no son deuda”, afirmó Zelensky, cuyo equipo sigue, aun así, negociando el contrato.
Eso sí, el acuerdo ha de ser a cambio de garantías de seguridad, algo que, según The New York Times sigue sin mencionarse en el borrador de tratado fechado el 21 de febrero. “El nuevo documento establece que los ingresos procedentes de los recursos de Ucrania se destinarán a un fondo en el que Estados Unidos tiene una participación financiera del 100%, y que Ucrania debe contribuir al fondo hasta que alcance los 500.000 millones de dólares, la cantidad que Trump ha exigido al país devastado por la guerra a cambio de la ayuda estadounidense”, indica el medio. En un artículo de opinión, el secretario del Tesoro Scott Bessent afirma que el acuerdo garantizaría “que los países que no contribuyeron a la defensa de la soberanía de Ucrania no puedan beneficiarse de su reconstrucción ni de estas inversiones”, una forma de ofrecer un escudo económico a Kiev, un concepto más que cuestionable teniendo en cuenta los términos y que poco tiene que ver con las garantías de seguridad que exige Zelensky, aunque parte de las mismas bases que el trabajo que inició el Gobierno ucraniano cuando apostó por los fondos buitre y el gran capital internacional para garantizarse presencia Occidental más allá de la guerra. La única diferencia es que en aquel momento no peligraba la continuación de la asistencia militar, que ahora sí se cuestiona, al menos por parte de Estados Unidos.
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