Las pistas siguen apuntando a Ucrania

Con cuentagotas, reaccionando a una versión alternativa y quizá más creíble o en momentos en los que otras noticias hacían posible que la historia no se convirtiera en un escándalo, varios medios a uno y otro lado del Atlántico han ido añadiendo detalles a lo escaso que las autoridades de los diferentes países europeos han querido dar a la ciudadanía sobre los atentados contra el Nord Stream. El 26 de septiembre, varias explosiones causadas por artefactos explosivos dejaron obsoleto el debate sobre si los gasoductos que unían directamente a Rusia con su principal cliente, Alemania, volverían a ponerse en funcionamiento. Los daños causados en tres de las cuatro tuberías existentes -no todas inauguradas, ya que Berlín rechazó poner en marcha el Nord Stream-2, de recién construcción, a causa de la invasión rusa- eran suficientes para descartar completamente incluso la reanudación del servicio a través del primer gasoducto, construido durante la presidencia de Angela Merkel, años de acercamiento entre las dos potencias continentales que tanto molestaron a Washington.

Los atentados, de los que los países europeos rápidamente culparon a Moscú, advirtiendo de consecuencias en caso de que se probara su autoría, causaron una satisfacción difícil de contener en ciertos países, especialmente Polonia y Estados Unidos, grandes beneficiados económica y políticamente de la desaparición de ese enlace directo entre la Federación Rusa y Alemania. Y aunque con menor entusiasmo, quizá para mantener las apariencias, también Ucrania consiguió lo que buscaba: impedir que el flujo de gas se reanudara, con lo que pasaba a tener una importancia estratégica aún mayor.

La desaparición del Nord Stream hacía del sistema de tránsito ucraniano el único gasoducto activo que continuaba surtiendo a varios países europeos gas ruso, una aparente contradicción teniendo en cuenta la situación de guerra activa entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, comerciar con el enemigo a pesar de situaciones de guerra ha sido históricamente la norma. Así ha sido y sigue siendo en el caso ucraniano. Incluso ahora, cuando se lucha en la zona de la región rusa de Kursk donde se encuentra el último punto de paso de la tubería de gas que atraviesa territorio ucraniano camino de la Unión Europea, los dos países están de acuerdo en que el flujo continúe. De ello dependen los ingresos de ambos países: el de la venta de gas a Hungría o Austria en el caso de Rusia y las tarifas de tránsito en el caso ucraniano. Mantener el flujo de tránsito de gas ruso a través de sus instalaciones fue, durante años, uno de los principales objetivos de las negociaciones de Kiev y sus socios franceses y alemanes con Rusia.

La noche del 26 de septiembre, nada más conocerse que las explosiones del Nord Stream no eran producto de una avería o accidente, la primera tendencia fue preguntarse cui bono, quién se beneficia, una respuesta que no necesariamente ha de considerarse equivalente a quién es el culpable de los actos. Sin embargo, fundamentalmente gracias a la aparición de una teoría alternativa que acusaba a Estados Unidos en lugar de a la Federación Rusa, desde marzo de 2023 todas las miradas han estado puestas en Ucrania. En ese sentido se dirigen también las últimas novedades publicadas ayer por varios medios alemanes y polacos, que confirmaban que, por primera vez, se había emitido una orden de arresto contra una de las tres personas sospechosas.

