Deudas, privilegios y prioridades

“Ucrania tiene un mes para evitar la suspensión de pagos”, proclamaba con preocupación The Economist hace apenas unos días. Expirada ya la moratoria de dos años de exención de pagos, el Gobierno de Kiev estaba obligado a reestructurar su deuda con los acreedores privados para poder seguir teniendo acceso al mercado internacional de crédito, uno de los principales motores de la economía ucraniana. Como explicaba la semana pasada el economista Adam Tooze, el crecimiento económico ucraniano por encima de ciertos límites reactivaba las obligaciones de pago de deuda y el final de la exención suponía una presión significativa para las mermadas arcas del Estado, cuyo crecimiento es más que tramposo al depender de inyecciones de capital procedentes del extranjero. De forma similar a lo que está ocurriendo en Rusia, el inmenso gasto militar que implica la guerra genera un crecimiento por encima de lo normal. A raíz de ello, la Federación Rusa ha pasado a ser considerada un país de altos ingresos mientras que Ucrania ha ascendido a ingresos medios. Sin embargo, existe una diferencia fundamental: mientras Rusia está realizando esa inversión a costa de sus reservas y por medio de sus propios recursos, Ucrania se está basando en las subvenciones de sus aliados y el inmenso aumento de una deuda que, como muestran los acontecimientos, no puede pagar.

Al contrario que Moscú, que ha visto cerrado su acceso al mercado internacional y a las instituciones financieras occidentales, que dominan de forma prácticamente completa el sector, Ucrania disfruta de una posición privilegiada en su relación con los acreedores públicos y privados. En 2022, el FMI hizo una excepción con Kiev en su continuación de la emisión de créditos a pesar de la situación bélica, un trato que no han obtenido otros países en guerra, con un mucho menor acceso a la ayuda humanitaria ni concesiones económicas de las grandes potencias. En los mercados financieros y en las instituciones de crédito, Ucrania ha obtenido un trato de favor gracias a su posición geopolítica.

Así ha de entenderse también la relativa rapidez con la que Kiev ha negociado la quita de una parte de su deuda con acreedores privados. El interés en lograr un acuerdo no se limitaba al Gobierno ucraniano, sino que se extendía a sus aliados occidentales. En caso de no haber acuerdo, los créditos de gobiernos e instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial habrían sido utilizados para pagar las deudas a los acreedores privados, con lo que, en la práctica, habría supuesto una forma de subsidio de las potencias occidentales al gran capital internacional, en cuyas manos está una parte importante de la deuda.

“Ucrania buscaba un alivio de la deuda como parte de sus condiciones para continuar con los préstamos de rescate del FMI, que dijo que había aprobado el acuerdo del lunes junto con el respaldo de Estados Unidos, el Reino Unido y otros aliados que están financiando el esfuerzo de guerra de Kiev”, escribía ayer The Financial Times. Ucrania obtuvo el acuerdo la semana pasada en una reunión con tenedores de bonos y otros acreedores, en cuyo comunicado afirmaron que “como inversores a largo plazo en Ucrania, nos complace poder proporcionar a este país un alivio significativo de su deuda, contribuir a sus esfuerzos por recuperar el acceso a los mercados internacionales de capitales y apoyar la futura reconstrucción del país en beneficio del pueblo ucraniano”. Todos los aspectos son clave, aunque quizá el último sea el más representativo. La quita de deuda de esta parte reestructurada de la deuda es del 37%, muy lejos del 60% que Ucrania exigía, pero también del 20% que inicialmente ofrecían los acreedores. Las condiciones favorables ponen en un lugar privilegiado a los acreedores, entre ellos el gran capital de la ingeniería civil y la construcción, ante el momento en el que Kiev inicie la reconstrucción del país, que desea realizar dejando en manos privadas las responsabilidades públicas  y, con ello, también los beneficios.

Es relevante también el comunicado de anuncio de la reestructuración de la deuda, en el que se destaca por encima del resto a Estados Unidos y el Reino Unido, los dos países más interesados en la guerra desde el punto de vista geopolítico. Al contrario que otras potencias regionales como Alemania, ni Washington ni Londres están sufriendo grandes efectos secundarios a causa de la guerra ni han tenido que renunciar a una base importante de su economía (como sí ha hecho Berlín con la energía barata que obtenía de Rusia) y tienen perspectivas de conseguir objetivos que consideran estratégicos. Mientras Estados Unidos busca romper un posible eje Berlín-Moscú-Beijing, posible hace unos años e imposible ahora mismo, y debilitar a un aliado privilegiado de su único rival real, China, el Reino Unido pretende obtener una mejor posición en el mar Negro, región considerada estratégica. De ahí el especial interés de esos países en mantener a flote al Estado ucraniano, para lo que es imprescindible que Kiev pueda seguir optando a la financiación del FMI y reduciendo artificialmente su deuda para no convertirse en un agujero sin fondo que siempre precisa de más financiación. Ucrania se aprovecha así de su posición geopolítica y su relación con las grandes potencias que dominan el ámbito financiero y buscan mantener la hegemonía occidental también en el aspecto político.

