El 17 de julio, utilizando drones navales de superficie aparentemente experimentales, Ucrania atacó por segunda vez desde el inicio de la intervención militar rusa el puente de Kerch que une Crimea con la Rusia continental. Inaugurado en 2018 como la obra estrella de las autoridades rusas desde la recuperación de Crimea, la obra fue realizada exclusivamente por Rusia ante la necesidad evidente de aumentar la conexión del estrecho de Kerch y minimizar así los efectos del bloqueo ucraniano. Hasta ese momento, un lento y escasamente eficiente sistema de ferris comunicaba las dos orillas, un sistema insuficiente teniendo en cuenta la obligación adquirida por las autoridades rusas de suministrar a la península de todos los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la vida diaria. El bloqueo del paso del agua y los varios intentos de forzar un apagón para toda la población de Crimea hicieron aún más urgente la construcción de comunicaciones estables sobre las que pudiera consolidarse la modernización que la península requería tras varias décadas de abandono de facto. El plan de construcción del puente se sustentó, además, sobre planes anteriores según los cuales el proyecto debía ser una labor conjunta de Rusia y Ucrania con la que se beneficiarían ambos países.
El golpe de Maidan y el derrocamiento de Yanukovich, a los que Moscú reaccionó rápidamente poniendo en marcha la operación que, con gran apoyo popular de la población local, daría lugar a la adhesión de Crimea a Rusia, supusieron el final de esa opción y Rusia actuó en solitario y contra los deseos de Ucrania, que denunció la construcción del puente y abogó siempre por su destrucción. El único verso suelto en ese sentido fue el ministro de Infraestructuras Omelyan, que durante su mandato se destacó por todo tipo de alocados planes como la instalación del Hyperloop que planeaba -y posteriormente desechó- Elon Musk. Omelyan, nacionalista ucraniano de vieja escuela y ardiente defensor de su irredentismo, alegó que el puente sería de utilidad cuando Ucrania recuperara los territorios de Kuban, que una parte del nacionalismo ucraniano más reaccionario reclama para Ucrania. Poco antes de la invasión rusa, Dmitro Kuleba mostraba a Antony Blinken un mapa de esa gran Ucrania ampliada con territorios rusos que preside su despacho.
Con el inicio de la guerra rusoucraniana, la amenaza de destrucción del puente adquirió un nuevo matiz y oficiales ucranianos y lobistas extranjeros no tardaron en defender lo adecuado de esos ataques y la necesidad de entregar a Ucrania armamento con el que realizarlo. Zaluzhny prometió destruir el puente tan pronto como obtuviera los medios para hacerlo mientras que fanáticos de la guerra contra Rusia –desde mucho antes del 24 de febrero de 2022– como Phillip Breedlove se referían al puente como un objetivo no solo legítimo sino necesario.
En el caso del ataque del 17 de julio, Ucrania no perdió el tiempo y tan solo cuatro días después filtró a la cadena estadounidense CNN la reivindicación del SBU, el servicio de seguridad ucraniano, cuyo papel en la guerra se remonta a 2014. Fue el SBU quien llevó la batuta de la operación antiterrorista iniciada por el Gobierno de Arseniy Yatseniuk en abril de 2014. Durante años, el protagonismo del SBU, como parte del Ministerio del Interior dirigido por Arsen Avakov, fue clave en el desarrollo de la guerra en Donbass, en la que los batallones nacionalistas como el regimiento Azov, incorporado a las tropas del Ministerio del Interior como batallón policial, ganaron una presencia que explotan ahora como veteranos de la guerra en Donbass. De ahí que, pese al protagonismo que ha adquirido en el último año la inteligencia militar, GRU, de Kirilo Budanov, que también ha incluido entre sus tropas a grupos vinculados a Azov y otros como Bratstvo, también de extrema derecha, no debe extrañar la actuación del SBU en atentados en la retaguardia y actos de alto perfil como los ataques a las infraestructuras de Crimea.
La división del trabajo en la tarea de destrucción y asesinato ha sido uno de los muchos aspectos no explorados por la prensa y el análisis de esta guerra. Con el tiempo y con ayuda de las reivindicaciones semioficiales y los detalles aportados por los propios autores de ciertos ataques, ha podido comprobarse el protagonismo del GRU en acciones como las redadas transfronterizas en provincias rusas como Briansk o Belgorod o en los ataques con drones en territorios más alejados de la frontera. Uno de esos ataques, según The Times probablemente realizado por operativos de Bratstvo bajo las órdenes de Kirilo Budanov, se produjo sobre el Kremlin. En aquel momento, Mijailo Podolyak adjudicó el éxito del ataque a partisanos ucranianos, aunque en el mismo tuit calificaba la explosión como una falsa bandera organizada por las autoridades rusas. Los ataques con drones, muchos de ellos neutralizados por las defensas aéreas rusas, se han convertido en habituales en los últimos meses.
Además de las redadas en territorio ruso y los ataques con drones, una parte integral del esfuerzo de los servicios de seguridad de Ucrania ha sido el de los asesinatos selectivos en la retaguardia. Fiscales de Lugansk, blogueros militares, funcionarios u oficiales de las administraciones locales o regionales han sido víctimas de ataques selectivos que Ucrania siempre ha achacado a las luchas internas en los territorios bajo control ruso. Sin embargo, en el último año, esta alegación se ha utilizado combinándola con la reivindicación de actos partisanos, en realidad actuaciones profesionales del SBU en forma de asesinatos selectivos que, por supuesto, nunca han recibido condena.