Hasta ahora, era conocido que los servicios de inteligencia europeos concurrían en que las explosiones se produjeron tras la colocación de explosivos en los gasoductos por un pequeño comando de personas de nacionalidad ucraniana y rusa que actuaron desde Polonia y a través de Alemania utilizando un yate deportivo, el ya célebre Andrómeda. Los hechos se produjeron de una forma llamativamente similar a las intenciones ucranianas que habían detectado los servicios de inteligencia neerlandeses, que advirtieron a sus homólogos estadounidenses, que a su vez contactaron con Ucrania para desaconsejar que se procediera a continuar con dichos planes. Meses después, los actos se produjeron y, desde entonces, tanto las autoridades europeas como las estadounidenses han tratado de buscar la forma de exculpar a Ucrania -inicialmente culpando a Rusia de haber hecho explotar su propio gasoducto, apelando así a la teoría del autobombardeo, un argumento tan habitual en esta guerra que ha sido utilizado nuevamente esta semana- o, al menos a Volodymyr Zelensky. Según este escenario que la prensa occidental había presentado hasta ahora, el presidente ucraniano habría quedado deliberadamente fuera de toda discusión sobre los planes, en los que la persona de mayor rango conocedora de las intenciones habría sido Valery Zaluzhny, entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No es una casualidad que esa información apareciera en la prensa en el momento en el que la rivalidad Zelensky-Zaluzhny comenzaba a entrar en su fase final.

Aunque los medios habían dado ya con el soldado ucraniano en activo al que se consideraba uno de los sospechosos y dieran pasos para desvelar algunos detalles de cómo se ejecutó el plan, los datos aportados por las autoridades siempre han sido escasos. Se conocía también que, tras el cierre de las investigaciones en Suecia, Dinamarca y Países Bajos, solo continuaba adelante la causa en Alemania, junto con Rusia, el principal perjudicado por los hechos. Berlín contaba además con el hándicap de no disponer de la colaboración de Polonia, país que detectó irregularidades en la presencia del Andómeda, interrogó a varias personas, pero no siguió adelante con la investigación. Pese al cambio de gobierno, o precisamente por él -Radek Sikorski, ahora ministro de Asuntos Exteriores celebró el atentado publicando un “Thank you, USA” en las redes sociales-, Varsovia no solo no actuó en el momento que debió hacerlo, sino que ha rechazado entregar a Alemania las pruebas a su disposición. A medida que las pruebas han apuntado más claramente al Estado ucraniano, la postura de Polonia se ha hecho más hostil y sus argumentos, más pobres. En su rechazo a colaborar con una investigación que había dejado de mirar a Moscú para centrarse en Kiev, Polonia argumentaba que la nacionalidad ucraniana de las personas sospechosas no debía asumir que “el cliente final” fuera Ucrania. Como contrapunto, las autoridades polacas defendían que, el hecho de que algunas de esas personas tuvieran también nacionalidad rusa hacía pensar que el cliente era, en realidad, la Federación Rusa. La nacionalidad ha de ser entendida como una prueba de culpa solo cuando se trata de Rusia, un razonamiento que Polonia no solo ha utilizado en este caso.

La falta de colaboración de Polonia es también uno de los detalles importantes desvelados por los medios esta semana. Ayer no solo se supo de la orden de detención de un hombre de nacionalidad ucraniana acusado de haber entrenado a los buceadores ucranianos y haber colaborado en la trama, sino que la orden había caducado ya. Transcurridos los 60 días desde la emisión, el periodo en el que Varsovia debía arrestar a Volodymyr Z. -un nombre que causó no pocas burlas en las redes sociales a lo largo del día de ayer-, la orden ha quedado sin valor. Según publicaron ayer varios medios, Polonia no habría introducido el nombre del sospechoso en sus sistemas, por lo que no saltó ningún tipo de alerta cuando abandonó el país. Aunque gran parte de la prensa afirma que Volodymyr Z., residente en una localidad cercana a Varsovia, ha huido a “la clandestinidad”, otra da por hecho que simplemente regresó a Ucrania ante la amenaza de ser destapado o detenido.

Los últimos detalles, que realmente no aportan muchos datos a lo escaso que los gobiernos y medios europeos han querido publicar en estos casi dos años, confirman que la única investigación en vigor sigue centrada exclusivamente en la pista del Andrómeda. La información confirma también que Polonia continúa ocultando datos y obstaculizando una investigación en la que queda claro que no quiere que la verdad salga a la luz, quizá el dato más importante para especular sobre la autoría de los atentados.