Pero no es solo la posición política la que favorece actualmente a Ucrania, que se aprovecha también del otro aspecto que hace al país geopolíticamente relevante: la geografía. La capacidad de cerrar el grifo del tránsito del gas o el petróleo ruso ha sido una herramienta que Kiev ha utilizado en el pasado y que llegó a causar una guerra del gas con Rusia. Durante años, Ucrania luchó por mantenerse como país privilegiado en el tránsito de gas y petróleo ruso hacia su principal cliente, Alemania. Los ingresos derivados de ese paso suponían una parte relevante para el presupuesto del Estado, algo que pudo observarse en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Formato Normandía en diciembre de 2019. Pese a que resolver la situación en Donbass podría parecer el aspecto más importante, los esfuerzos del Gobierno de Zelensky se destinaron a lograr una prórroga en el contrato de tránsito de gas a través de Ucrania, protegiéndose así de lo que entonces parecía la certeza de la puesta en funcionamiento del Nord Stream-2. Actualmente, y a pesar de la guerra, el sistema ucraniano es el único por el que aún transita gas ruso hacia la Unión Europea.

El corte de las otras vías de tránsito, especialmente en el caso del gas con el Nord Stream completamente paralizado, da a Ucrania una posición estratégica aún más importante que hace una década. Sin embargo, por el momento, Kiev no quiere aprovechar esa posición para obtener más beneficio económico, sino para castigar a su enemigo. Así ocurre, por ejemplo, con la instrucción de sanciones contra Lukoil. “El mes pasado, Kiev impuso sanciones que bloqueaban el tránsito por el oleoducto del crudo vendido por Lukoil, la mayor petrolera privada de Moscú, a Europa Central, anulando en parte una exención de las sanciones establecida por la Unión Europea para dar a los países dependientes de Rusia más tiempo para desabastecerse”, escribe esta semana Político. Por su cuenta y con la intención de minar a su enemigo, Kiev ha impuesto sanciones que van más allá de las de Bruselas, consciente -Kiev no puede no saber quién recibe ese petróleo- de que los daños no solo se producen en forma de menores ingresos para una compañía rusa, sino, sobre todo, en un daño económico importante para dos de los países del bloque político al que Ucrania quiere acceder por la vía rápida: Hungría y Eslovaquia. Casualmente, se trata de dos países cuyos gobiernos se han mostrado partidarios de la negociación y de no extender la guerra ni la financiación ilimitada a Kiev de forma eterna. Ahora, ambos se encuentran en la tesitura de tener que negociar con Ucrania el tránsito de una mercancía que ni siquiera se encuentra sancionada por la Unión Europea precisamente para evitar que las medidas coercitivas contra Moscú dañen más a los aliados que al enemigo.

Sin embargo, la posición de Ucrania no está libre de riesgos. Pese al incondicional apoyo que, sin duda, recibirá de sus socios más importantes, la situación energética que atraviesa el país, con gran parte de su red de producción eléctrica destruida y convertido en importador de energía -cuando aspiraba a ser un exportador importante precisamente a los países de la Unión Europea cercanos a sus fronteras-, hace peligrosa la paralización del tránsito de petróleo precisamente a ciertos vecinos. “Budapest considera hostil la decisión de Kiev de interrumpir el tránsito de petróleo, sobre todo teniendo en cuenta que Ucrania importa electricidad de Hungría”, declaró el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Szijjártó.

“Eslovaquia no va a ser rehén de las relaciones ucraniano-rusas, y la decisión del presidente ucraniano  significa que la refinería de petróleo eslovaca Slovnaft, que forma parte del grupo húngaro MOL, recibirá un 40% menos de petróleo del que necesita para su procesamiento”, afirmó el primer ministro Fico, que ya ha regresado a sus funciones tras sobrevivir a un intento de asesinato. Fico recordó también que la situación puede no afectar únicamente a Hungría y Eslovaquia, sino también a Ucrania, ya que el  petróleo refinado por Slovnaft supone casi el 10% del consumo de Ucrania.

La impunidad y el apoyo incondicional de las grandes potencias hace a Kiev sentirse capaz de tomar medidas unilaterales que buscan dañar a Moscú, pero que tienen la capacidad de perjudicar también a países de la Unión Europea e incluso a sus propios ciudadanos, principales afectados por cualquier empeoramiento de la situación energética, una preocupación que parece ser secundaria para su Gobierno.