La línea entre la lucha habitual de la guerra, los crímenes de guerra y el terrorismo desaparece en casos en los que se ataca un objetivo abiertamente declarado como legítimo en tiempos de guerra y se utilizan medios abiertamente terroristas. En el caso de Crimea y los ataques al puente de Kerch, se han dado todos esos elementos. Es más, según la definición de terrorismo de la Unión Europea, es constitutivo de delito de terrorismo también la “perturbación o interrupción del suministro de agua”, algo que Ucrania realizó con el objetivo de desestabilizar la economía de la península e intimidar a la población durante siete largos años sin que se mediara una guerra y sin que se produjera ninguna condena internacional.
En el último año ha podido comprobarse que ningún acto ucraniano iba a recibir una condena por parte de sus socios. En realidad, no hay novedad en ello, ya que tampoco se produjo reacción adversa pública alguna ante el impago de pensiones en Donbass, el bloqueo bancario al que Ucrania ha sometido a la zona desde 2014 o el flagrante incumplimiento de los acuerdos de paz. La invasión rusa ha dado a Ucrania aún más manga ancha para actuar a su antojo. No ha habido condenas ni grandes reproches por el uso de grupos abiertamente neonazis equipados con blindados donados por Occidente para las redadas transfronterizas, como tampoco se han condenado los asesinatos cometidos por medios terroristas en Rusia o en los territorios bajo control ruso. De ahí que Ucrania no tema tampoco admitir haber realizado el ataque del 8 de octubre que causó graves daños en la vía ferroviaria del puente de Kerch y que causó víctimas civiles, entre ellas el trabajador que portaba los explosivos con los que se produjo explosión.
Hace unas semanas, en una primera confirmación de lo que siempre fue evidente, Hanna Maliar, viceminsitra de Defensa de Ucrania publicaba una enumeración de éxitos obtenidos en el primer año de guerra contra Rusia, entre los que incluía el ataque al puente de Kerch. En aquel momento, Oleksiy Danilov, que ha animado a la población rusa a abandonar Crimea por el puente “mientras aún exista”, respondió manteniendo la cínica ambigüedad utilizada por Kiev en el momento del ataque y utilizó nuevamente el habitual recurso del puente cansado.
La reivindicación de los hechos por parte del director del SBU Vasyl Malyuk no añade ninguna información novedosa ni relevante más allá de la confirmación de la completa ausencia de temor por parte de Ucrania a admitir un acto cometido por medios abiertamente terroristas. No va a haber condena ni crítica a nivel internacional por el ataque a unas infraestructuras en las que la única línea roja parece ser el uso de armamento occidental. Es lo que se desprende de la explicación de Maluyk de los métodos con los que el SBU -que ya no depende del Ministerio del Interior sino del presidente- ha atacado el puente de Kerch. En el caso más reciente, el director del SBU afirma haber utilizado drones experimentales propios por los que se han interesado sus socios occidentales que, según esta versión, no habrían colaborado en la preparación del ataque. Aunque Estados Unidos y sus socios consideran Crimea territorio ucraniano y han dado luz verde a Ucrania para atacar la península, no quieren ser vistos como cómplices de esos ataques, fundamentalmente para evitar que Rusia pueda considerarlos un ataque directo de uno de los países de la OTAN.
El director del SBU se ha jactado, como ha recogido la prensa ucraniana y no se ha molestado en publicar la occidental, de que fueron sus subordinados quienes realizaron el ataque contra el puente de Kerch el 8 de octubre de 2022. Realizado por medio de un camión bomba conducido por un hombre, Majir Yusubov, una persona completamente inocente que no era consciente de que estaba siendo utilizado por los servicios secretos de Ucrania para cometer un atentado en el que su muerte era la principal certeza. El ataque asesinó a cinco civiles y causó graves daños en las vías del tren, utilizadas para el suministro civil y militar de Crimea.
El SBU preparó los explosivos, 21 toneladas según lo afirmado por Malyuk, escondidos en gruesos paquetes cubiertos de film, método elegido para evitar que fuera detectado por los sistemas de seguridad del puente. “Atravesamos siete círculos del infierno y utilizamos a tantos rusos que siempre estuvieron en la oscuridad”, se jactó Makyuk al describir el uso del camión bomba utilizando a personas que nunca supieron que iban a participar en el ataque. “Utilizar civiles para transportar bombas y hacerlos explotar es un crimen de guerra”, comentaba la activista Almut Rochowanski, que añadía que “es ominosamente similar a hacer que un inconsciente pasajero introduzca una bomba en un avión, algo que llamaríamos terrorismo”.
Sin miedo a que pueda producirse una condena internacional por el uso del método terrorista del camión bomba, Ucrania se jacta ahora de su éxito como ya lo hiciera hace casi un año, cuando colocó un panel con el puente ardiendo como escenario para que la población de Kiev se tomara selfis de celebración. Por naturaleza, la guerra tiende a deshumanizar al oponente. En algunos casos, la deshumanización es una herramienta de guerra.
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